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Chile

2 de Marzo de 2011.- La semana pasada se conoció la noticia acerca que la sociedad australiana PanAust recibió la aprobación final, mediante Decreto Supremo, para adquirir la participación mayoritaria en el proyecto Inca de Oro (de cobre y oro) de propiedad de la Corporación Nacional del Cobre (CODELCO).

Tras este acuerdo, la compañía oceánica PanAust, a través de Minera PanAust IDO Ltda, tendrá un 66 por ciento de participación en Inca de Oro S.A. y CODELCO mantendrá un 34 por ciento de participación. Hay que recordar que Inca de Oro es un yacimiento que contiene recursos inferidos e indicados de cobre y oro, equivalentes a 259 millones de toneladas, con una ley de mineral de 0,46 por ciento de cobre y 0,13 g/t de oro y, que anualmente podría producir aproximadamente 50.000 toneladas de cobre fino y 40.000 onzas de oro anuales, sobre 10 años de vida de la mina, con un costo neto competitivo.

Otro punto relevante de todo este acuerdo, es que Inca de Oro S.A. pagará un royalty a CODELCO sobre los retornos netos de fundición generados por el Proyecto Inca de Oro, eso sí, con un tope de 30 millones de dólares.

RENE AEDO ORMEÑO

Respecto a lo anterior, diversas han sido las reacciones, siendo una de las más categóricas la del ex diputado por Quinto Distrito y ex presidente de la Comisión de Minería de la Cámara Baja, René Aedo Ormeño, quien calificó como ilícita dicha transacción.

“La venta que pretende hacer CODELCO de este yacimiento es absolutamente ilegal, porque no cumple las leyes generales y específicas acerca de las transacciones de yacimientos que no se encuentran en explotación y que pertenecen a CODELCO”, expreso el médico, quien agregó que “para esto, se deben cumplir todas las leyes, no solamente algún artículo”.

Sobre lo mismo, el ex parlamentario indicó que “la ley principal que no la cumple en lo absoluto esta transacción, es el decreto ley 1.167 del año 75 de la Honorable Junta de Gobierno”, comentó Aedo Ormeño, añadiendo que “ahí se establece que para poder enajenar propiedades de CODELCO Chile, tienen que tener previa autorización otorgada por ley, es decir, para cada pertenencia minera que quieran vender, tiene que haber una autorización legal por ley a través del Congreso, y esta ley no la cumple en absoluto”, señaló.

Ahondando aún más en el aspecto legal, el ex legislativo manifestó que la mencionada transacción se está amparando parcialmente en la ley 19.137, “en que un acuerdo del directorio de CODELCO con una consulta a COCHILCO ­Comisión Chilena del Cobre­, y a través de un Decreto Supremo firmado por el ministro de Minería, se hace esa transacción, pero la verdad es que esa ley ­19.137­ establece que CODELCO cuando se asocia con terceros, debe propender a mantener la mayoría y aquí obviamente que no la mantiene”, aseveró.

Igualmente, René Aedo expresó que se transfirió el 100 por ciento de la pertenencia minera y se asoció en la explotación en un 34 por ciento, “o sea francamente está muy lejos del espíritu de la ley y además, esa misma ley establece que cuando se enajena más del 50 por ciento, tiene que hacerlo también con la autorización legal según así lo establece el artículo quinto de la ley 19.137”.

En cuanto al tope de 30 millones de dólares que se generarían tras el pago por parte de Inca de Oro S.A. a CODELCO, esto, sobre los retornos netos de fundición generados por aquel proyecto minero, Aedo Ormeño apuntó que “esos fueron contratos ‘leoninos’ que van contra los intereses del Estado”, a lo que agregó que siempre se deben privilegiar los intereses generales por sobre los particulares.

PASOS A SEGUIR

En cuanto a los pasos a seguir para revertir esta situación, el facultativo sostuvo que para que todos los antecedentes lleguen a oído y manos de las máximas autoridades del país, tanto la Cámara de Diputados como la Contraloría General de la República debieran objetar dicha venta, sumando a eso que siempre se “debe propender a que el Estado no tenga pérdida, a que no deje de percibir las legítimas ganancias.

En este caso, estamos hablando de un mineral que va a tener utilidades altísimas, sobre 100 millones de dólares al año”. Finalmente, René Aedo Ormeño dijo que todo esto no lo hace con el afán de apuntar a alguien como culpable, sólo que piensa que “esta transacción no debe ser realizada, porque es ilegal y segundo, si se hace debe hacerse en otras condiciones”, sentenció (Diario Chañarcillo).

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