La informalidad contra el mercado y el ambiente

Perú

El Estado debe persistir en la formalización de la actividad minera

11 de Mayo de 2012.- Miles de mineros informales pusieron en jaque al Estado durante tres días bloqueando carreteras vitales, demandando la derogatoria de las normas que penalizan la actividad minera ilegal. En el sur (Arequipa e Ica) y en el norte (La Libertad) la situación fue grave, y la protesta se extendió a más regiones. El levantamiento de los productores informales/ilegales que se resisten al proceso de formalización iniciado hace poco es un desafío abierto a la autoridad del Estado y a la sociedad, cuyo interés de contar con un mercado legal con productores legales es de primer orden.

Los información indica que en el país operan casi medio millón de mineros informales, alrededor del 3% de la Población Económicamente Activa (PEA) que, según los datos más conservadores, extraen minerales principalmente oro por un monto superior a los US$ 2,500 millones, teniendo en cuenta que el precio de la onza de oro en 1992 era de US$ 334 y que actualmente supera los US$ 1,750. La República, por ejemplo, denunció a José Luis Castro Huamán, barón de la minera informal en Puno, quien en los últimos años compró maquinaria por encima de los US$ 800 mil.

Esta actividad ilegal es incompatible con el mercado, por el nivel de evasión de impuestos y daño ambiental que provoca, contaminando los ríos y, obviamente, el agua para el consumo humano y el riego. En respuesta a ello, el gobierno dictó entre febrero y marzo cinco decretos legislativos. Uno de ellos indica que las actividades no podrán realizarse si no cuentan primero con la autorización del Ministerio de Energía y Minas (MEM), de lo contrario serán consideradas ilegales y sometidas a acciones de interdicción; otro incorpora al Código Penal los delitos de minería ilegal y establece penas de cárcel para los infractores; y otro dispone que para que un comercializador compre los minerales a ese sector tiene que exigir el permiso de operaciones.

La primera ola de protestas obligó al gobierno a dictar el 006-2012-MEM para la formalización de la actividad minera en Madre de Dios, que diferencia la minería “informal” de la “ilegal. La segunda ola se debía, supuestamente, a que las normas no señalan si la actividad ilegal podía continuar en forma paralela a la formalización; los mineros informales aducían que nadie les compra el oro o que les pagan un precio muy bajo por él. El gobierno volvió a ceder y emitió esta semana el DS N° 012-2012-MEM por el cual los mineros informales podrán continuar con sus actividades de comercialización de oro durante los próximos 24 meses en tanto dure el proceso de formalización. El decreto supremo autoriza a la empresa estatal Activos Mineros a comprar el mineral que expendan los pequeños productores mineros y mineros informales.

Para los mineros informales/ilegales en pie de lucha y con las carreteras tomadas, esto no fue suficiente y ahora avanzan hacia otro objetivo, la derogatoria de los cinco decretos legislativos. Finalmente, este fue el propósito de fondo de las protestas de esta semana y no el perfeccionamiento del proceso de erradicación de la informalidad. Es un momento crucial donde, por un lado, los decretos legislativos requieren de normas complementarias para reducir el costo de la formalización y, por el otro, se desbordan las demandas de los productores al margen de la ley para continuar con sus prácticas tributarias evasoras y dañosas para el ambiente. El gobierno está obligado a perfeccionar pero no a desandar el camino.

La República
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