La institucionalidad minera

Colombia

Miércoles 29 de Enero de 2014.- Al inicio del 2014 la minería ya es el punto de atención que concentra a varios sectores del país. Por un lado, la sanción a una de las grandes mineras, está siendo interpretada como un golpe fuerte para la industria y, por otro, se ha puesto en duda la eficacia de la institucionalidad en esta materia. Sin embargo, como lo expone el ministro Amylkar Acosta, el primer punto solo demuestra el fortalecimiento de la institucionalidad colombiana vista como desde el punto de vista de hacer cumplir la ley. Es evidente que en los últimos años se ha presentado una reestructuración en la autoridad, que si bien no está del todo organizada, sí es clave para el fortalecimiento de una industria que está comprometida por un desarrollo integral.

Hoy contamos con un Viceministerio de Minas que antes no existía, y con una Agencia Nacional de Minería que, como autoridad minera, ha demostrado mejorar la eficiencia en materia de fiscalización, lo que a su vez supone el mejoramiento de las actividades de producción de las empresas mineras responsables y la garantía del cumplimiento de las obligaciones de los titulares mineros en general. Se observa un cambio en la cultura del minero, el empleo de tecnología que apunta a que los métodos de extracción sean mejores, y una mayor preocupación por el entorno natural. Con ello, el empresario minero ahora es más consiente del cuidado que se debe tener con los recursos a su disposición, cuando se desarrolla una actividad que genera impactos sociales, ambientales y económicos.

No obstante lo anterior, en la más reciente publicación de la Contraloría General “Minería en Colombia” se señala que hay falta de institucionalidad en materia minera. Discrepamos de tal opinión. La falta de institucionalidad no se da propiamente en materia minera, sino más bien en el área ambiental.

La publicación señala erróneamente que el otorgamiento de títulos mineros en zonas, que hoy se consideran áreas protegidas, se debe a la entrada en vigencia de la ley 685 de 2001 (Código de Minas), una premisa totalmente errada y apartada de la realidad que vive y vivió el país. Lo que hizo el Código de Minas fue crear una serie de reglas que condujeran a mejorar las prácticas de exploración, construcción y producción de la industria, que antes de su vigencia se practicaban sin el lleno de las técnicas contenidas en la normatividad.

Adicionalmente, aducir que la Ley 685 de 2001 es la  norma que permite la minería en páramos, es a todas luces una equivocación, porque, incluso hoy no tenemos una delimitación que defina donde se localizan los páramos y, segundo, antes de esta ley, ya se contaban con explotaciones donde presuntamente está prohibido. 

La debilidad institucional se da en materia ambiental, porque no se hacen los estudios y evaluaciones que ordenan las leyes, respecto de los ecosistemas sensibles. Por ello, nos aqueja una falta de seguridad jurídica para determinar la ubicación de las zonas protegidas. Estos sí son los mayores problemas que enfrenta la institucionalidad minera para cumplir su cometido, la comunidad y la industria en general para adelantar sus planes y programas. Por ello, es necesario el fortalecimiento de los diferentes entes ambientales y el avance en los estudios de orden técnico que conduzcan a una adecuada protección del ambiente, y que garantice los derechos de los ciudadanos permitiendo un desarrollo integral.

Se dice que otro punto de quiebre de la institucionalidad  se ve reflejado por la pobreza en aquellos municipios productores, de minería y petróleo. No obstante, las empresas reportan regalías y pagan los impuestos de ley, con lo cual la administración puede garantizar el bienestar de la comunidad. Lo anterior, nos lleva a pensar que el problema claramente es administrativo y no de la industria, ya que si las compañías pagan lo debido, y la distribución le corresponde al Estado, es este último el que debe garantizar la inversión social. Además, las compañías mineras están implementando los programas de responsabilidad social empresarial, con lo que la comunidad se está beneficiando directamente. Por tanto, cabe preguntarse ¿por qué no se invierte el dinero de las regalías?

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