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Chile

Cuestionamientos se dan a pocos días de que el Ejecutivo revele las medidas con que pretende combatir la escasez hídrica en el país.

Miércoles 02 de Julio de 2014.- A días de que el Delegado presidencial en materia de Recursos Hídricos, Reinaldo Ruiz, dé a conocer su informe con las propuestas para enfrentar la escasez hídrica en Chile, la Fundación Avanza Chile, ligada al ex Presidente Sebastián Piñera, lanzó una serie de críticas contra los principales ejes de la reforma al agua que planea realizar el gobierno.

Frente a la idea de darle carácter constitucional a este recurso, Avanza Chile señala en un documento que la calidad de "bien nacional de uso público" del agua ya estaría consagrada en el Código Civil y el Código de Aguas. "La reforma busca, o al menos puede generar, efectos más profundos e indeseados en nuestro sistema de aprovechamiento de recursos hídricos”, agrega el texto, pues se plantea la posibilidad de una nueva normativa sobre constitución, ejercicio y extinción de los derechos de aprovechamiento de aguas, distinta a la contenida en el código actual, que “sin perjuicio de admitir perfeccionamientos, ha funcionado exitosamente en el país por más de 30 años”.

En concreto, la fundación teme que con estas normas "se afecten derechos ya adquiridos conforme a la normativa vigente hasta ahora”: "Podría interpretarse que la regulación puede considerar la extinción de los derechos ya constituidos en atención a la diversidad geográfica y climática del país, la disponibilidad efectiva de los recursos hídricos y la situación de las cuencas hidrográficas; todo lo anterior sin que ello importe una indemnización al particular”, explican.

Agrega el documento que “aun cuando se fundamenten en la función social, si las limitaciones que se establezcan son de tal entidad que constituyen una privación del derecho de propiedad o de una de sus facultades, será igualmente considerada inconstitucional”. 

?En cuanto al Código de Aguas, que es el segundo eje de la reforma que está en revisión, el texto de Avanza Chile señala que “a un sistema perfectible pero que ha funcionado” y que junto con otras restricciones, “se le quita certeza al titular, de suerte que desincentiva la realización de inversiones para la extracción y buen aprovechamiento de las aguas”. A juicio de la organización, la expropiación regulatoria que podría resultar de esta medida “podría afectar los derechos de agua de aproximadamente 400 mil agricultores que riegan más de un millón de hectáreas y representan el 73% de extracciones consuntivas”.

Asimismo, podría afectar los derechos de las hidroeléctricas que generan cerca del 40% de la electricidad, de las sanitarias que abastecen al 99% de la población urbana y 80% de la población rural, y de las mineras, que constituyen más del 50% de las exportaciones del país.

DF

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