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Chile

Al proceso que hay detrás de todo proyecto de inversión, en el último tiempo se ha sumado un nuevo factor a considerar por las empresas. Vital para algunas iniciativas: disputas legales, bloqueos de obras y manifestaciones. Si antes era necesario un estudio de impacto ambiental aprobado, hoy la situación es radicalmente opuesta.

02 de Mayo de 2012.- Proyectos de energía que duplican sus plazos de ejecución por demandas de ambientalistas. Iniciativas mineras que deben frenarse por recursos de terceros que acusan verse perjudicados con las obras. Suma y sigue.

Al proceso que hay detrás de todo proyecto de inversión (que considera el estudio de la iniciativa misma, sus costos y los recursos para concretarla), en el último tiempo se ha sumado un nuevo factor a considerar por las empresas. Vital para algunas iniciativas: disputas legales, bloqueos de obras y manifestaciones. 

Si antes era necesario sólo un estudio de impacto ambiental (EIA) aprobado, hoy la situación es radicalmente opuesta. 

Hoy por hoy existen en el país más de US$16 mil millones en proyectos -en ejecución, trámite ambiental y estudio- que deben enfrentar grupos contrarios a su desarrollo. Ambientalistas, organizaciones civiles y pueblos originarios han levantado la voz. Y muchas veces con una fuerza tal que le han doblado la mano a grandes compañías. Y, por lo pronto, han logrado retrasos importantes que han hecho a grandes holdings replantearse los millonarios proyectos que tenían en carpeta.

El último caso se dio este martes. La Corte Suprema ratificó el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que dejó sin efecto una resolución de la Comisión Regional del Medio Ambiente de Atacama que autorizó el proyecto Minero El Morro, iniciativa que tiene una inversión estimada superior a los US$3.900 millones.

Goldcorp, que posee un 70% del yacimiento ubicado en la Cordillera de Los Andes, informó que suspendió inmediatamente todas las tareas en campo para la construcción del proyecto. La compañía había recurrido al máximo tribunal del país luego de que, a pedido de una comunidad agrícola e indígena, la Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazara el permiso medioambiental, originalmente entregado en marzo del año 2011.    

Esta paralización se suma a la que ha debido enfrentar la termoeléctrica Castilla de MPX Energía, del millonario brasileño Eike Batista, que está a la espera de que la Corte Suprema remita un fallo que definirá si puede seguir adelante con un proyecto de 2.100 MW, a un costo superior a los US$5.000 millones.  

HidroAysén, de propiedad de Endesa y Colbún, evalúa incorporar nuevas opciones al trazado de tendido eléctrico que ha presentado. Todo para evitar fuertes conflictos con comunidades indígenas. Éstos ya se han organizado y ya acordaron que sin importar la ruta de la línea de transmisión, se opondrán a toda torre eléctrica que se quiera instalar en su territorio.

Este proyecto considera la construcción de cinco centrales en los ríos Baker y Pascua, con una capacidad de 2.750 MW. La inversión estimada es de US$3.200 millones. A esto hay que sumar otros US$4 mil millones para la línea de transmisión de 1.912 kilómetros que unirá Santiago y Cochrane.

En menor escala, el proyecto Parque Eólico Chiloé, en la comuna de Ancud a un costo de US$235 millones, también ha debido enfrentar la oposición de las comunidades. La Corte Suprema paralizó su construcción y ordenó que la compañía (ligada a la familia Izquierdo Menéndez) presente un Estudio de Impacto Ambiental.

¿CERTEZA JURÍDICA?
A nivel empresarial, la judicialización de los proyectos está tomando cada vez mayor relevancia. Pero el tema lleva años en la agenda. Incluso, Michelle Bachelet nombró a Carlos Mladinic como el encargado de eliminar los lomos de toro para la inversión privada.

Pero hoy hay temas más complejos. Y ciudadanos dispuestos a llegar hasta las últimas en pos de exigir sus derechos.

La propia ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, fue clara: no es posible negar a las personas el derecho de recurrir a la justicia si se siente perjudicados por un proyecto de inversión.

El ministro de Economía, Pablo Longueira, ha tocado otro punto. Y más cercano a los objetivos del gobierno: la paralización de proyectos pone en riesgo la capacidad que tiene Chile de mantener una taza de crecimiento de 6%.

“Se está dando una extrema judicialización. En general, el resultado neto de todo esto es que los proyectos hoy están tomando el doble de tiempo que hace años en poder materializarse, y eso no necesariamente se traduce en un desarrollo más sustentable (...). La judicialización tiene que ver con impugnaciones que a veces levantan terceras personas que muchas veces no tienen que ver con el tema ambiental”, ha dicho el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Andrés Concha.

“Si los inversionistas ven que los proyectos se atrasan y eso tiene un costo, porque no es gratis retrasar un proyecto que se demoraría dos años y al final se demora seis años, se destruye la opción de hacer proyectos rentables”, dijo el presidente de Colbún, Bernardo Matte, en la junta de accionistas de la compañía la semana pasada.

Una alta fuente vinculada a El Morro explica: “Todos los permisos ambientales se obtuvieron de acuerdo a la reglamentación y legalidad vigente al momento de la tramitación del proyecto.  Ello tomó desde el año 2008 al año 2011. Los inversionistas debieron suponer, con justa razón, que habiendo pasado  o superado con éxito ese largo proceso (4 años) podían comenzar sus trabajos”.

Pero se equivocaron. ¿Qué hay detrás? “Falta de certeza jurídica y eso, definitivamente, no es bueno ni para la minería, ni para la energía, otro sector que está sufriendo fenómenos similares, ni para el desarrollo del país”, explica un alto directivo de la minería.


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