Barrancones, HydroAysén, Castilla y Freirina, US$ 10.000 millones en inversiones que se esfuman

Chile

La suspensión de estos proyectos es una señal de que el país no está dispuesto a pagar cualquier precio para llegar al desarrollo. Las reglas cambiaron. El Estado, el empresariado y la ciudadanía tienen un desafío para encontrar una nueva fórmula.

Jueves 13 de Diciembre de 2012.- Comenzó hace dos años con el telefonazo del Presidente al CEO de GDF Suez que puso fin a Barrancones y con ello un proyecto energético que representaba una inversión de US$ 5.000 millones.

Luego vino el golpe de mesa de los Matte y la suspensión de HydroAysén: US$ 3.200 millones de inversión suspendidos y bajo seria amenaza .

En agosto fue Castilla. La Corte Suprema le puso freno al megaproyecto termoeléctrico del billonario brasileño Eike Batista. Adiós a una inversión de US$ 5.000 millones.

Y ahora Freirina. El monto no es tan grande —US$ 800 millones—, pero el mensaje es quizás más fuerte, ya que el cierre de la planta de Agrosuper es el resultado de la presión ejercida por la comunidad y no a pedido del gobierno o por una resolución de la Justicia.

La suspensión de esos cuatro proyectos es una señal clara de que el país no está dispuesto a pagar cualquier precio para llegar al desarrollo. Las reglas cambiaron. El Estado, el empresariado y la ciudadanía tienen un desafío para encontrar una nueva institucionalidad, ya que nadie puede poner en duda que para lograr el desarrollo el país necesita urgentemente esos US$ 10.000 millones de inversión y más.

Los proyectos representaban miles de puestos de trabajos, en su mayoría con sueldos bastante superiores al mínimo. Y quizás más importante, tres de ellos son energéticos y todos sabemos lo relevantes que estos son para el país. En Chile la energía es escasa y cara.

Se estima que el país necesita doblar su capacidad generadora en la próxima década para proveer energía a la minería, la cual tiene comprometido US$ 100 mil millones en proyectos ya aprobados.

Cambiaron las reglas

Para los empresarios, está clarísimo que las reglas cambiaron y que es urgente encontrar nuevas fórmulas. “No me imagino a nadie, ni chileno ni extranjero, venir con un megaproyecto ahora. Los que ya están en marcha van a seguir, pero quién se va arriesgar? Nosotros como gremio quizás hemos sido lentos en leer o entender la nueva realidad, pero la empresa privada es capaz de adaptarse, lo que necesita es el apoyo del Estado en sentar reglas claras y más realismo y tolerancia de los movimientos sociales que parece que se oponen a todo y todos”, es la opinión de un empresario que tiene intereses en la minería, la agricultura y banca.

Los Matte, cuando anunciaron su decisión de suspender HydroAysén, lo dijeron con claridad: “Mientras no exista una política nacional que cuente con amplio consenso y otorgue los lineamientos de la matriz energética que el país requiere, se estima que no están dadas las condiciones para desarrollar proyectos energéticos de esta magnitud y complejidad”.

“Será misión de los poderes Ejecutivo y Legislativo consensuar los cambios institucionales y regulatorios necesarios para viabilizar los proyectos de generación y transmisión que demanda el desarrollo económico y social de Chile”, agrega el documento.

El gerente de estudios de Celfin, César Pérez, afirmó en ese entonces, en una entrevista con Bloomberg, que los problemas para aprobar proyectos energéticos en Chile preocupan a los inversionistas y da la impresión que el Ejecutivo no les está dando el suficiente apoyo. “Lo que busca Colbún es una garantía de que el Estado va a proteger su inversión”, explicó Perez en la entrevista.

En una reciente visita a Chile, el ejecutivo de GDF Suez, Juan Clavería, admitió en una entrevista con La Tercera, que Chile, como país tiene que encontrar una nueva fórmula: “Lo que sucedió con Barrancones fueron problemas comunicacionales, sigo pensando en que la zona es un muy buen lugar para instalar termoelectricidad, no hay muchas más en el país, pero sucede que parece que el país no estaba preparado y necesitaba una discusión, que se tendrá que dar en los próximos años, pero no cambió la intención del grupo de invertir en Chile”.

