Petróleo y minería, la "futura" riqueza de Mendoza que necesita control

Argentina

Con la recuperación de YPF hay una especie de "euforia petrolera". Y los dirigentes de Mendoza aseguran que el futuro económico de Mendoza está en las actividades extractivas. Allí surgen las preguntas sobre quién y cómo se controla, cuánto dejan esas actividades y cómo recuperar la confianza del Estado.

14 de Mayo de 2012.- Son los recursos naturales. Aunque se hable públicamente de nuevas formas de generar riqueza y demás, gran parte de la dirigencia mendocina está convencida de que la matriz productiva de la provincia estará basada en el mediano plazo en la explotación de los recursos naturales no renovables: el petróleo y la minería.

En realidad sería una profundización del modelo de la provincia, pues un cuarto del PBG está basado en actividades extractivas. Con eufemismos o con sinceridad, por ahora más en privado que en público, quienes toman las decisiones aseguran que el futuro de la provincia está en el "potencial energético" de Mendoza. La discusión posterior es cómo administrar esos recursos para generar riqueza y, sobre todo, como controlar. En el camino aún hay ecuaciones que no terminan de cerrar: ¿Qué costos sociales y ambientales son “aceptables” para impulsar una actividad? ¿Cuán preparado está el Estado para controlar, teniendo en cuenta los antecedentes negativos que hay? ¿Puede el Estado mendocino ser socio y a la vez autoridad de control?

Petróleo: no todo lo que es oro negro, brilla

Hay una curiosa euforia petrolera. La forma en la que se construyó el discurso para enfocar el control estatal sobre la petrolera YPF generó un sentido de "causa nacional" que ganó la agenda pública rápidamente. De manera inmediata aparece en el horizonte la promesa de un boom petrolero, que en realidad tiene como telón de fondo una severa crisis energética.

Pero no todo lo que es oro negro brilla. En Mendoza así como el petróleo es la principal fuente de riqueza, también es una de las actividades que mayores impactos ambientales produce, sobre todo en el subsuelo. Incluso los pasivos ambientales no declarados y los problemas generados fueron parte de los argumentos usados para quitarle áreas petroleras a YPF y también para expropiar la empresa a Repsol y para bajarle el precio. La pregunta que surgió del debate parece obvia: por qué no se controló antes y qué elementos hay para volver a confiar.

En ese contexto, aparecen novedades, como la posibilidad de la extracción de petróleo y gas no convencionales, marcados como "la gran esperanza" energética de la provincia y el país. Se trata de un proceso nuevo para el país, donde casi literalmente se le saca petróleo a las piedras. Además de requerir una enorme inversión de dinero, también requiere más gasto de otro tipo de recursos: para perforar la piedra se usan enormes cantidades de agua y también químicos. En Mendoza se ha comenzado a trabajar sobre el tema pero no hay gran desarrollo.

La ya famosa formación "Vaca Muerta" abarca el sur de la provincia y, según explican, las mayores posibilidades de explotar yacimientos no convencionales están cerca de la cordillera, lejos de las instalaciones logísticas. Algunos allegados al sector petrolero ponen reparos ante la explotación de "shale oil y gas" por "los problemas ambientales que traen".

El secretario de Ambiente Marcos Zandomeni asegura que Mendoza está preparada para controlar ese tipo de emprendimientos. "Los controles que se tienen que hacer no tiene grandes cambios. Es la misma técnica que ya se hace en Mendoza para algunos yacimientos viejos. Mendoza está preparada", aseguró Zandomeni.

Actualmente la Secretaría de Ambiente tiene 6 inspectores en el Sur provincial y 5 en el norte de la provincia para controlar la actividad petrolera. Para intentar llevar confianza, Zandomeni asegura que el Gobierno intimó a YPF cuando ya estaba bajo control estatal por los pasivos ambientales no declarados y por los cuales hay causas penales en contra de la empresa.

El otro gran actor en los controles es el Departamento General de Irrigación. En los últimos años hubo críticas hacia el DGI por la falta de control sobre la actividad petrolera. Ahora prometen mejorar. Irrigación y Ambiente acordaron controles conjuntos y estandarizaron las exigencias para mejorar las auditorías.

Minería, el deseo negado

El Gobierno está en medio de presiones de todo tipo respecto a la promoción de la actividad minera. Internamente y desde el Gobierno Nacional presionan al gobernador Francisco Pérez para que blanquee el impulso a la minería. Pero la falta de "licencia social" (tal como él llama a la resistencia de la actividad), lo impulsa a hacer lo contrario públicamente.

Mientras tanto, se lleva adelante en la provincia el proyecto minero más grande del país; Potasio Río Colorado. El emprendimiento, a cargo de la brasileña Vale, concentra (además de una inversión sin precedentes para la provincia) gran parte de las dudas sobre la actividad: para su producción consumirá una gigantesca cantidad de combustible, concretamente de gas. Se trata de un costo no cuantificable económicamente. Para ello, tiene un acuerdo firmado con la ahora YPF nacional para explotar gas no convencional. También dejará en la provincia menos del 3% de regalías y sólo el 1% de su facturación como parte del fondo socio ambiental.

El otro proyecto sobre el cual se habla como posible puerta de entrada de la política minera nacional es Sierra Pintada. El interés nacional sobre la reapertura de la mina no es novedad. Pero aseguran que esperarán alguna señal de la justicia respecto a la ley 7722 y también sobre el seguimiento particular que se le hace a ese caso. En ese sentido, en poco tiempo podría retomarse el proceso de lixiviación en esa mina, a pesar de la prohibición. Es que para sanear los pasivos ambientales, desde la CNEA necesitar poner en funcionamiento la mina y usar algunos de los químicos prohibidos por la ley. La justicia los autorizó a hacerlo sólo para sanear los pasivos, pero no para producir uranio. Fuera de eso, no hay nada autorizado en Sierra Pintada, pues es la justicia quien “manda”.

Internamente en el Gobierno no niegan el impulso a la minería. Pero son metódicos. Hace varios meses el ministro Rolando Baldasso dijo que irían paso a paso. Primero apuntaba, según decía, a reforzar los controles como señal hacia la sociedad. Y así fue que presentó el relanzamiento de la policía minera. El siguiente paso es ordenar y promocionar la minería de minerales de segunda y tercera categoría. Y más adelante dar el debate sobre los metalíferos.

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