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Chile

En los últimos doce meses no ha entrado ninguno a trámite ambiental. No obstante, han sido reemplazados por desarrollos de ERNC, los que pese a lograr 

17 de Mayo de 2012.- La enésima amenaza de estrechez eléctrica se cierne sobre el país. Esta vez, enfocada en la segunda mitad de la década y, específicamente, en la zona central, que sufre una escasez de nuevos proyectos eléctricos. 

A la situación de judicialización que enfrentan iniciativas que suman 5.772 MW -la mitad de toda la capacidad instalada del Sistema Interconectado Central (SIC)- se suma la falta de nuevas iniciativas para el mediano plazo, con pocos ingresos a tramitación ambiental.

De acuerdo con cifras del Servicio de Evaluación Ambiental, son apenas dos las iniciativas de generación convencional -y pertenecientes a los actuales actores del parque generador- que están en trámite actualmente para acceder a la resolución de calificación ambiental (RCA): Neltume (hidroeléctrica, 490 MW) y Punta Alcalde (carbón, 740 MW), ambos de Endesa.

Y sobre ambas ya se anunció oposición y batalla judicial en tribunales.

La posta, al menos a nivel de solicitud de permisos ambientales, la han tomado distintas iniciativas de energía renovable no convencional (ERNC), que suman 44 procesos y cerca de US$13.000 millones en inversión.

El problema es que estos no se construyen. Según un reporte del Centro de Energías Renovables (CER) de Corfo, actualmente existen proyectos aprobados que suman 3.481 MW, pero sólo 336 MW están en construcción. No es difícil adivinar, por lo tanto, qué ocurrirá cuando se aprueben los proyectos en proceso de calificación, que suman 3.075 MW.

Para el caso de las energías renovables, el principal problema es la falta de acceso a financiamiento, pues los bancos exigen a los desarrolladores contar con contratos de venta de energía a largo plazo, algo imposible -o al menos, muy difícil- de cumplir para las empresas del sector.

¿Qué pasó?
Los proyectos en tramitación ambiental del sector energético convencional han caído y actualmente sólo suman dos: Neltume (490 MW) y Punta Alcalde (740 MW), ambos de Endesa. 

¿Por qué pasó? 
Los elevados costo de desarrollo han frenado las iniciativas, como parte de la creciente judicialización y campaña en contra de la construcción de estas centrales. 

¿Qué opciones hay?
Los proyectos de ERNC tomaron la posta, pero estos no parten obras.

¿QUÉ OCURRE? 

En el sector eléctrico plantean que las grandes iniciativas de generación ya fueron aprobadas. Entre ellas, Hidroaysén y Castilla, y que el problema no es la falta de proyectos nuevos, sino la judicialización de éstos, considerando lo que ocurre con Hidroaysén, Río Cuervo, Castilla y otros.

“Resulta fundamental buscar mecanismos que permitan agilizar los procesos de evaluación y posterior construcción de nueva infraestructura. Que no entren en conflicto normativas nacionales con locales, que los procedimientos de evaluación sean técnicos y no políticos, que se encuentren los mecanismos para lograr una activa participación ciudadana, etc.” plantea al respecto la consultora Systep.

“No se trata de relajar normas, nuestro país decidió ser muy exigente con, por ejemplo, la generación térmica, con estrictos límites de emisión. Pero sí que los procesos de evaluación de esas exigencias otorguen, de ser positivas las evaluaciones, las certezas jurídicas de no ser impugnadas posteriormente”, agrega la consultora.

De esta manera, existe un desincentivo de las empresas generadoras eléctricas a desarrollar nuevas iniciativas, pues el costo de desarrollo, de las campañas informativas y de defender su concreción ante la justicia es muy elevado.

Prueba de esto es el hecho de que, por ejemplo, en el caso de Colbún, luego de la construcción de las centrales Angostura, San Pedro y la carbonera Santa María, no se ven nuevos proyectos en carpeta, salvo Hidroaysén, que vive su propio via crucis.

Una situación similar vive Endesa y AES Gener, que tras Alto Maipo y la termoelectrica Los Robles (en desarrollo) y las unidades 5 de Guacolda y Ventanas (en construcción) no tiene nuevas centrales en carpeta en el SIC.

En el Ejecutivo plantean que no es viable establecer un blindaje a las RCA, pues esto vulnera el derecho que tiene cualquier persona de poder recurrir a los tribunales en caso de que se sienta vulnerado en sus garantías. Se espera que esto comience a cambiar una vez que partan los tribunales ambientales. Esto dependerá, no obstante, de la jurisprudencia que establezcan la Corte de Apelaciones y la Suprema, si es que validan, o no, el fallo de un tribunal mucho más especializado en temas ambientales. Es la batalla que viene.

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