Clavería afirmó que la opinión pública parece no entender lo que está en juego, “que tiene que ver con el efecto en las personas de la electricidad, que no sólo hace que la cuenta de luz de su casa sea un poco menos, sino que el mayor efecto de la electricidad en el país es que lo hace más competitivo, y si es más competitivo tiene más empresas, más trabajadores que pueden ganar mejores sueldos, y eso afecta definitivamente en la calidad de vida de las personas. Entonces, el efecto negativo que está sucediendo hoy día es cuando uno ve tanto anuncio de proyectos que se están paralizando, porque da susto”.

Ayer, ante la decisión de Agrosuper de cerrar Freirina, la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), expresó su preocupación por las trabas que enfrentan grandes proyectos que, de acuerdo al gremio, son importantes para la economía nacional. “La institución muestra su preocupación por el alto nivel de dificultad que, por diversas razones, están enfrentando proyectos relevantes con un alto impacto para el desarrollo del país, dada su contribución al crecimiento de la economía, a los niveles de empleo y la competitividad de las empresas”.

Desarrollo no a cualquier precio

Y de que son importantes no debería haber dudas y es algo que los movimiento sociales tienen que entender. Este año, el boom minero en el norte atrajo US$ 17.800 millones en inversiones directas en los primeros nueve meses del año, un 63 % más que el año pasado. Esas inversiones son un factor crucial en el fuerte aumento que ha tenido el consumo interno este año, como lo ha destacado el Banco Central, el bajo desempleo y el aumento de los salarios.

Ese fue el punto que ayer quiso destacar la ministra del Trabajo Evelyn Matthei, aunque la forma no fue la ideal. Matthei declaró que el problema de la planta de Freirina venía de la época del gobierno de Ricardo Lagos y ademas le advirtió al alcalde socialista, César Orellana, que lideró la oposición a la planta, que no viniera a pedir ayuda para crear empleos. La Moneda la avaló a través de la vocera, Cecilia Pérez.

Un grupo importante de pobladores de Freirina se reunieron con la ministra del Trabajo y cuestionaron duramente al alcalde Orellana. El dirigente social Cristián Escobar acusó que “esto, está tomado bajo la decisión del señor Orellana, quien ha interpuesto o ha exigido el retiro de la empresa Agrosuper sin tomar en consideración estas 4 mil y me atrevería decir 5 mil personas de la comunidad de Freirina que están apoyando que la empresa pueda seguir funcionando”.

Una trabajadora de Agrosuper, Lucy Pastenes, habló con la prensa y señaló que “le quiero decir al alcalde de Freirina que si él quiere que la empresa se vaya ¿cómo me asegura el sueldo que yo gano, cómo me asegura el pago de la universidad de mi hijo? Hay más del 50 % de trabajadoras, madres solteras, jefas de hogar, ¿cómo van a alimentar a sus hijos, cómo le van a dar estudios a sus hijos?”

Las demandas de Pastenes no son menos válidas que las del alcalde Orellana y la gente que él representa, el desafío es cómo consensuarlas.

Ayer, el gerente general de Agrosuper, José Guzmán, hizo duras críticas al gobierno en una entrevista con radio Futuro. Según Guzmán, el gobierno cambió las “reglas del juego” haciendo inviable que continúe funcionando la planta faenadora de cerdos que tiene la empresa en Freirina.

Explicó que hubo cambios profundos en temas administrativos y no ambientales. “En la nueva resolución se nos cambiaron tan significativamente las reglas del juego, no del punto de vista ambiental, si no en el ámbito administrativo”.

Y remató diciendo que “no son las medidas medioambientales las que nos hacen cerrar el proyecto, son las exigencias productivas que no tienen antecedentes técnicos, no tienen justificación… También hay medidas administrativas como construir infraestructura que no tiene nada de medioambiental”.

El gobierno, los empresarios y la ciudadanía tienen que encontrar una solución. Lo que hay ahora es receta para desastre.

Está claro que para una parte importante de la ciudadanía la inversión y los puestos de empleo que crea no pueden ser a cualquier precio, sin embargo para los más ridiculizados, les tiene que quedar claro que sin inversión no hay progreso y que la violencia no soluciona nada. También debería estar claro para los empresarios que simplemente crear empleos ya no es suficiente para justificar una inversión. El país está en otra. Y para el Estado, estos episodios deberían motivar de una vez por todas iniciativas para crear una nueva institucionalidad en la que todos los actores se puedan sentir cómodos. Nada menos que el futuro desarrollo de Chile está en juego.

El Mostrador