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Chile

Vivianne Blanlot, ex secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía, afirma que falta claridad regulatoria, que entre 2014 y 2018 el país enfrentará costos eléctricos altos y que se debe crear un think tank energético.

29 de Octubre 2012.- Esta Semana el gobierno anunció que reactivará, en el primer trimestre de 2013, los estudios para el eventual desarrollo de la energía nuclear en el país. La decisión la tomó a 17 meses del terremoto y tsunami en Japón, que provocaron un accidente nuclear en la planta de Fukushima y llevaron al gobierno de Sebastián Piñera a frenar los estudios en esa área. Vivianne Blanlot, ex secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía en el gobierno de Ricardo Lagos y actual integrante del Consejo para la Transparencia, valoró la decisión del Ejecutivo. “Es positivo, porque si se llega a un momento en que haya que plantearse esta opción, la sociedad chilena podrá discutirla sobre la base del máximo conocimiento de ella”, dice la consultora, quien también integró el Comité Asesor de Desarrollo Eléctrico (Cade) y ha asesorado al gobierno en diversas materias.


¿Fue un error haber interrumpido los estudios sobre la materia?

Con la profunda alarma causada, para la ciudadanía habría sido difícil entender que se gastaran recursos públicos en una forma de energía que parecía haber quedado fuera de discusión. Era natural, desde el punto de vista político, restarle prioridad a este tema.

¿Cuándo habría que tomar una decisión sobre la opción nuclear?

Uno debe tener todo preparado para decidir siete años antes de tener la primera planta. No creo que a 2016 estemos preparados, porque no tendremos toda la información y tampoco los consensos. Si ahora no podemos discutir sobre el desarrollo de la hidroelectricidad, ¿cómo lo haremos sobre la opción nuclear en tres o cuatro años? La viabilidad política no se dará antes de 2016.

¿Cuándo la energía nuclear podría ingresar al sistema, considerando el crecimiento previsto para la demanda y la oferta?

En los análisis que realizamos en el Cade, sin considerar cambios radicales en el mercado del GNL (gas natural licuado), las centrales nucleares son competitivas hacia 2025.

¿Se podrían postergar si el GNL se hace más competitivo?

Si tenemos GNL disponible a precios de US$ 10 por millón de BTU (hoy está entre US$ 16 y US$ 18), se aplazaría la necesidad de energía nuclear, más bien, hacia 2030. Hoy, las generadoras ya están mirando el GNL como opción frente al rechazo que están teniendo las centrales a carbón. La ventaja que tienen las plantas a gas es que contaminan menos que el carbón, se construyen en menos tiempo y tienen una partida más rápida.

Si HidroAysén se demora o no se hace, ¿obligaría a tomar una decisión antes en materia nuclear?

Ciertamente. Si no se logra desarrollar la hidroelectricidad a mayor escala, sea proveniente de Aysén u otras zonas, la energía nuclear se torna más relevante.

Crisis y regulación

¿Hay crisis energética en Chile?

Sí. El sector eléctrico está pasando por una crisis de adaptación. No se avizoran eventos dramáticos como racionamiento, pero se espera un período de altos costos, entre 2014 y 2018, en circunstancias que hace unos cuatro años se proyectaba un mejoramiento sostenido de la oferta a partir de 2010 o 2011.

¿A qué responde esta crisis?

Ha habido una falta de adecuación de las instituciones al entorno social que se vive. Las instituciones tradicionales no entienden el lenguaje ni conocen los canales de comunicación que les permitan mayor sintonía con esta sociedad más empoderada.

El problema es que si no tenemos una institucionalidad que esté mirando seriamente y en profundidad opciones de largo plazo, siempre estaremos apagando incendios. Y hemos estado apagando incendios desde el año 2000.

¿Qué falencias hay en regulación y gestión?

Durante los últimos años hemos visto traspiés para diversos proyectos que podrían haberse evitado con una regulación más clara en lo ambiental, con la eliminación de vacíos regulatorios (como la regulación del uso del territorio), y también con una aplicación menos discrecional de las normas. En todos los casos es un problema de gestión del Estado, ya sea al momento de identificar vacíos, de normar o de aplicar la normativa.

¿Cómo evalúa la gestión del actual gobierno en el área energética?

Este gobierno se ha preocupado del tema. Particularmente, el Presidente lo tiene muy presente en su agenda, a pesar de que no va a resolver el problema. Cuatro años son pocos y ningún gobierno tiene la capacidad de discusión para echar a andar una agenda muy agresiva.

¿Empresas y gobierno han perdido credibilidad ante la población?

Efectivamente, durante los últimos años se ha producido una pérdida de credibilidad de las empresas y del Estado. No sólo en relación con el tema eléctrico, y por varios factores: la multiplicación de nuevas fuentes de información, la aparición de grupos que por defender ciertos objetivos desacreditan a las instituciones tradicionales, y el hecho de que estas últimas no han encontrado cómo establecer relaciones de confianza con la ciudadanía.

¿Cómo se recupera esa credibilidad?

Los sectores público y privado deben ser más activos y proactivos en promover información de calidad sobre el sector eléctrico. También faltan instituciones acreditadas como independientes, que puedan aportar al debate con credibilidad. Y, tercero, las empresas ya están buscando asesoría para relacionarse con las comunidades de forma distinta.

¿Es necesario crear una especie de think tank energético?

Creo que sí, que esté integrado por especialistas y personas que trabajan en otras áreas e industrias, distintos estamentos de la sociedad y dirigida por un grupo diverso de personas respetable e independiente.

Una de las medidas más esperadas por los privados este año fue la carretera eléctrica. ¿Qué le parece?

Va en la dirección correcta, pero no es una solución que vaya a mostrar resultados en el corto plazo, porque debe pasar por un proceso legislativo, luego de reglamentación y, finalmente, de aplicación.

Para resolver la judicialización, ¿se debe crear un mecanismo de compensación a las comunidades?

Es necesario distinguir entre compensaciones ambientales y compensaciones sociales. Las primeras deben definirse en el proceso de aprobación ambiental. Las segundas deberían ser manejadas de forma que se entreguen recursos para compensar pérdidas económicas locales, con un sistema de administración que garantice beneficios para los grupos realmente afectados, sin que dependa de la capacidad de presión de algunos de ellos.

¿Qué tan urgente es definir un ordenamiento territorial para la instalación de proyectos eléctricos?

Sin un buen sistema de ordenamiento territorial será imposible continuar el desarrollo de centrales a carbón, y puede que incluso se dificulten los proyectos solares y otros.

A medida que la economía crece, la presión sobre el territorio aumenta y crecen los conflictos sobre usos alternativos. El ordenamiento territorial es la única solución.

LTOL
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