Piñera aún no ratifica norma sobre seguridad laboral, pese a aumento de accidentes en la minería

Chile

En Chile, por su condición de país minero, el tema de la seguridad laboral durante las jornadas en las faenas no es menor. Según el Recuento de Accidentes Fatales del Departamento de Seguridad Minera del Sernageomin, en 2010 fueron 45 las víctimas fatales y en 2011 alcanzaron la suma de 26, concentradas principalmente en la región de Antofagasta, Atacama y Coquimbo.

27 de Marzo de 2012.- A pocos días de finalizado el rescate que trajo a la superficie a los 33 mineros enterrados tras el accidente en la mina San José, Sebastián Piñera se comprometió, en una entrevista con la señal televisiva BBC, durante el tercer día de su gira en Europa, a que Chile ratificaría el Convenio 176 sobre seguridad y salud minera de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). “Chile ha ratificado todos los convenios de la OIT, y éste es uno de los que vamos a ratificar”, enfatizó entonces a raíz de que el accidente habría ocurrido a causa de falencias en la seguridad de las faenas, advertidas previamente según los trabajadores de ésta. Sin embargo, a casi un año y cinco meses de aquella promesa, el convenio sigue sin ser ratificado, pese a las insistencias de parlamentarios y de las asociaciones de trabajadores mineros.

Durante los últimos días y a raíz de las movilizaciones surgidas en Calama con motivo de las demandas regionales, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, anunció que se enviará a tramitación legislativa el proyecto de ley que crea el Fondo de Desarrollo para el Norte (Fondenor). Aunque, ninguno de los ejes centrales alude directamente a una mejora en los derechos laborales de los trabajadores mineros de la zona.

En cambio, en agosto del año pasado, el ejecutivo envió un nuevo proyecto de ley de seguridad minera que se tramita en la Cámara Baja, y que consiste principalmente en la eliminación del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), entidad a cargo de la fiscalización de la seguridad en las faenas, ampliamente criticada después del accidente, y en la creación de una Superintendencia de Minería que la reemplazaría en sus funciones. Asimismo, la iniciativa propone también la creación de un Servicio Geológico de Chile que sustituirá a la actual Subdirección Nacional de Geología.

El subsecretario de Minería, Pablo Wagner, cuenta que el año pasado se solicitó a la OIT un análisis de brecha que determine la compatibilidad entre la legislación chilena y la ratificación del convenio. “Nunca nos hemos negado a estudiar detenidamente la ratificación. Pero implica un análisis muy profundo. Hemos pedido a la OIT que haga un análisis de brecha. No es llegar y ratificar el convenio, porque implica asumirlo en su totalidad y es un plazo muy corto el que se dá para ello, un año de plazo.

Wagner señala que además de estas posibles incompatibilidades entre aspectos del convenio y distintas legislaciones chilenas, “en muchos casos, para la gran minería es posible cumplirlos, pero en la pequeña no lo es”. Respecto a la promesa que hizo Sebastián Piñera en su entrevista con la BBC, el subsecretario explica que “lo que el Presidente también nos pide es que hagamos el análisis lo más riguroso posible. Para poder ratificarlo tenemos que tener sumamente claras las implicancias que tiene el proyecto”. Finalmente, concluye que mientras se esperan los resultados del análisis de la OIT no hay certeza ni un plazo definido para la ratificación del convenio.

La importancia del convenio 176

En Chile, por su condición de país minero, el tema de la seguridad laboral durante las jornadas en las faenas no es menor. Según el Recuento de Accidentes Fatales del Departamento de Seguridad Minera del Sernageomin, en 2010 fueron 45 las víctimas fatales y en 2011 alcanzaron la suma de 26, concentradas principalmente en la región de Antofagasta, Atacama y Coquimbo.

“Piñera no cumplió con la promesa que hizo no sólo a los 17 millones de chilenos, sino al mundo entero. Se comprometió a que nunca más iba haber situaciones que pusieran en riesgo la vida de los trabajadores”, señala Cristián Cuevas.

El Convenio 176 sobre seguridad y salud minera incluye una serie de medidas que regulan la relación entre el trabajador y su empleador y protege al primero de posibles amenazas y/o accidentes durante la jornada laboral en las minas. Constituye una de las medidas de la Organización de Naciones Unidas para interceder por los trabajadores, especialmente de países en vías de desarrollo, y ya ha sido suscrito por 24 estados, entre los que se encuentran Alemania, Austria, España, Estados Unidos, Irlanda, Portugal, Brasil, Perú, etc.

Las medidas que figuran en el convenio están orientadas a potenciar los derechos de los trabajadores en situaciones laborales riesgosas. De esta forma, los empleados pueden llegar a detener la actividad de una faena si consideran que su funcionamiento implica un peligro para quienes están trabajando en ella. El convenio puntualiza por un lado, el derecho a “notificar los accidentes, los incidentes peligrosos y los riesgos al empleador y a la autoridad competente”, y por otra parte, a “retirarse de cualquier sector de la mina cuando haya motivos razonablemente fundados para pensar que la situación presenta un peligro grave para su seguridad o salud”.

