La minería en el Ecuador, ¿futuro incierto?

Ecuador

Se hablaba y se habla de una “minería responsable”, sujeta a principios de responsabilidad y remediación ambiental, alta tecnología, e incluso sustentabilidad.

08 de Agosto de 2012.- En 2008, con la aprobación del Mandato Minero (No. 6) por parte de la Asamblea Constituyente de Montecristi, se auguraba un nuevo futuro para el Ecuador, en el tema minero, con la reversión de todas las concesiones existentes en el país, y la mora de la actividad minera hasta la creación de una ley acorde a la Nueva Constitución.

Con la aprobación de la Ley Minera (2009) y de su reglamento general definitivo (2011), desde el discurso oficial se promocionaba una nueva era en la extracción de recursos minerales, con una legislación coherente a los derechos de la naturaleza y al agua, a la soberanía nacional y en general, a la nueva concepción amplia de derechos que contempla la Constitución de Montecristi. Se hablaba y se habla de una “minería responsable”, sujeta a principios de responsabilidad y remediación ambiental, alta tecnología, e incluso sustentabilidad.

Sin embargo, dentro del optimismo oficial por la nueva legislación minera, se peca de cierta ingenuidad o ignorancia, consciente o no es otro problema, ya que se conoce que la actividad minera nunca ha sido responsable, ni mucho menos sustentable; igualmente, a nivel mundial las transnacionales mineras, jamás han efectuado una verdadera remediación ambiental, y se cree, por parte del gobierno, que con una ley de carácter sancionador, se podrá controlar a la gran maquinaria transnacional minera, que en la historia ha irrespetado las legislaciones, de todo tipo, alrededor del mundo.

También, se ha obviado desde el gobierno, la afectación natural, social y cultural de la extracción minera, ya que como una “maldición de la abundancia”, en términos de Alberto Acosta, los yacimientos mineros se encuentran cercanos, e incluso, dentro de zonas de protección ambiental y de nacimiento de fuentes hídricas, como el proyecto Quimsacocha; o en la influencia de territorios ancestrales y de abundante biodiversidad como los proyectos: Fruta del Norte ubicado en la Cordillera del Cóndor, en el cantón Yantzaza, y el proyecto Mirador, cercano al poblado Tundaymi, cantón El Pangui.

La Constitución del 2008, reconoce la consulta pre-legislativa o consulta popular, como mecanismo de consulta, al pueblo ecuatoriano, por varias motivaciones, entre ellas por la afectación directa de zonas de protección ambiental o de territorialidad ancestral, empero, se ha impedido la ejecución de la misma, por falta de reglamentación debida, misma que no ha sido tramitada con celeridad, en la Asamblea Nacional; lo que ha creado una conflictividad con parte del movimiento indígena y de la oposición, que claramente, tienen pretensiones político-electorales, antes que ambientales, sin embargo, la preocupación ambiental por parte de algunos sectores es verdadera y legítima.

Entonces, la polémica por la minería en el Ecuador, ha tornado, mayoritariamente, política, antes que ambiental, ya que desde la temática minera, varios sectores políticos han realizado plataforma electoral, antes que un llamado a la conciencia del verdadero impacto ambiental, social y político de la actividad extractivista; debido a que más allá del impacto ambiental que se provocaría, la minería conlleva altos índices de conflictividad social, pobreza, deterioro de la calidad de vida, prostitución, delincuencia, etc. Aspectos que nadie ha considerado en sus análisis políticos o ambientales.

De similar manera, se debe incluir en la discusión, la finalidad real de los recursos que se obtuvieren de la actividad minera, antes que condenar la minería por condenarla, se debe condenar el círculo vicioso que genera el extractivismo “per se”; las ganancias generadas desde esta actividad deberían estar destinadas para fortalecer una empresa nacional minera, acelerar la diversificación de la matriz productiva del país, es decir, procesos que permitan superar el extractivismo dependiente; en Ecuador el optimismo y el discurso del progreso ha acompañado a todos los procesos primarios de producción y desarrollo, previamente, fue el petróleo, ahora la minería.

Finalmente, en estos días se ha anunciado un paquete de reformas, por parte del Ministerio de Recursos no Renovables, a la tan aclamada Ley de Minería, debido a la petición de Kinross-Aurelian, una de las potenciales transnacionales mineras en el país, de modificar la legislación en lo referido a los porcentajes de las regalías, ganancias y la aplicación de impuestos a ingresos extraordinarios de las mineras, caso contrario, la minera ha expuesto que su inversión sería inviable y no se firmaría el contrato de explotación.

A uno sólo le queda la duda, hasta dónde alcanza el discurso de la soberanía y de la “minería responsable”, si desde el principio vacilamos en lo propuesto; por lo tanto podemos afirmar que es un futuro incierto, el de la minería en el Ecuador.

La Razón
Portal Minero