Bolivia
1 de Abril de 2011.- El conflicto social que se enfrenta en el megaproyecto minero San Cristóbal preocupa a las autoridades nacionales y a los empresarios privados de Potosí porque el daño económico y social que emana del paro de los trabajadores traerá consecuencias negativas.
El ministro de minería, José Antonio Pimentel, sostiene que se trata de un conflicto de orden laboral porque los trabajadores demandan una mejor atención en salud por lo cual no pueden intervenir directamente.
Reconoció que el país, el municipio y la Gobernación de Potosí están siendo afectados al no percibir los recursos de regalía minera durante el paro que ya lleva nueve días.
El presidente de la Federación de Empresarios Privados de Potosí (FEPP), Jaime Uzquiano, expresó su apoyo incondicional al proyecto minero porque así lo determinaron todos los afiliados de esa institución.
Sostiene que el daño económico es grave pero no es el único ya que ese arbitrario paro está dejando una imagen nefasta del país y ello redundará en una disminución de las inversiones.
Detalló que se está mostrando que Bolivia es un país en el que no existe seguridad jurídica y donde los conflictos sociales pueden generar pérdidas que nunca podrán ser recuperadas.
Uzquiano convocó a las autoridades departamentales y nacionales a interponer sus buenos oficios a fin de crear las condiciones idóneas para que los conflictos se solucionen en la mesa del diálogo siempre bajo el respeto de las normas legales en vigencia.
El Ministro de Minería anunció que, en caso de que alguna de las partes solicite la intervención gubernamental para buscar una solución al conflicto, actuarán de inmediato porque con el paro son afectados la empresa, las regiones, el Estado y los propios trabajadores (Eju.tv).
Portal Minero