Acusan a un expresidente de Comibol de falsificar contrato

Bolivia

Viernes 03 de Enero de 2014.- Édgar Pinto, expresidente ejecutivo de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol); Wilfredo Jordán Flores y Samuel Guerrero Jordán, abogados de esa instancia pública, son los principales sospechoso de haber falsificado el contrato Comibol-Illapa, que causó la pérdida de 20,9 millones de dólares al Estado, según la denuncia presentada a la Fiscalía.

El 24 de octubre de 2013, la comisión, constituida para investigar este caso, estableció que fueron modificadas 22 cláusulas del contrato aprobado por el directorio de Comibol, lo que causó una pérdida millonaria al país.

Por esta razón, José Pimentel, exministro de Minería, y Pedro Ticona, jefe del Directorio de Comibol, presentaron una denuncia a la Fiscalía y pidieron la investigación e imputación de las tres personas señaladas.

Según la primera información presentada por ERBOL, la principal modificación del contrato de explotación de las minas Porco y Bolívar fue la fecha de validez, acordada entre Comibol y Sinchi Wayra (subsidiaria de la transnacional Glencore). El documento aprobado por el Directorio de la estatal señala como fecha efectiva de aplicación del contrato el 1 de octubre de 2011, el cual fue modificado, sin consulta, por 1 de octubre de 2012.

El memorial de denuncia señala que la fecha efectiva de aplicación fue acordada en 2011, durante la gestión de José Pimentel, entonces ministro de Minería. "En el transcurso (de las negociaciones) se establece la dilación de la empresa Sinchi Wayra; ante la amenaza de rompimiento de las negociaciones se acuerda el pago de una compensación por el periodo de negociación (cinco millones de dólares) y la vigencia del nuevo contrato a partir de la nueva gestión fiscal minera: 1 de octubre de 2011”, añade.

"En diciembre de ese año (2011), Sinchi Wayra acepta la participación de Comibol en un 44% de las utilidades de los contratos de Asociación de las minas Bolívar, Porco (…), autorizándose la elaboración del contrato”.

De acuerdo con la denuncia, el Directorio de Comibol autorizó el 16 de abril de 2013 al presidente de la estatal minera, Édgar Pinto, a firmar el contrato de 38 cláusulas con la Sociedad Minera Illapa SA para la explotación de las minas Bolívar y Porco. El 26 de abril de 2013 se suscribió el contrato que, a diferencia del aprobado, tiene 37 cláusulas.

"Es de aclarar que desde la autorización hasta la suscripción del contrato no hubo ninguna comunicación al Directorio de la Comibol sobre si se estuviera realizando alguna modificación”, subraya la denuncia que comenzó a ser investigada por el Ministerio Público.

Pinto sostuvo el 18 de noviembre que el cambio de año en el contrato de asociación entre la Comibol e Illapa (Sinchi Wayra) no causó ninguna pérdida al Estado y mucho menos por 20 millones de dólares.

"En ningún momento se ha dejado de lado que el Estado pierda ese monto ($us 20 millones) que señalan ustedes (periodistas); más al contrario, se ha visto siempre el interés por fortalecer las empresas del Estado, como es la Corporación Minera de Bolivia (…), las pérdidas de dinero no hay”, apuntó el exfuncionario.

Transparencia conoció el caso Illapa en octubre

La viceministra de Transparencia, Jessica Saravia, señaló el 13 de diciembre de 2013 que su despacho recibió la denuncia sobre el cambio de fecha en el contrato minero Comibol-Illapa-Sinchi Wayra, que ocasionó un supuesto daño económico al Estado de 20 millones de dólares, a finales de octubre.

"Nosotros sí tenemos una denuncia que ha sido remitida al ministerio respecto de un cambio de fechas que hubiera habido en el contrato suscrito entre Comibol, Sinchi Wayra, y la empresa Illapa. A la fecha estamos procesando la información porque esto recién ha sido puesto en conocimiento nuestro a finales de octubre”, informó a ERBOL.

De acuerdo con los documentos a los que accedió este medio de comunicación, el primer contrato, firmado en 2012 después de la nacionalización de Colquiri, incluye como "fecha efectiva” de inicio del convenio el 1 de octubre de 2011. El mismo contrato, pero aprobado por la Asamblea Legislativa en abril de 2013, registra como año de inicio el año 2012 en lugar de 2011.

El objetivo del contrato es desarrollar e implementar una operación minera para el tratamiento de las reservas y recursos mineralógicos existentes en las minas Bolívar (Antequera, Oruro) y Porco (Antonio Quijarro, Potosí), bajo la modalidad de asociación para la exploración, preparación, explotación, beneficio y comercialización de concentrados de minerales. Saravia subrayó que solicitaron la información respectiva a la Comibol y al Ministerio de Minería.

Pagina Siete