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Chile

La iniciativa contó con el apoyo de todas las autoridades que intervinieron en la votación.

09 de Mayo de 2012.- La Comisión de Evaluación Ambiental, presidida por la intendenta regional Pilar Cuevas, aprobó de forma unánime el Estudio de Impacto Ambiental para el Proyecto hidroeléctrico Río Cuervo, con 12 votos a favor y cero en contra, tras dos horas de sesión, en la que intervinieron tanto personas a favor como contrarios al mega proyecto.

La cita comenzó a las 8:35 en las dependencias del SEA ubicadas en calle Ogana de Coyhaique y el primero en intervenir fue el senador de la zona Antonio Horvath, quien entre otros aspectos, expuso que “este es un proyecto que está siendo evaluado por partes, y eso no corresponde, este es un proyecto que sabemos que es una herencia de Alumysa, que intentaba dar energía para una planta de aluminio, la cual no prosperó por la ubicación de la misma”.

En la oportunidad tomó la palabra la alcaldesa de Puerto Aysén, Marisol Martínez, quien en su intervención expresó “el compromiso era que esta votación no se iba a llevar a cabo hasta que no hubiera un pronunciamiento ciudadano a través de un plebiscito, y si estamos trabajando en una mesa los compromisos deben cumplirse”.
La reunión continuó con la intervención de pobladores que están a favor del proyecto, además de otros que expusieron diversos argumentos contrarios al mismo, para dar paso a diversos análisis por parte de expertos del SEA, tras lo cual se procedió a la votación por parte de quienes componían la comisión de evaluación ambiental.

La comisión de Evaluación ambiental fue presidida por la intendenta Pilar Cuevas, y en ella intervinieron además como secretario el Director Regional del Sea, Rodolfo Rivero, además de los seremis Paola Bauerle de Medio Ambiente, Mónica Saldías de Energía, Raul Rudolphi de Agricultura, Alejandro Escobar de Transportes, María Victoria Moya de Minería, Geoconda Navarrete de Desarrollo Social, Pablo Mardones de Salud.

Pedro Sade, funcionario del Minvu, votó en reemplazo del Seremi Orlando Baesler, quien se inhabilitó luego de pronunciarse en algunas columnas de prensa a favor del proyecto evaluado, las que realizó previo a su actual cargo. 

No ocurrió lo mismo con Quemel Sade, hermano del antes mencionado participante de la votación y quien, pese a que públicamente se manifestó a favor del proyecto, intervino en la votación en su cargo de Seremi de Obras Públicas.

Exigencias a la empresa

El proyecto se aprobó de forma unánime por parte de quienes debían votar la luz verde a la iniciativa. Destacó el voto a favor de la Intendente Pilar Cuevas, antes de emitir su voto, leyó detalladamente su intervención solicitando a la empresa la rebaja de los costos de electricidad: “Se le exige al titular de Energía Austral que haga un aporte de un 21% equivalente a la tarifa actual de los residentes de la región de Aysén, que corresponde al consumo de los residentes que tienen el consumo de 2 mega. Este aporte de energía es equivalente a 60 GW/H anual para la región de Aysén, y deberá ser entregado a la empresa distribuidora”.

Por su parte, la Seremi de Medio Ambiente, exigió a la empresa una auditoría ambiental independiente, cuyos términos de referencia deben encontrarse vigentes y aprobados antes de 12 meses del inicio del proyecto, y aprobados por la comisión de evaluación.

La Seremi de Salud también realizó exigencias tales como una embarcación que asegure los tiempos de traslado para que se cumplan los protocolos de salud, para un infartado o enfermedades distintas a las que se atienden en un policlínico.

Otras medidas compensatorias pedidas a la empresa son la creación de un camino que conduzca de forma exclusiva a la Reserva Privada Yulton, medida adoptada por la empresa de forma de compensar los posibles impactos, la cual no podrá ser utilizada para las faenas de la empresa Energía Austral.

Cabe recordar que la iniciativa de generación eléctrica contempla la construcción de una central con una capacidad instalada y estimada de 640 megawatts, y una inversión estimada en 645 millones de dólares.

La votación se materializó tras orden de no innovar mantuviera suspendido el proceso desde el 10 de enero pasado, debido a los acontecimientos suscitados en la zona por el conflicto social levantado en la región, medida que fue revocada el pasado 17 de abril, tras lo cual y en el día 176 de los 180 que tenían las autoridades para pronunciarse sobre el proyecto. 

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