De igual forma, el Convenio 176 obliga a las empresas a proveer a los trabajadores de equipos eléctricos y mecánicos que sean necesarios y de un sistema de comunicación, a establecer dos vías independientes de salida en las instalaciones, a asegurar un sistema de ventilación apropiado, etc. A menudo, estas condiciones no suelen cumplirse en la práctica, especialmente en los yacimientos ilegales.

Las indicaciones del Parlamento

El 8 de septiembre de 2010, a un mes del rescate de los 33 mineros, un grupo de diputados presentó un proyecto de acuerdo que solicitaba a Sebastián Piñera la ratificación del Convenio 176 sobre seguridad y salud de la OIT. Los parlamentarios que impulsaron la iniciativa fueron Lautaro Carmona (PC), Guillermo Teillier (PC), Hugo Gutiérrez (PC), Pepe Auth (PPD), Pedro Araya (PRI), Luis Lemus (PS), Alberto Robles (PRSD), Clemira Pacheco (PS), Mario Espinoza (PRSD) y Osvaldo Andrade (PS). Finalmente, el proyecto fue aprobado en la Cámara Baja el 14 de septiembre del mismo año, con 52 votos a favor y 24 en abstención. A más de un año de aquel hecho, el convenio continúa sin ratificarse.

“Creo que el Gobierno debe pensar que muchos trabajadores paralizarían las actividades sin riesgos reales para afectar las faenas productivas, lo que es pensar muy mal del trabajador”, explica el diputado Lautaro Carmona, quien añade que “no existe la posibilidad de que el Estado cumpla, por la vía de la fiscalización y del Sernageomin, con todos los puntos y vías de riesgos de una actividad minera productiva”. Carmona señala que la política actual “está orientada a darle prioridad a los fondos de inversiones, a los niveles de productividad mayor, más que pensando en los trabajadores”.

A pocos días de ocurrido el accidente en la mina San José, el Sernageomin también presentó un documento al Ejecutivo en el cual señalaba las potenciales causas del desastre y apuntaba a la necesidad urgente de ratificar el convenio para salvaguardar la seguridad de los trabajadores mineros.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Minería de la Cámara Baja, diputado Felipe Ward (UDI), hace una buena valoración de la señal del gobierno de presentar el proyecto de ley. “Puede suceder algo similar a lo que ha ocurrido con otras ratificaciones de otros convenios, que es aprobarlo en principios pero no en la práctica. El proyecto nuevo, más que ratificar el convenio, lo que hace es adecuar la seguridad nacional en la misma línea”, afirma.

El complejo panorama laboral de la minería

Según los datos entregados por la Memoria Anual 2010–2011 de la Sociedad Nacional de Minería, ésta significó un 19,2% del PIB nacional de 2010, y es por lejos la principal actividad económica del país. Los proyectos de inversión en el rubro proyectados para el período entre 2011 y 2018 alcanzan la suma de US$ 65.000 millones, de los cuales US$ 20.000 millones corresponden a Codelco y los US$ 45.000 millones restantes serán invertidos por el sector privado. El informe suma más datos: en 2010, las exportaciones mineras alcanzaron un monto de US$ 45.600 millones, es decir un 64% de las exportaciones totales que hizo el país.

Sin embargo, el panorama del mercado laboral de la producción minera es menos provechoso, lo que podría complicar aún más las relaciones entre los trabajadores de la minería ?que demandan mayores derechos? y los empleadores.

El análisis “Fuerza Laboral en la Gran Minería Chilena ? Diagnósticos y Recomendaciones, 2011-2020”, realizado por la Fundación Chile, elaborado en base a datos proporcionados por las principales firmas mineras, responsables del 83% de la producción de cobre a nivel local, determinó un notable incremento de la necesidad de mano de obra en la industria. Según el estudio, hacia 2020 se necesitará contratar a 44.256 trabajadores adicionales para los procesos de extracción, procesamiento y mantención de las faenas del cobre a causa de un crecimiento cercano al 23% de la producción nacional del mineral, constituyendo el segundo gran ciclo expansivo de la minería en Chile. Así las empresas deberán contratar a una enorme suma adicional de trabajadores, de los cuales 16.065 corresponderán a dotación interna y 28.191 vía contratistas. Estos montos representan un crecimiento de 64% en el número total de empleados. 

El ultimátum de los mineros

Al darse a conocer el derrumbe en la mina San José, los primeros en apuntar hacia la necesidad urgente de ratificar el tratado fueron las agrupaciones de trabajadores mineros. Estas demandas se han agudizado durante los últimos días, con los dos accidentes ocurridos este mes en la mina Nueva Esperanza, región de Coquimbo, y en la mina Sinuosa, en la región de Antofagasta.

“Piñera no cumplió con la promesa que hizo no sólo a los 17 millones de chilenos, sino al mundo entero. Se comprometió a que nunca más iba haber situaciones que pusieran en riesgo la vida de los trabajadores”, señala Cristián Cuevas, presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), quien durante la última semana ha hecho de portavoz para las movilizaciones en Calama que demandan mayores derechos para la región.

