Perú apuesta a la prevención para evitar conflictos mineros

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Uno de los conflictos de mayor resonancia derivó en la suspensión a fines del 2011 de un gigante proyecto de la estadounidense Newmont Mining, luego de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y comunidades que rechazan el yacimiento por temor a contaminación del agua.

Jueves 25 de Abril de 2013.- Perú aumentará su presencia con oficinas gubernamentales en zonas donde prevea conflictos sociales vinculados a importantes proyectos mineros, como una forma de prevenir protestas y estar informado de la problemática de la población, dijo el funcionario que dirigirá esa nueva estrategia oficial.

Perú, un importante productor mundial de metales, tiene en cartera proyectos minero-energéticos por 60.000 millones de dólares, vistos como clave para el desarrollo del país y para financiar la promesa del Gobierno de igualdad social.

La "manera de tratar los conflictos tuvo altos costos, generó una gran falencia y generó una desconfianza hacia el Estado, ya que los ciudadanos veían al Estado como un represor, como un aliado de las empresas, contrario a sus intereses", dijo Vladimiro Huaroc, jefe de la nueva Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad del Gobierno, en una entrevista con Reuters.

Entre el 2006 y 2011, los conflictos sociales -que rechazaban las inversiones mineras y energéticas principalmente- dejaron unos 200 muertos y cientos de heridos, según Huaroc.

"La prioridad en el trabajo de nuestra oficina es la prevención. Sabemos cuáles son las causas, cuál es el tratamiento que hay que dar, así es más fácil prevenir", explicó.

Uno de los conflictos de mayor resonancia derivó en la suspensión a fines del 2011 de un gigante proyecto de la estadounidense Newmont Mining, luego de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y comunidades que rechazan el yacimiento por temor a contaminación del agua.

Actualmente hay otros importantes proyectos que están retrasados debido a diálogos muy prolongados con la población y a la falta de acuerdos concretos para poner en marcha los planes.

Según Huaroc, el Estado es el "primer responsable" de proteger a los ciudadanos, el medio ambiente y el agua, que son las principales preocupaciones de las comunidades rurales.

"La solución está en crear los mecanismos para dinamizar el Estado para llevar la infraestructura necesaria en esas zonas y para cautelar los derechos de la población", explicó.

MESAS DE DIALOGO
Los conflictos se dan principalmente en la zona sur de Perú, como las regiones de Apurímac, Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna, en donde se ha intensificado el rechazo a los proyectos mineros y energéticos, indicó Huaroc.

La Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) registró a fines de marzo 110 casos de "conflictividad social" de los cuales 60 son conflictos con alto nivel de radicalismo y violencia, y los otros 50 son considerados "controversias".

"Nuestro sistema nacional de prevención de conflictos nos permite identificar a tiempo dónde se están generando los conflictos o dónde se pueden generar conflictos a través de nuestros comisionados en todo el territorio nacional", afirmó.

Los conflictos han generado cambios de Gabinete tanto en el Gobierno del ex presidente Alan García como en el del actual mandatario Ollanta Humala.

En el conflicto contra el proyecto de oro Conga, de Newmont, en Cajamarca, la protesta violenta dejó más de 10 muertos.

"El conflicto es una gran oportunidad, no debemos verlo como algo negativo, es una gran oportunidad para el país de poder solucionar estos problemas", afirmó Huaroc.

Para ello, dijo que la creación de las mesas de diálogo busca juntar a los representantes del Estado, de las empresas y de las comunidades para lograr acuerdos.

Estas mesas de diálogo promovidas por la ONDS se han venido aplicando en la región sureña de Espinar, cuyas comunidades protestaron el año pasado contra la gigante Xstrata que opera la mina Tintaya, en demanda de un mayor aporte económico.

"Yo avisoro un futuro importante para Espinar", afirmó.

Reuters