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Chile

Lunes 06 de Enero de 2014.- Un año complejo se augura para la economía chilena en 2014. Una serie de factores locales y externos se entrecruzarán para dar cuenta de un período que partirá más frío en materia de actividad y que pueden empujar el desempeño final en una u otra dirección, dependiendo de cómo se desarrollen.

En ese contexto, las principales amenazas que identifican los actores del sector privado dicen relación con tres grandes temas y sus distintas implicancias: las reformas políticas, económicas y sociales que contempla el programa de gobierno de la Presidenta electa, Michelle Bachelet, los flancos de inestabilidad que se mantienen abiertos en el escenario internacional y los altos costos de la energía que están atentando contra la competitividad del país.

A nivel de empresarios y de ejecutivos, la respuesta que más se repite es la incertidumbre existente por los alcances y la forma en que se abordarán los cambios en materia constitucional, tributaria y de educación que pretende impulsar la Nueva Mayoría, y el impacto que ello puede tener sobre la inversión y la expansión del PIB. Señalan que hay temor por aquellas modificaciones que “pueden afectar directamente el modelo de desarrollo que Chile ha utilizado en los últimos 30 años y que ha sido tremendamente exitoso”.

Al respecto, el máximo directivo de una entidad financiera explica que si Bachelet gobierna con el tipo de “equipos y parámetros de su primer período, la confianza se irá consolidando y ello impactará en los mercados. Por el contrario, si se ratifica la sensación de que esta administración tendrá que cargarse más a la izquierda con medidas más populistas, el empresariado en general disminuirá la inversión. Esperamos que domine la prudencia”. De modo similar lo expresa un socio de otra firma del sector: “La principal amenaza hoy es la agenda legislativa de la Nueva Mayoría. Hay varias propuestas que tienen a los empresarios en una situación de “sentarse a esperar, a ver qué pasa”. Y eso, en la práctica, significa que baje la velocidad de inversión”.

En el ámbito constitucional uno de los encuestados deja de manifiesto su preocupación indicando que “en primer lugar no sabemos qué pretende introducir. Al menos no ha sido clara al respecto. Estos mensajes han sido entregados por “voceros” sin que ella se matricule con nada. A estas alturas no sé si pretende introducir en la Constitución la  sindicalización obligatoria, la propiedad estatal de las minas, o la expropiación de la salud y educación privada”.

Tampoco está claro entre los entrevistados si persiste la posibilidad de que la nueva administración pudiera hacerse eco de una Asamblea Constituyente para modificar la Constitución o esa es una alternativa ya desechada. Así, mientras un empresario sostiene que “lo que es peor es que no sé hasta que punto está dispuesta (Bachelet) a crispar la convivencia nacional amenazando con Asamblea Constituyente o plebiscitos”, otro manifiesta que es una buena señal la reciente aclaración (en un artículo de prensa) “de que la reforma constitucional anunciada en el programa de gobierno se canalizará a través de los caminos institucionales previstos en la propia Constitución”.

EL CAMBIO TRIBUTARIO
Sin duda, dentro del set de reformas anunciadas, la tributaria acapara la atención del mundo empresarial y provoca incertidumbre sobre sus consecuencias. El gobierno entrante ha determinado elevar el impuesto a las compañías de 20% a 25% y cambiar de base retirada a base devengada la tributación de sus dueños, eliminando el Fondo de Utlilidades Tributarias (FUT), entre sus medidas. En ese sentido un empresario del sector real sostiene que el principal peligro es perder “el foco. Es importante mejorar la distribución del ingreso, pero no puede ser a costa de dañar la actividad económica”. El director de una empresa critica que la “reforma impositiva aún es incierta en plazos y alcances, y en lo macro apunta a bajar el ahorro y a aumentar el gasto”. Desde el sector del consumo otro empresario agrega que “creemos que las modificaciones a los impuestos y cambios al DL 600 generan un manto de preocupación, por lo que esperamos que sean temas que se resuelvan con visión de largo plazo y prolijidad”. El punto de fondo que se debe resguardar, plantea un alto ejecutivo, es “que los empresarios no pierdan los incentivos para seguir siendo el motor de la economía y que se piense que el gasto público puede sustituirlo. Tenemos que desarrollar un esquema conjunto para maximizar los beneficios del país”.

En este ámbito, algunos de los consultados apuntan su temor a ciertos aspectos específicos: “El cambio del IVA a las propiedades de la clase media, que subirá los valores en un 9%, y la eliminación del FUT para las pequeñas empresas subcontratistas”, advierte uno.

