Cerro Matoso, prueba minera

Colombia

La negociación del contrato de Cerro Matoso representa un gran debate sectorial. Sobre el Gobierno pesa una enorme responsabilidad de cara al contrato y al desarrollo del país.

22 de Agosto de 2012.- El proceso de negociación de la prórroga del contrato de explotación de ferroníquel por parte de la empresa Cerro Matoso ha dado lugar a un gran debate político.

No obstante el significativo peso económico que esta actividad tiene tanto en el sector minero como en el PIB, se presentan serios cuestionamientos alrededor de la legalidad del contrato y de algunas de las acciones que ha realizado la empresa en los campos social, ambiental y de desarrollo del territorio.

El debate ha puesto de presente el hecho de que las dimensiones con las que hoy el país concibe lo que debe ser el desarrollo minero son mucho más amplias de las que, décadas atrás, se consideraban. Además, ahora interviene un grupo más numeroso y variado de actores interesados en el mismo.

Esto hace que del acuerdo que eventualmente se establezca con Cerro Matoso o de las nuevas condiciones que el Gobierno defina para continuar con la explotación de níquel en la región de Montelíbano, departamento de Córdoba, se espere mucho más de lo que en el pasado se pactó. De esto tienen que ser conscientes las partes.

En las discusiones que se han tenido alrededor del tema han surgido diversos planteamientos respecto a lo que debe hacerse con la explotación del mineral. Estos van, desde la renovación del contrato con mejoras en una serie de asuntos, hasta la nacionalización y la explotación de la mina por parte del Estado. Dichos planteamientos constituyen una clara evidencia de las aspiraciones y la importancia que el tema representa y es un llamado de atención al Gobierno de que es urgente avanzar en una agenda minera que, entre otras cosas, establezca unas reglas de juego claras y precisas.

El sector minero constituye una de las principales locomotoras del desarrollo del país y el Gobierno está en el deber de velar para que la actividad minera le produzca beneficios netos a la sociedad colombiana y que no se convierta, como algunos la han calificado, en una maldición.

Para que la minería le aporte al desarrollo del país y sirva de medio de transformación de las zonas rurales es fundamental que el Estado establezca una normatividad y unas instituciones que propendan y aseguren un desarrollo minero responsable y sostenible que, al tiempo que beneficie a las comunidades locales, haga un manejo adecuado del medio ambiente.

La creación de la Agencia Nacional Minera y el proyecto de Ley del Código Minero constituyen avances en esta dirección.

La definición de unas reglas de juego claras, transparentes y visibles favorecen que la inversión extranjera, que es necesaria para el desarrollo del sector, continúe y acreciente su vinculación a la minería, al tiempo que asegure que ésta transite por una senda de crecimiento virtuosa y de alto beneficio para el país.

La solución que finalmente se le encuentre al tema de Cerro Matoso debe darse sobre una clara base de legalidad, evitando así que se generen dudas y suspicacias, al tiempo que corrija las inequidades y los perjuicios que hoy se perciben.

Sobre el Gobierno recae una gran responsabilidad en la decisión final que se adopte y las condiciones y los compromisos que ella implique. Sin embargo, es fundamental que otras entidades del Estado, como la Procuraduría y la Contraloría, brinden todo su apoyo y acompañamiento al Gobierno, de tal forma que la ciudadanía se sienta segura de que en la decisión final prevalezca el interés público.

OPINIÓN
CON CERRO MATOSO NO DEBE OPERAR LA PRÓRROGA AUTOMÁTICA
Por
Amilkar Acosta Medina
Experto en temas Minero-Energéticos

Con Cerro Matoso no debe operar la prórroga automática, como lo pretende la empresa, amparada en un contrato de dudosa factura, máxime cuando el contrato original, el suscrito hace 30 años, fue tremendamente lesivo y desventajoso para el país.

Además, gracias a la coyuntura actual de mercado y de precios de los productos básicos, como el níquel, el país tiene una mayor y mejor capacidad de negociación.

Lo ideal sería que, dado que este es un contrato que no ofrece las mejores garantías para el país, que pudiera abrirse la posibilidad de que, sin perjuicio de los actuales operadores, que también pueden participar, se dé cabida a otros oferentes. Y más cuando está en discusión la validez o no del contrato.

Entiendo que el Ministro de Minas no quiera dar pie a una eventual demanda que pueda traducirse en un detrimento patrimonial para la Nación y que no quiera correr ese riesgo, pero creo que este puede obviarse, y el Ministro quedar blindado con una consulta al Consejo de Estado.

Es muy poco el beneficio que ha recibido el país en estos 30 años, hasta el punto que la empresa aparece como invisible ante la sociedad y sólo ahora que pugna por la renovación del contrato con grandes avisos en los medios, muchos colombianos saben de su existencia.

Elcolombiano.com
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