Ecuador, dividido por la minería

Ecuador

9 de Marzo de 2012.- Con la firma de un contrato para explotar un gran yacimiento de cobre, la minería a gran escala se abre camino en Ecuador. Sin embargo, el tema aviva la confrontación social.

El pasado lunes, el Gobierno de Rafael Correa firmó un contrato con Ecuacorriente, filial de dos empresas chinas, para la explotación de la mina El Mirador, ubicada en la Amazonía sur ecuatoriana. La explotación, concedida por un periodo 25 años, podría reportar ganancias de 20 mil millones de dólares, de las cuales, el Estado ecuatoriano recibiría más de 5 mil millones.

El tema ya ha puesto en pie de lucha a organizaciones sociales, indígenas y ambientales. Ayer se celebraron diferentes marchas en contra del proyecto en particular, y de la apuesta minera del Gobierno, en general. Desde el mismo lugar del yacimiento, partió una marcha encabezada por el prefecto indígena Salvador Quishpe, con la intención de recorrer 700 kilómetros y llegar a Quito el próximo 22 de marzo. Entre tanto, en la capital se celebraron varias manifestaciones tanto a favor como en contra.

El presidente Rafael Correa calificó el movimiento como una iniciativa para desestabilizar su Gobierno democrático, e invitó a sus seguidores a que manifiesten en la calle el apoyo a sus políticas. Por su parte, Gloria Chicaiza, de la organización Acción Ecológica, señaló que las marchas y la oposición no son contra el Gobierno de Rafael Correa, sino contra un modelo de país extractivo que profundiza la pobreza y que va en contra de los derechos consagrados en la Constitución. “La gente pro-gobierno no es nuestro enemigo, sino las políticas que están acabando con las fuentes que nos sirven de sustento a todos los ecuatorianos”, agrega Chicaiza.

Peligrosa primera piedra
Los contrarios a la explotación a cielo abierto del Mirador opinan que ésta equivale al primer barril que se extrajo durante el boom petrolero de los años 70 en Ecuador. Además, les preocupa que se haya abierto la puerta para la minería a gran escala, paso que amenaza los recursos naturales renovables y la enorme biodiversidad que alberga el país.

Así mismo, denuncian que, por estar asentado en la Cordillera del Cóndor, donde existen enormes reguladores ambientales en una época en que se habla de cambio climático y escasez de agua, este yacimiento de cobre constituye un riesgo para la naturaleza y los pueblos indígenas de la zona. Además, la región forma parte del territorio de la comunidad Shuad, cuyo hábitat y modus vivendi podrían verse afectados. “Este proyecto tendrá un cráter de más de un kilómetro, con varios metros de profundidad, del que se extraerán 54 mil toneladas de tierra, de las cuales sólo 572 son concentrado de cobre. Todo lo demás serán desechos en el corazón de la Cordillera del Cóndor, que además es una zona fronteriza con Perú”, alerta Gloria Chicaiza, de Acción Ecológica.

Corresponsabilidad China
La señora Chicaiza hizo parte de un grupo de mujeres que, hace algunos días, protagonizó una toma pacífica a la embajada de China en Ecuador. Las activistas pretendían entregarle una carta al embajador, en la que solicitan que se exija a la empresa pública china abstenerse de firmar este contrato que, según ellas, viola varios derechos consagrados en la Constitución y las leyes ecuatorianas. Además, la señora Chicaiza declaró ante los micrófonos de Radio Nederland que el contrato fue firmado sin que se hubiera otorgado previamente una licencia ambiental.

Por su lado, a través del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, el Gobierno chino aclaró que “exige a sus compañías que respeten las leyes y regulaciones locales con el fin de beneficiar a la sociedad, lo que incluye cumplir estrictamente los estándares medio ambientales para proteger la ecología y contribuir al desarrollo sostenible de la economía local”.

Respuesta del Gobierno
A su vez, el Ministerio del Ambiente del Ecuador ha publicado en su página web un comunicado en el que desmiente las declaraciones de Gloria Chicaiza, y asegura que el proyecto El Mirador “obtuvo un pronunciamiento favorable por parte del Ministerio del ramo, ya que cuenta con todos los planes de manejo ambiental a fin de evitar el impacto en la comunidad y el entorno natural”. Además, el citado departamento asegura que “el proyecto fue debidamente socializado con la comunidad para conocer sus inquietudes y las sugerencias que se debían tomar en cuenta para su posterior ejecución”.

Según la información del Ministerio, se realizó un informe técnico que reflejó “que el impacto sería mínimo” y que, por ello, el pasado 24 de febrero se emitió la licencia ambiental correspondiente. “Si bien el proyecto operará en la zona de la Cordillera del Cóndor, se encuentra en un sector permitido que no afecta las áreas sensibles y en el que se aplicarán las medidas necesarias para protegerlas,” se puntualiza en el comunicado (RNW).

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