El complejo escenario judicial para los dueños de mina San José

Chile

En el ámbito penal deberán enfrentar una nueva formalización que las familias, en su calidad de querellantes, esperan sea por el delito de homicidio frustrado. Los abogados de los mineros dicen que aquí hay un daño que deben reparar los privados y ta

14 de Octubre de 2010.- Ahora que el último de los 33 mineros atrapados en la mina San José fue rescatado, comenzarán a reactivarse todas las causas penales y civiles de estas víctimas y sus familias contra sus patrones, los dueños del yacimiento Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny.

En la arista penal, el abogado Edgardo Reinoso, profesor de Derecho de la Universidad de Valparaíso, quien representa a 29 de los 33 mineros señaló a La Nación que tras el rescate la Fiscalía de Atacama está en condiciones de solicitar la formalización de ambos por homicidio frustrado. Añadió que él ya pidió que apenas estén en buenas condiciones de salud los trabajadores sean interrogados para que detallen las medidas de seguridad en las cuales trabajaban.

“Sostenemos que acá hubo un homicidio frustrado pues las pruebas que existen son tan graves, demuestran tal desidia de los dueños de la mina que ellos pudieron y debieron dar cuenta que estos mineros trabajando de esa forma podían morir. La negligencia y la temeridad con la cual actuaron ha sido una de las cosas más atroces que me ha tocado ver”, sostuvo Reinoso.

El jurista, advirtió que los mineros tendrán secuelas, ya que “más allá de las sonrisas frente a las cámaras en los próximos meses van a ser trabajadores que han perdido su oficio. Muchos de ellos dudo que vuelvan a trabajar como mineros. Ese daño debe ser reparado por la empresa y también por el Estado porque esa mina no debería haber estado funcionando y fue autorizada por funcionarios públicos que también deben ser indagados”.

Prevaricación y demandas

Remberto Valdés, que patrocina a través de la Fundación Justicia y Seguridad Verdadera a Raúl Bustos, uno de los atrapados, indicó que buscarán que se fije “un antes y un después” de esto. “Se debe modificar la ley. El delito de prevaricación que cometen los funcionarios públicos tienen penas ridículas que van en la suspensión del cargo y una multa”, dice. El abogado agrega que pidieron a jueces civiles que recopilen los antecedentes de cómo se autorizó a funcionar a esa mina y abrir los patrimonios de los privados y de aquellos funcionarios que visaron el funcionamiento del yacimiento.

“Pedimos a estos jueces que pidan que tanto los dueños de la mina como los funcionarios públicos que visaron su funcionamiento entreguen los antecedentes en los cuales se fundaron para autorizar la reapertura del yacimiento. Con eso podremos probar en un juicio civil que no había antecedentes suficientes para hacerlo”, dijo ayer a La Nación Valdés mientras esperaba el rescate de su cliente.

El académico, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción, dijo que no les puede salir gratis a los dueños de la mina toda esta situación y que en este caso deberán resarcir a las personas que tienen calidad de víctima en esta causa y también al Estado que ha hecho una millonaria inversión en las labores de rescate.

Respecto a la carátula penal que seguirán, a parte del delito de prevaricación, Valdés dijo que tras los exámenes médicos que se le practiquen a Bustos definirán si hay lesiones o no. “Si las hay, pediremos que se persiga el cuasidelito de lesiones (…) Lo que más nos importa es que el Estado de Chile entienda el ‘antes y el después’ que hay en este caso en cuanto a la importancia de la fiscalización de la seguridad laboral de los mineros”, resumió el abogado.

Pericias

El abogado Reinoso adelantó que dentro de las diligencias que solicitarán al fiscal regional Héctor Mella, en la arista penal, está la toma de declaración de todos los trabajadores del yacimiento y que sean sometidos a pericias sicológicas y siquiátricas para demostrar daños y secuelas. “Las lesiones sicológicas pueden ser aún más graves que las físicas. De hecho hay un tipo de lesión que es el daño que les provocó a estos trabajadores haber estado privados de libertad durante 70 días casi y eso desde luego hay una sujeción de privación de derechos que no me cabe la menor duda de que en todos o la mayoría habrán secuelas de síndromes post traumáticos por lo que requerirán apoyo siquiátricas y sicológicos”, sostuvo.

Respecto a las demandas civiles que buscan indemnización por perjuicios causados y que irán contra Bohn y Kemeny, además del fisco, el abogado Reinoso dijo que estaban en proceso de notificación.

Finalmente sostuvo que “estamos felices, reconocemos las labores de los rescatistas, del ejecutivo que se ha portado muy bien, pero eso jurídicamente no nos puede hacer cerrar los ojos frente a las graves negligencias que han cometido otros funcionarios públicos”, dijo en alusión de los trabajadores del Sernageomin encargado de fiscalizar los yacimientos del país.

Los otros trabajadores

Los dueños de la mina San José ya están formalizados por el accidente que sufrió en el yacimiento el 3 de julio pasado el minero Gino Cortés en el que perdió una pierna. El trabajador comentó ayer a radio Cooperativa la falta de ayuda que encontró él por parte de autoridades de toda índole. “Si no hubiera pasado lo del derrumbe (del 5 de agosto, cuando "los 33" quedaron sepultados), nadie hubiera sabido de mi accidente, probablemente sólo mis familiares y mis más cercanos (…) cuando mis compañeros me iban a ver (tras el accidente) me decían 'Gino, esto es un aviso, algo va a pasar'”, dijo a la radioemisora.

Por su parte, Javier Castillo uno de los dirigentes de los trabajadores de la minera San Esteban (propietaria de la mina San José) dijo a Cooperativa para recordar que este accidente respondía a un sistema de abusos que deben soportar los trabajadores en Chile. “El rescate es algo extraordinario, pero lo que nos preocupa es que se esté fijando toda la atención de lo extraordinario del rescate. (Entendemos que) es lo que se tenía que hacer: agotar todas las instancias para salvar a nuestros compañeros, el punto está en que este rescate es consecuencia de una falta de respeto a la normativa legal, de la precariedad del trabajador minero”, advirtió.

Llamado de atención de la OIT

En medio de la euforia general por el rescate, el director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el chileno Juan Somavía, hizo un llamado de atención recordando que los trabajadores quedaron atrapados porque “las medidas de seguridad eran insuficientes”. “En muchos países donde se trabaja en minería, ésta es la ocupación de mayor riesgo que existe”, añadió. Sin embargo, espera que la atención mundial que ha generado el rescate en Chile avive el debate sobre la seguridad laboral e impulse nuevas políticas al respecto.

Fisco prepara terreno para demanda

Luego que el Sexto Juzgado Civil de Santiago concediera las medidas precautorias solicitadas por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), quien representa los intereses del fisco, el pasado 23 de septiembre, ahora el organismo trabaja en una eventual demanda contra la minera San Esteban por los costos del rescate.

Estas medidas son la gestión previa para la interposición de una acción judicial y, con ellas, el CDE busca asegurar la restitución de las sumas invertidas por el fisco en el rescate, según el escrito.

En su resolución, de 23 de septiembre, la jueza civil Romy Muller prohibió celebrar actos y contratos respecto de 42 pertenencias mineras, 32 automóviles y tres bienes raíces pertenecientes a la compañía. También accedió a ampliar el plazo para presentar la demanda hasta 30 días hábiles.

Hasta el 16 de septiembre, el CDE calculaba que el fisco ya había incurrido en gastos que bordeaban los 1.800 millones de pesos. Pero se estima que en total se llegue a una cifra cercana a los cuatro mil 873 millones de pesos (La Nación).

Portal Minero