Badenier, "Ninguna empresa se puede quejar porque aplicamos la ley"

Chile

Martes 17 de Junio de 2014.- Hace exactamente siete días, el Comité de Ministros le dijo no al proyecto HidroAysén, revocando el permiso ambiental para llevar adelante la iniciativa que considera cinco represas en los ríos Pascua y Baker, con una inversión superior a los US$10 mil millones.

Siete días en que la empresa evitó polemizar con la autoridad. Sí lo hizo el presidente de Colbún, Bernardo Larraín Matte, quien por medio de una carta enviada al diario El Mercurio dio a conocer su impresión, a modo personal, del rechazo del Comité de Ministros al proyecto HidroAysén que desarrolla en conjunto con Endesa, criticando la institucionalidad ambiental por la que pasan este tipo de iniciativas antes de ser aprobados.

Y fue precisamente el presidente del comité interministerial, el titular de Medio Ambiente, Pablo Badenier, quien salió al paso de las críticas del empresario.  “Ningún titular (de un proyecto de inversión) se puede quejar porque acá cumplimos la ley”, dice este biólogo marino, quien añade que la determinación del pasado martes se distancia mucho de la tomada por el ex presidente Piñera con el telefonazo de Barrancones. “Ahí hubo una vulneración”, recalca.

¿Qué opina de las voces que dicen que el rechazo a HidroAysén fue una decisión política?
Para nada, esta es una decisión fundada técnicamente. Acá hay aspectos incuestionables que quedaron pendientes para estudios posteriores luego de la aprobación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), lo que no permite configurar una medida de compensación o mitigación.

¿Pero los estudios se mencionaron?
Tienen que ser abordados en el proceso de evaluación ambiental y no a posterior. Estas materias se repiten desde el punto de vista de su estructura en muchos procesos que se judicializan o que son reclamados, es decir, acá también hay un desafío para el sistema de evaluación ambiental en poder evaluar los proyectos de una manera integral y completa y no dejarlos supeditados a estudios posteriores.

¿Pero si el proyecto era malo como dice el gobierno, por qué obtuvo el permiso?
Nosotros dejamos sin efecto el permiso porque consideramos razonables las aprehensiones que hizo la comunidad y que no fueron considerados en su momento. Por eso dejamos sin efecto la resolución, por lo tanto, creemos que a nivel de la evaluación ambiental regional hubo fallas.

La Suprema dijo en un fallo de 2012 que bastaba con mencionar los estudios que se harán.
Nosotros nos estamos pronunciando de materias que no se pronunció la Corte Suprema. Creemos que en términos de configurar una medida de compensación, ésta debe darse en el marco de la evaluación ambiental y no después.

¿Entonces, cuáles son los estudios que se deben realizar antes y cuáles después?
Los estudios que tienen que ver con medidas de compensación tienen que quedar resueltos en el proceso de evaluación ambiental, no obstante, hay otros estudios que permiten el seguimiento del proyecto, que obviamente se tienen que realizar en la vida útil del proyecto y que nos permite tomar decisiones sobre si la iniciativa tiene que ver o no con lo que declaró, pero eso tiene que ver con estudios del plan de seguimiento, no tiene que ver con estudios que permitan configurar una medida de mitigación, reparación o compensación.

¿Esto lo aplicaron a HidroAysén?
Este era el caso de los elementos planteados acá.

Pero los titulares dicen que ya ni un permiso ambiental entrega certeza.
La RCA da seguridad, pero uno no puede obviar que hay recursos de reclamación a posterior. Acá hasta el propio titular puede presentar reclamaciones (...). Nosotros no le negamos el derecho a nadie para reclamar sobre una resolución, por lo tanto, mal podrían las empresas criticar el trámite que nosotros hacemos.

¿Quiere decir que una reclamación puede incluso resucitar un proyecto que no esté aprobado?
Eso es lo que permite nuestra normativa, incluso los titulares pueden reclamar. Nosotros no somos quien para evitar que alguien reclame.

