Drummond, la oveja negra

Colombia

Bien por la decisión de la Ministra de Ambiente, Luz Helena Sarmiento, de suspender las operaciones de cargue de la Drummond por incumplir la ley que la obligaba desde el 1° de enero a hacerlo en forma directa.

Lunes 13 de Enero de 2014.- Otro lunar negro que la compañía suma a su ya largo historial de actuaciones, no precisamente un modelo de buenas prácticas empresariales y ambientales, que le han significado un récord en materia de multas y sanciones (vienen más).

Siete años tuvo la Drummond para ponerse al día. Desde 2007, cuando el Ministerio de Transporte expidió el Decreto 3083, que reglamenta el sistema de cargue directo, quedó notificada de que debía implementar uno más seguro que el de las barcazas para evitar la dispersión de partículas contaminantes. Sin embargo, acostumbrados a las ventajas otorgadas por gobiernos laxos y complacientes, y a la debilidad de las instituciones ambientales, sus ejecutivos dedicaron más esfuerzos a hacer lobby para intentar cambiar la norma, que a poner en marcha las obras de adecuación del puerto para poderla cumplir. No fue la huelga del año pasado la causa del atraso que impidió ajustarse a la ley.

El tatequieto a la minera le significará al Estado dejar de recibir en marzo más de $352.000 millones por concepto de impuestos, regalías y pagos a la ANI, pero la ley es la ley y la compañía la violó, mientras otras empresas carboneras operan sus puertos con sistemas seguros. El Gobierno no permitirá despedir trabajadores, cancelar contratos o congelar salarios. La Drummond no puede seguir haciendo lo que le da la gana.

El Gobierno, por fin, se mostró firme con la compañía —la oveja negra del paseo—, que se ha movido siempre en los límites. Una revisión de su historial de 25 años, que más parece un prontuario, muestra constantes quejas de las comunidades por contaminación de las fuentes de agua, deterioro de la fauna y la flora, enfermedades respiratorias, protestas y huelgas de trabajadores, demandas penales por supuestos nexos con paramilitares y complicidad en crímenes de sindicalistas, violación de protocolos ambientales e irregularidades en el pago de impuestos y en la liquidación de las regalías.

Que sirva el caso para abrir un debate de fondo sobre la minería, los requisitos para su desarrollo y con cuáles empresas —no todas se comportan como la Drummond—. Pues aunque el sector representa un alto porcentaje de las exportaciones, de la inversión extranjera y del PIB, no es un gran generador de empleo, las regalías que paga están entre las más bajas de la región y son tantas las exenciones, que la tributación efectiva termina siendo muy baja en relación con las ganancias.

No se trata de condenar la minería, sino de definir, con visión estratégica y de largo plazo, dónde y en qué condiciones se permiten la exploración y eventual explotación de petróleo, carbón y otros minerales, y dónde están vedadas esas actividades; de exigir estándares internacionales para reducir al máximo el daño ambiental, transparencia en la contabilidad y rendición de cuentas e inversión social; de fortalecer las instituciones ambientales y los mecanismos de fiscalización y control.

En fin, la minería en función de todos los colombianos y no de las multinacionales que vienen, construyen desiertos y se van. Los recursos son nuestros y no son renovables, y serán las generaciones futuras las que paguen los platos rotos si la locomotora minera no tiene rieles ni norte, y si el Gobierno permite que sean las multinacionales las que pongan las condiciones para maximizar las ganancias y hasta establecer, como hizo la Drummond, la forma en que harán la reversión de los bienes al Estado terminados los contratos. Minería sí, pero responsable y no sólo por el impacto económico. Y sobre todo no con cualquier socio.

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