Minería informal, una toma de posición

Perú

3 de Abril de 2012.- La encuesta realizada por GfK, que publicamos ayer, sobre los conflictos vinculados a la minería informal, descubre un alto nivel de información ciudadana (87%) acerca de un tema aparentemente especializado, al que acompaña una toma de posición muy clara. La opinión pública se decanta contra esta actividad por su papel destructor del ambiente (69%) y por las formas de explotación laboral (42%). Para esta opinión fueron cruciales las documentadas denuncias de la prensa sobre la impunidad con la que opera la minería ilegal en varias zonas del país, particularmente en Madre de Dios.

Los ciudadanos no se dejan seducir por el discurso de los líderes de los grupos que hace poco asolaron Puerto Maldonado, que ponen por delante la generación de empleo, y rechazan que los reclamos de estos sean justos precisamente por tratarse de una actividad contaminante (49%). Es apreciable, sin embargo, que en la Amazonía peruana un porcentaje mayoritario cree que no es una actividad contaminante (59%), una falta de censura social que prefiere que continúe el patrón económico actual y sobre el que se debe incidir más. Finalmente, la encuesta trae mensajes claros para el gobierno y el Estado. Por un lado se exige más diálogo e información (66%), una proporción mucho mayor que el uso de la fuerza (27%); por el otro, ambos resultados, sin embargo, están lejos de la aceptación de todos sus reclamos (5%).

Estos datos marcan el fin de una etapa en la que la ciudadanía se ha persuadido de la necesidad de que una actividad económica, para ser aceptada, no solo debe ser rentable sino también socialmente legítima y cumplir con los estándares legales y éticos. De aquí en adelante, el papel del Estado parece estar demarcado: incidir en la necesidad de formalizar a quienes desarrollan esta actividad y luego de un tiempo prudencial impedir que operen agentes económicos ilegales que exploten los recursos naturales. Del mismo modo, es necesario desplegar desde el Estado actividades de inducción para que los actores económicos asuman una conducta socialmente responsable. Esta tarea no debe ser exclusiva de la empresa.

Caso PUCP: un mandato de silencio y contrición

L a reciente encuesta de GfK acerca de la controversia sobre la Pontificia Universidad Católica (PUC) y el Arzobispado de Lima trae varias novedades. De primera impresión, a pesar de tratarse de un largo conflicto, casi la mitad de los encuestados (46%) declara no conocer el tema, un evidente revés de quienes convirtieron un pendiente jurídico en un pretendido problema nacional. Asimismo, entre los enterados existe una inequívoca opinión que pone por delante la defensa de la autonomía del a PUCP (68%), ya sea desligarse del Vaticano (44%) o rompiendo con él (24%), mientras un exiguo 23% se pronuncia por ceder a sus pretensiones.

Tampoco parece haber sido beneficiosa la estrategia de personalizar esta controversia, colocando a la cabeza de la pretensión religiosa al cardenal Juan Luis Cipriani, quien ha reconocido haber cometido errores. Si tuviera que elegir, solo el 21% lo haría por Cipriani, lo que entraña otros mensajes y no solo el referido a la prudencia y buen talante. Es también un mandato de silencio cuando no de contrición (la República).

Portal Minero