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Argentina

Viernes 06 de Marzo de 2015.- La última sesión de diputados en la provincia de Mendoza dejó como una de sus novedades la media sanción de la nueva Ley de Pasivos Ambientales que, por iniciativa de la sanrafaelina Silvia Ramos, da marco jurídico a un régimen de identificación, inventariado y recomposición.

La norma considera que se entenderá por pasivo ambiental "al conjunto de daños ambientales, en términos de contaminación de suelos, agua, aire, del deterioro de los recursos naturales y de los ecosistemas, producto de cualquier actividad pública o privada ocurridos durante el funcionamiento ordinario o por contingencias sucedidas a lo largo de su desarrollo que constituyan un riesgo permanente o potencial para la salud humana, el ecosistema y la propiedad, que se halle en estado de abandono". También se deja en claro que ciertos temas, como son los programas para pilas y baterías, la gestión de residuos patogénicos, los programas que tratan los residuos sólidos urbanos.

Tomando como autoridad de aplicación al Ministerio de Tierras, Ambiente y Recursos se establece que los daños son resarcibles por penalidades económicas, y adjudica al citado ministerio la tarea de realizar en el término de un año un Inventario de Pasivos Ambientales que abarque todo el territorio provincial, y deberá actualizarlo cada dos años.

Sin embargo, el proyecto hace una consideración especial para "personas físicas o jurídicas que realicen actividades mineras o hidrocarburíferas y actividades de apoyo operativo en el terreno". En este caso, ya el inventario de pasivos ambientales no será realizado por el Estado, sino que deberá ser elaborado por las propias empresas, y "la autoridad de aplicación incorporará al inventario a su cargo". Es difícil establecer, cuando la norma no está aún vigente ni reglamentada, los alcances de esta determinación, pero es llamativo que el Ministerio realice la tarea de relevamiento en todas las actividades menos en las de este tipo. Aparentemente se confiará, entonces, en lo que las propias interesadas declaren.

Esto ocurre además en un momento en que, desde la propia Secretaría de Minería, se dieron a conocer negociaciones llevadas adelante en Canadá, donde se informa que una de las reuniones fue con "Kirill Zimin, representante del grupo inversor ruso Aterra, interesado en llevar adelante proyectos mineros en Argentina, específicamente en  Cuyo".

La ley también define que la recomposición será "el conjunto de tareas que restablezcan las condiciones ambientales afectadas que los pasivos ambientales hayan producido, reduciendo a niveles de riesgo técnicamente aceptables su capacidad de afectar la salud, los ecosistemas y sus elementos componentes".

La ley incorpora también una consideración de avanzada, que es contemplar la figura del Daño Ambiental Colectivo, señalando que "Si los plazos administrativos caducan o  resulta técnicamente imposible, los antecedentes serán girados a la Fiscalía de Estado quien llevará adelante la acción". Por lo demás, establece escalas de multas para sancionar los distintos incumplimientos.

Diario San Rafael

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