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Chile

La Superintendencia del Medio Ambiente sancionó a la firma de capitales nipones con el equivalente a USD 11,8 millones, por infracciones relativas a la operación de la mina y su Línea de Transmisión.

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Jueves 19 de Marzo de 2015.- La Superintendencia del Medio Ambiente de Chile (SMA) sancionó a Lumina Copper con una multa de 14.745 Unidades Tributarias Anuales –unos USD 11,8 millones, a la fecha– por una serie de "incumplimientos ambientales graves" relacionados con la mina Caserones, emplazado en la comuna de Tierra Amarilla (Región de Atacama), en la zona norte del país.

A través de un comunicado de prensa, la autoridad ambiental señaló que la empresa , que también es titular de la Línea de Transmisión Maitencillo–Caserones; incurrió en diversos incumplimientos en cuanto "al resguardo de la calidad de las aguas subterráneas de la cuenca del Río Copiapó"; la construcción de algunos tramos de la mencionada línea "siguiendo un trazado distinto al autorizado"; y la operación de Caserones "sin haber validado previamente los estudios, diseños y sistemas correspondientes al control de infiltraciones asociados a los depósitos de lixiviación y lastre"; entre otros.

En efecto, a mediados del año 2014 y luego de un período de desarrollo que se extendió por cerca de diez años, la firma de capitales japoneses -es propiedad de Pan Pacific Copper Co  (77,37%), en la que participan JX Nippon Mining & Metals y Mitsui Mining & Smelting Co; y de Mitsui & Co (22,63%)- dio inicio a la operación en Caserones, que demandó una inversión cercana a los USD 3.000 millones. 

El proyecto cuenta con Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) de los años 2010, 2011 y 2012; y se orienta a la producción y venta de concentrado de cobre, cátodos de cobre y concentrado de molibdeno como resultado de la explotación a rajo abierto de un yacimiento en el entorno del Cerro Caserones. La Línea de Transmisión provee la energía desde el Sistema Interconectado Central.

Durante el año 2013, señala el comunicado de la Superintendencia, "se realizaron actividades de inspección a las instalaciones del proyecto por parte de fiscalizadores de la SMA, así como también del Servicio Nacional de Geología y Minería, la Corporación Nacional Forestal, el Servicio Agrícola y Ganadero, la Secretaría Regional Ministerial de Salud, la Dirección de Vialidad, y la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, todos de la Región de Atacama".

La nota indica que "luego de un extenso análisis", se concluyó que existen 17 infracciones a las RCA del proyecto, ocho de ellas de carácter grave. Dentro de ellas está haber dado inicio a la operación de la mina "contra la prohibición expresa establecida en su RCA". En ella, explica el comunicado, se exigía la validación previa de los estudios, diseños y sistemas para el control de infiltraciones de los depósitos de lixiviación, lastre y otras instalaciones "susceptibles de contaminar las aguas subterráneas de la zona".

"Esta acción de la empresa causó un peligro de importancia, lo cual justifica  que el Superintendente del Medio Ambiente, Cristián Franz, haya adoptado, en la resolución sancionatoria medidas de control, que consisten en monitoreos semanales y la presentación –por parte de la empresa– de un cronograma para el cumplimiento de las condiciones exigidas por la Dirección General de Aguas (DGA) para la validación completa de los estudios, diseños y sistemas correspondientes al control de infiltraciones de las obras del proyecto Caserones", señalaron desde la SMA. Otros incumplimientos tienen que ver con la falta de medidas de mitigación para evitar la contaminación de aguas subterráneas, y la construcción de varios tramos de la línea de transmisión siguiendo un trazado distinto al autorizado. 

“Aprovecho de reiterar una vez más mi llamado a los titulares de proyectos. Nuestro país necesita de sus iniciativas e inversiones para crecer y desarrollarse, pero deben ser muy rigurosos en el cumplimiento de sus obligaciones ambientales”, indicó el Superintendente Franz al referirse a esta sanción. La autoridad añadió que “la Superintendencia está empeñada en elevar el bajo nivel de cumplimiento de la normativa ambiental que  exhibe nuestro país, y por eso la fiscalización está aumentando considerablemente" "Para que el cumplimiento ambiental aumente y nos encaminemos verdaderamente hacia un desarrollo sustentable, al que aspiramos como nación, necesitamos del compromiso y la acción responsable de todos”, concluyó.

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