¿Incluso se habló de un barranconazo legal?
Lo de HidroAysén no tiene comparación alguna con el desafortunado desenlace del proyecto Barrancones. En nuestro gobierno ningún ministro recibió un llamado telefónico, ni ningún presidente le pidió a una empresa que retirara su proyecto de evaluación ambiental.

¿A su juicio, HidroAysén sigue vivo?
El proceso de HidroAysén sigue absolutamente activo, y esa es una gran diferencia con Barrancones; sino, habría que preguntarle a Suez por qué no hicieron una reclamación sobre lo que rechazó su proyecto.

¿A su juicio, cuál es la diferencia entre ambos proyectos?
Acá hubo un procedimiento que hemos seguido rigurosamente y lo hemos reconocido. Ahora, el titular tiene todo el derecho a reclamar frente al Tribunal Ambiental respectivo.

¿Se da una señal negativa a los proyectos hidroeléctricos?
Queremos dejar claro que esto es caso a caso, acá hay un proyecto que tiene sus características y tiene un emplazamiento incomparable con otro proyecto, por eso los recursos de reclamación son caso a caso. Esta resolución no significa que estemos enjuiciando un tipo de generación. Esto lo ha planteado la propia agenda energética y nosotros lo reiteramos: Chile tiene ventajas comparativas para el desarrollo de la hidroelectricidad.

¿No existen vetos para ciertos tipos de generación eléctrica?
El agua es un tremendo activo que el país debe saber utilizar, por eso creemos que es una obligación presentar buenos proyectos a evaluación ambiental, hidroeléctricos, termoeléctricos, o de las características que sean. Pero nosotros no nos sentimos obligados a aprobar malos proyectos.

¿Cree usted que es viable desarrollar proyectos de gran escala en Aysén?
Creemos que es absolutamente viable presentar proyectos energéticos en Aysén, siempre y cuando sean buenos y se hagan cargo de sus impactos ambientales.

¿El comité, o usted mismo, propusieron reducir el tamaño de HidroAysén como condicionante para que fuera viable?
Nuevamente: somos respetuosos de la institucionalidad ambiental; el Comité de Ministros no tiene ninguna atribución para andar modificando los proyectos. Segundo, yo comparto lo que dijo la presidenta: un proyecto que tenga 35 recursos de reclamación pendientes, después de dos años y medio, obviamente es un proyecto inviable.

¿El único error de la institucionalidad fue dilatar la resolución de HidroAysén?
Hubo una dilatación importante y se pasó a llevar las atribuciones del Comité de Ministros. Yo recuerdo las declaraciones del propio ministro de Economía del gobierno anterior, que es parte del comité: él señaló que no se iban a resolver las reclamaciones mientras Colbún no repusiera su proyecto. Hay que recordar que la empresa dijo que no iban a someter a tramitación la línea de transmisión de HidroAysén. En el gobierno anterior se dijo que no se iba a citar al comité mientras no se hiciera eso y yo creo que eso es vulnerar la institucionalidad ambiental.

¿Cree que el gobierno anterior tomó parte en la discusión tras el colbunazo?
No sé, pero yo observé que en el gobierno anterior muchos ministros que no eran parte del Comité de Ministros opinaban de HidroAysén. Nosotros ordenamos la discusión, el análisis, pero en el lugar que corresponde que es el comité.

¿Leyó la carta de Bernardo Larraín, quien habla de pésimas señales para la inversión?, ¿Y qué le parece el documento que circuló dentro de HidroAysén que criticaba lo mismo?
Ningún titular se puede quejar porque aplicamos la ley y cumplamos la institucionalidad ambiental. Acá nos pronunciamos de una forma, en los plazos que corresponden y en el mérito que corresponde, por lo tanto, creo que la única señal es una señal potente a todos los titulares de proyectos que nosotros respetamos y haremos respetar la institucionalidad ambiental.

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