“En un país minero como éste no puede dejarse al arbitrio del mercado y los privados la seguridad del trabajador. Los estados y las empresas tienen la obligación de cumplir ciertas normas mínimas en relación al desarrollo productivo y las condiciones de seguridad y las empresas nacionales no deberían vulnerar esos códigos”, asegura el dirigente de Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), entidad que hoy cuenta con más de 10 mil afiliados.

Cristián Arancibia, presidente de la Confederación Minera de Chile (Confemin), se suma a estas demandas de ratificación del convenio. “Se han hecho los planteamientos formales. Lo que he sabido es que hay voluntad para legislar, pero tiene que haber voluntad política del ejecutivo. Mientras no la hayan, nada pueden hacer los parlamentarios”, señala.

Arancibia cuenta que tras el accidente en la mina San José, la Confederación se acercó al ex ministro de Minería, Laurence Golborne, a entregarle un documento en que solicitaban la ratificación urgente del Convenio 176, pero que no recibió respuesta alguna a ello, sino que se les invitó a participar en el proyecto de reestructuración del Sernageomin. “En el convenio hay un artículo al que, tanto el gobierno como los empresarios, le tienen recelo. Ellos manifiestan que es de mucha responsabilidad para los trabajadores y que no han demostrado ser responsable en el último tiempo”, explica el presidente de la Confemin.

A raíz de las muertes de trabajadores ocurridas en lo que ya va del año, Cristián Arancibia asegura que hay una disposición actual a entrar en movilizaciones. “Nos declaramos en alerta de que en cualquier momento entramos en movilización, cuando se nos acabe la paciencia, y la paciencia está que se nos acaba hace rato”, concluye.

El problema del Sernageomin

Luego de que ocurriera el accidente de la mina San José y se atribuyeran los hechos al déficit de fiscalizadores en las faenas mineras, el gobierno se comprometió a incrementar la cantidad de inspectores del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), entidad a cargo no sólo de la fiscalización de las condiciones en que trabajan los empleados sino también de proveerles capacitación. Al momento de la catástrofe, Chile contaba con apenas 18 examinadores a lo largo del territorio nacional. La promesa de Piñera fue elevarlos a 45. Esto considerando que existe un registro de tres mil faenas mineras que el Sernageomin debería supervisar. Sin contar las otras cinco mil no inscritas.

Sin embargo, Francisca Falcón, presidenta de la Asociación de Funcionarios de Sernageomin (Afuser), explica que esta situación de escasez de personal tiene que ver con la precariedad de las condiciones laborales en que trabajan los fiscalizadores de la entidad. “Tenemos sueldos muy bajos. La minería está pagando muy bien a los ingenieros, los sueldos de la empresa privada son muy altos y están captando a gente del sector público. En el Servicio, se gana un tercio de lo que se gana en la empresa minera”, afirma Falcón.

Antes de que el Ejecutivo ingresara el trámite del proyecto de ley de seguridad minera al Congreso, la Asociación de Funcionarios del Servicio Nacional de Geología y Minera entregó en agosto de 2010 su propuesta para la reestructuración de la entidad examinadora.

En este informe se señalan numerosas falencias del Servicio actual como “el alto grado de inestabilidad y consecuente movilidad, por cuanto el 70% del personal está en la modalidad de Contrata” y un “desconocimiento y desinterés de las autoridades institucionales y ministeriales, y nacionales, respecto de las múltiples funciones y competencias del Servicio”. Respecto al impacto de la precariedad de las condiciones laborales en el funcionamiento del órgano, el informe apunta a que esto “ha motivado, especialmente en los últimos 5 años, una importante fuga de profesionales altamente calificados hacia la empresa privada, situación que, entre otros inconvenientes, ha impedido concluir un número importante de los proyectos en desarrollo”. La presidenta de Afuser cuenta que no recibieron respuesta alguna sobre la propuesta. Y en caso de aprobarse el proyecto de ley en trámite, la Superintendencia de Minería pasaría a absorber el personal del Sernageomin bajo las mismas condiciones laborales respecto a su figura legal y monto de remuneraciones.

Otro de los puntos polémicos que plantea el nuevo proyecto de ley, tiene que ver con la creación de una nueva figura fiscalizadora: los “expertos técnicos mineros”, examinadores externos, del ámbito público privado, que prestarán sus servicios para inspecciones técnicas de faenas mineras. Estos deberán registrarse en una nómina de la Superintendencia donde tendrán que demostrar su independencia respecto de la empresa que audita.

El diputado Felipe Harboe (PPD) señala al respecto que “lo bueno que va a ocurrir es que tú vas a tener la opinión de un tercero. Lo que no puede ocurrir es que el experto minero, de manera individual, tuviera la potestad de establecer el cierre de una faena. Eso depende de la Superintendencia. Tiene que estar establecido un conjunto de normas que eviten el conflicto de interés” (El Mostrador).

Portal Minero