Chile
Se ampliarán plazos al menos a 5 años, posibilitando que las firmas posterguen o desechen contratos por la judicialización de proyectos.
Lunes 28 de Julio de 2014.- A fines de esta semana el gobierno presentaría oficialmente las modificaciones que realizará a las licitaciones de suministro eléctrico para clientes regulados, las que han sido una piedra en el zapato para las distintas administraciones desde la quiebra de Campanario, en 2011. El objetivo de la autoridad es bajar en 25% los precios de largo plazo de las licitaciones, desde los USD 128 por MWh a los que se adjudicaron los últimos contratos, a un promedio entre USD 96-98 MWh.
Para esto, uno de los ejes será apostar a la llegada de nuevos actores, flexibilizando las condiciones que tendrán las generadoras que presenten ofertas.
Según señaló recientemente Andres Romero, Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), aparte de ampliar de 3 a 5 años el plazo previo al inicio de la inyección de energía, el gobierno también contempla la opción de que las empresas posterguen el inicio del abastecimiento, o incluso que desechen los contratos si sus proyectos de generación no logran cumplir los plazos establecidos producto de la judicialización, atraso en la construcción o tramitación ambiental.
Este cambio es inédito. Hoy las empresas que se adjudican los contratos deben cumplirlos bajo cualquier condición, incluso si se pone en peligro su viabilidad económica. “Queremos introducir cambios que no hagan a algún posible competidor interesante bajarse de una licitación porque piensa que pueda haber situaciones que no son imputables a él y no las va a poder manejar”, dijo Romero.
También se busca facilitar que los nuevos actores consigan financiamiento bancario para los proyectos, disminuyendo el riesgo. “Si un generador compromete su oferta y no llega con su proyecto, tiene que ir a comprar al spot, y ese riesgo es demasiado alto para un generador sin proyectos”, dice.
La iniciativa legal ingresaría al Congreso a mediados de agosto, el llamado a licitación sería en marzo de 2015 y la adjudicación en 2016. La inyección de energía quedaría para enero de 2021.
En el gobierno saben que este traspaso de riesgo podría incentivar la especulación, por lo que incluirán clausulas que hagan onerosa su mala utilización. Así, para postergar la entrega de energía o desechar un contrato -por motivos que no sean responsabilidad de la empresa- la ley establecerá condiciones, serán evaluadas técnicamente por un tercero “imparcial e independiente”, y luego visadas por la autoridad. También habrá un costo -que hará las veces de multa- para la generadora que decida acogerse al mecanismo.
En caso que no se cumplan estos requisitos para activar la cláusula de salida, el contrato deberá ser cumplido. “La utilización de estas cláusulas irá acompañada por el cobro de boletas de garantía, que implican un alto costo de salida para la generadora si decide abandonar el contrato, sin importar la justificación”, explicaron en la CNE. Asimismo, el retraso en la inyección de energía o la renuncia al contrato, deberá realizarse con tiempo suficiente para que sea posible realizar un nuevo proceso y adjudicarlo a un tercero. “De no cumplir con esta condición, no será aceptada la solicitud”, agregan.
DF