Mina Santa Ana, trabajadores quieren comprar yacimiento y salvarlo

Chile

En agosto del año pasado estaban en huelga, a 650 metros de profundidad. Hoy, los trabajadores se resisten a que la mina de carbón Santa Ana muera y apuestan por ser sus nuevos dueños.

Viernes 15 de Abril de 2016.- “Con el sistema de trabajo que nosotros podríamos implementar, nos aseguraríamos entre 15 a 20 años de subsistencia, sin ningún problema”, dice el minero Jaime Castro, esperanzado. Y también algo ansioso.

En agosto de 2015, los trabajadores de la mina Santa Ana, en Curanilahue, Región del Biobío, se convirtieron en noticia nacional cuando decidieron protestar de una manera atípica y arriesgada: con una movilización al interior del yacimiento de carbón.

El 11 de agosto, los 170 mineros paralizaron sus actividades iniciando una huelga indefinida, mientras 73 de ellos bajaban al yacimiento mismo como medida de presión, exigiendo el pago de sus sueldos pendientes y la regularización de cotizaciones.

Fueron 14 días en que los mineros estuvieron a más de 650 metros bajo tierra, sin salir a superficie. Tras aceptar una propuesta del gobierno, que consistía en ayuda social, manutención, capacitación y asesoría legal, los trabajadores depusieron el paro.

Han pasado ocho meses de aquel episodio. Hoy la mina no está operando y declaró su quiebra, pero los trabajadores se resisten a creer que la historia del pique llegue a su fin. Dicen que es su vida. Lo que mejor saben hacer. Y realizan gestiones para convertirse en sus nuevos dueños.

El mismo minero Jaime Castro, de hecho, estuvo a cargo de una encuesta entre sus ex compañeros, en la que se concluyó que más del 60 % de los trabajadores tiene menos de 55 años. “Todavía estamos activos, en etapa productiva y con hartas ganas de volver a trabajar. Para eso somos mineros”, lanza.

Tras la huelga

Después de la movilización, en septiembre del año pasado, la empresa SW Curanilahue S.A, operadora de la mina, solicitó la liquidación de la misma -es decir, su quiebra- por falta de recursos. La Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (SIR) pidió, entonces, la nominación del liquidador y el Tribunal de Garantía de Curanilahue resolvió iniciar el procedimiento legal.

El 9 de octubre se incautaron los bienes por parte del liquidador, Thomas Andrews Hamilton, quien junto al representante de la SIR, levantó un acta.

Luego se llevó a cabo una Junta Constitutiva, donde se acordó quiénes formarían y dirigirían la Junta de Acreedores, que en su mayoría son los propios trabajadores.

La mina Santa Ana, sin embargo, se sacó a remate en dos oportunidades: el 29 de diciembre, por una postura mínima de $ 1.000 millones, y el 23 de enero, por $ 500 millones. En ambas ocasiones no hubo postores, por lo que se declaró desierto.

Para los mineros, han sido tiempos difíciles. “Los primeros meses, sobre todo, fueron muy complicados, somos animales de costumbre y a algunos nos costó adaptarnos a esta nueva realidad, de vivir fuera de la mina”, cuenta Melanio Muñoz, minero con más de 20 años de experiencia.

Además, el seremi de minería, Lautaro Benítez, indica que la mina actualmente se encuentra con cierre total por una resolución de Sernageomin, entidad que levantará un informe técnico para analizar la viabilidad de futuras operaciones en el pique.

Panorama actual

En la última junta de acreedores, realizada el 22 de marzo pasado, se valorizó la empresa minera liquidada en $ 250 millones. También se acordó venderla como una unidad económica, que incluye pertenencia minera, paños y bienes inmuebles, entre otros. Así lo dio a conocer  el Coordinador de la SIR regional, Alejandro Elgueta. “Según el acuerdo, esta unidad económica se la adjudicarían los mismos trabajadores con cargo a sus respectivos créditos, por sus derechos laborales que no habían sido satisfechos (remuneraciones y vacaciones), y que ascienden al menos a $ 1.000 millones”, expresa.

Sin embargo, este acuerdo está sujeto a una condición. Para que los trabajadores puedan adjudicarse la mina tienen que pagar otras “obligaciones de mejor derecho”, entre ellas gastos de administración, créditos que se obtuvieron durante la liquidación para seguir funcionando y honorarios del liquidador. Todo eso está avaluado en cerca de $ 100 millones. Y el plazo para cancelarlos vence el próximo 23 de mayo. Es la fecha límite.

“El acuerdo de la junta es que se les adjudicará a ellos con cargo a sus créditos, pero antes deben pagar estas obligaciones, y para eso existe una fecha. Sin perjuicio de lo anterior, la junta puede resolver que se otorgue un plazo adicional para que puedan reunir esos recursos”, explica Elgueta.

El liquidador, Thomas Andrews, ha expuesto que “considera importante una continuidad económica de la empresa para poder mantener el valor de la mina”.

La posible compra

Luis Chandía, presidente del Sindicato de trabajadores de la mina Santa Ana, cuenta que la tarea de reunir los recursos no es fácil. “La voluntad de  traspasar la empresa a una nueva empresa, conformada por puros trabajadores (170), está; pero aún no se ha concretado; para hacerlo hay que contar con los honorarios del síndico y los gastos que ha generado esta quiebra”, explica.

“Además, para poder echar a andar el negocio, tenemos que tener un capital mínimo para poder operar, pero sabemos que si se administra bien logrará ser rentable”, agrega. Actualmente, los trabajadores de la mina Santa Anta se encuentran realizando la tercera etapa de los cursos que le ofreció el gobierno a través de Sence. Con todo, ellos apelan a la viabilidad de la mina.

El seremi Benítez señala también que, desde el punto de vista público, “nosotros no tenemos las herramientas para asistirlos financieramente, y lo veo difícil en el ámbito público, porque son exigencias y obligaciones entre privados”.

Según Alejandro Elgueta “no es de normal ocurrencia que esto suceda, lo cual obliga a los trabajadores también a organizarse, pues cada uno de ellos tiene derecho de distinto valor; ese valor le da la participación dentro de la liquidación y, eventualmente, dentro de la sociedad que ellos quisieran constituir a futuro”.

Los mineros hoy buscan financiamiento para poder, como ellos mismos señalan, “echar a andar la mina lo antes posible”.