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Colombia

Es momento de rectificar el propósito de la llamada locomotora minera, pero a la luz del concepto de prosperidad para todos. El cambio de dirección en la Agencia Nacional de Minería, tras la sorpresiva renuncia de Beatriz Uribe y la discusión de un nuevo Código Minero, son oportunidades de oro, literalmente, para ello.

16 de Agosto de 2012.- Con el inicio del mandato del presidente Santos, el tema de la minería hizo catarsis. Y en tiempos recientes voces autorizadas se han sumado a la discusión. No estamos ya frente a unos furibundos ecologistas que se oponen al desarrollo; el debate ha pasado a ser un tema que tiene que ver “con la otra mitad del medio ambiente”, esto es, con la población y el territorio. No es un tema sectorial, porque la minería tiene sin duda el potencial de jalonar una transformación del país, pero dicha transformación podría ser para bien o para muy mal. Con la minería, y en especial la gran minería, la sociedad colombiana enfrenta no solamente la necesidad de gestionar unos impactos ambientales y unos beneficios sociales, sino varios dilemas más.

El ministro de Agricultura ha señalado que la minería y la agricultura no siempre van bien juntas y que el país no está frente a una decisión en la que todos ganen. Lo mismo ha señalado el gremio cafetero. Connotados economistas, como José Antonio Ocampo, han señalado que el beneficio de la minería a través del crecimiento económico requiere ajustar las cuentas del costo social y ambiental. Guillermo Rudas argumenta que las empresas mineras y el Estado deben ser transparentes con las cuentas nacionales y el desarrollo local. Abundan los ejemplos de minería legal en donde esto no está sucediendo. Hay serios cuestionamientos de evasión de obligaciones de Cerro Matoso, que primero deberían aclararse antes de seguir adelante. Y así.

El respetado académico Albert Berry ha sentenciado que “con su historia de conflicto, de violencia y de falta de justicia en las áreas rurales, y con el grado de conflicto entre el uso de la tierra para la minería y para la agricultura familiar, Colombia es uno los lugares menos propicios del mundo para esta actividad”. Falta que el ministro del Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible diga cómo se ve la minería frente a la información que ya tiene el Ideam sobre el cambio climático y la vulnerabilidad de algunas de las zonas mineras estratégicas, y que ha defendido como una medida de protección ambiental. Seriedad ante todo.

No se trata entonces simplemente de ponerle el adjetivo de sostenible a la minería, que resultaría ser otro “chiste malo”, como dice la politóloga Luisa Fernanda Trujillo. El debate, que debe llevar a una nueva normatividad y a una revisión de la política, apenas comienza.

En ese sentido, el nombramiento en la Agencia Nacional Minera de la experta en evaluación social de proyectos María Constanza García es una esperanza para que las políticas transiten por fin armónicamente de los escritorios a los territorios. La minería tiene sin duda futuro en nuestro país, pero que no sea uno de agitación social y política generalizada. Los impactos ambientales y sociales que produce la minería ya han sido probados y nadie puede cuestionarlos. Los beneficios sociales, en cambio, siguen apareciendo apenas como hipótesis macroeconómicas. El Gobierno tiene en sus manos la responsabilidad de poner a andar, con prudencia, la locomotora minera para beneficio de todos y no de unos pocos.

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