EXPECTATIVAS Y DEMANDAS
Asociado a las reformas y promesas que ha comprometido la mandataria entrante, varios de los encuestados se refieren al manejo de las expectativas y de las demandas de los movimientos sociales como algo esencial para 2014. “Hay altas expectativas sociales que se han generado con el nuevo gobierno, las que serán exigidas en el corto plazo, cuando sabemos que éstas son de mediano y largo plazo”, alerta el presidente de una institución financiera. Al respecto, otro actor del mismo sector señala que “el liderazgo de la Presidenta electa será clave en estos meses de verano para aprovechar su elevado capital político en la contención de las elevadas expectativas sobre lo que viene”. De no tenerse éxito en el proceso de contención de dichas aspiraciones, un economista advierte que “la principal amenaza es que se pueda producir una explosión de demandas sociales por parte de la población, sin darle tiempo suficiente a las nuevas autoridades para que pongan en práctica las políticas necesarias para allegar los recursos que se requieren para financiar las soluciones”.

Lo anterior también se considera que presenta riesgos para el actuar de la propia Nueva Mayoría. “Que las expectativas que se fueron alimentando en el sentido que “cambios profundos tendrían efectos rápidos”, genere una impaciencia en la coalición gobernante y no haya un real apoyo y coherencia para una mirada de largo plazo”, dice otro economista, a lo que se suma el que “las movilizaciones sociales y la presión estudiantil lleven a tomar decisiones políticas influenciadas sólo por un grupo” acota un empresario del área del consumo.

EL MUNDO
La segunda fuente de preocupación relevante para los entrevistados, de cara a este año, es el entorno externo. Junto a empresarios, ejecutivos y economistas, aquí se concentran además las respuestas de los políticos consultados. “En el ámbito internacional hay varios factores a incidir: la decisión de la Fed de iniciar el retiro de su programa de estímulos monetarios, lo que podría impactar las tasas de interés y el acceso a financiamiento; cambios en la estrategia de crecimiento de China y su eventual efecto sobre la demanda por commodities; y la falta de dinamismo en grandes países del atlántico sudamericano”, enumera un empresario. En ese contexto, el máximo ejecutivo de un grupo financiero alerta que una “combinación de precio del cobre relativamente bajo -por debajo de los US$ 3,10 utilizados por el IPoM-, con un agresivo fin de la política monetaria expansiva en EEUU, haría empinarse el déficit de cuenta corriente de Chile a cerca o sobre el 4% del PIB, lo que en condiciones de menor liquidez mundial podría ser complejo de financiar, llevando a una mayor depreciación del peso, a un aumento en la inflación y a una desaceleración de la economía”. En esa misma línea, otro actor del área explica que la conjugación “de un despegue económico en Europa más lento del esperado, un crecimiento de China menor a lo previsto y una disminución en las compras de bonos por parte de la Fed, podrían afectar las valoraciones de los commodities metálicos”, llevando el cobre bajo los US$3.

PRECIOS ELÉCTRICOS
Sobre todo para los empresarios, la otra amenaza clave que seguirá enfrentando Chile el 2014 es el escenario energético. “Urge una política de Estado realista donde nuestro país aproveche todos sus recursos energéticos, sin subsidios y sin ningún dogmatismo. Sin energía se dificulta la inversión y eso repercute en los ingresos fiscales y en la ejecución de los planes sociales que la nación requiere”, indica un importante industrial. Por su parte, desde el mundo minero se plantea que el principal riesgo es “la pérdida de competitividad derivada de altos costos energéticos e incremento de burocracia que hace que las autorizaciones de los proyectos se demoren el doble que hace 5 años, sumado a la judicialización agravada por el activismo judicial”. Los hombres de negocio enfatizan que se debe solucionar a largo plazo el problema de abastecimiento de energía a precios competitivos.

Desde el sector del consumo se previene que los altos costos energéticos y la judicialización de proyectos pueden afectar el dinamismo y crecimiento de la economía a mediano plazo. “Ello ya se nota en  la caída de la demanda por servicios de ingeniería que se ha registrado en el último tiempo, lo que anticipa menores inversiones para los próximos dos años”, señala un representante de ese rubro. Por lo mismo, un alto ejecutivo insta a “ser capaces de destrabar los cuellos de botella que existen en la materia, (…) a tener claridad respecto a las reglas del juego”. Asimismo, plantea que “a diferencia de nuestros países vecinos, hemos abandonado la hidrología, impactando la competitividad de nuestra economía. Por ello, es necesario invertir en nueva potencia con un mix de generación diversificado y con un fuerte foco en la generación hídrica”.

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