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Chile

En el CDE están al tanto -de manera informal- de los antecedentes relativos a la licitación. Sin embargo, aún no han recibido la petición formal de intervenir.

04 de Octubre 2012.- Mientras las aguas aún no se aquietan tras la fallida licitación por la explotación del litio, la empresa SQM podría enfrentar una serie de escenarios, entre ellos, el más complejo, es un eventual requerimiento del Consejo de Defensa del Estado (CDE), el que le obligaría a entregar todos los detalles sobre su postulación y así responder por los eventuales perjuicios en que se podría ver perjudicado el Estado.

Es así como el organismo presidido por Sergio Urrejola podría hacerse presente si es requerido por alguno de sus clientes, entre los que se cuentan entidades públicas como Presidencia, el Congreso, el Ministerio de Minería o bien un servicio público.

Por el momento, en el Consejo de Defensa del Estado están al tanto -de manera informal- de los antecedentes relativos a la licitación, sin embargo, aún no han recibido la petición formal de intervenir y solicitar la acción de la justicia, lo cual de acuerdo a los expertos es un hecho previsible debido a que la compañía presidida por Julio Ponce Lerou habría manifestado que no mantenía ningún litigio con el Estado, siendo que sí los mantenía.

“Es algo muy probable que el CDE participe. Lo que se debe dirimir es si SQM ocultó información o simplemente la omitió. Entonces, la respuesta a eso está en la declaración jurada de la empresa al momento de participar”, afirma Juan Carlos Ferrada, abogado y presidente de la Asociación de Derecho Administrativo.

LOS EVENTUALES PASOS
De ingresar un requerimiento formal al Consejo de Defensa del Estado, éste será de inmediato enviado a la procuraduría de Santiago, el cual lo enviaría a un equipo de dos abogados quienes serían los encargados de recopilar los antecedentes relativos a la causa.

La carpeta investigativa preliminar sería enviada al Comité Penal del Consejo de Defensa del Estado. Precisamente esta instancia sería la encargada de analizar los méritos de una hipotética acusación, la cual sería sometida a votación de los 12 miembros del cuerpo colegiado, el cual se reúne todos los días martes.

“De generarse esta instancia, el Consejo pediría a la justicia accionar, por ejemplo, a través del Ministerio Público en el caso que se determine que existe un delito. Cabe señalar que no es necesario que se haya generado un perjuicio económico para que se configure el delito base, esconder información también lo es”, explica Ferrada.

Mientras tanto, en SQM mantienen silencio y según fuentes de la empresa, la compañía declinó participar en un eventual segundo proceso de licitación. Además, en la firma presidida por Julio Ponce Lerou consideran que de desarrollarse un segundo CEOL por parte del Ministerio de Minería, los montos ofrecidos serán sustancialmente menores a los que se ofrecieron en el controversial proceso que tuvo su fin el pasado lunes con la anulción del concurso.

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