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Chile

1 de Septiembre de 2010.- Sin hacer mayores cambios respecto de la propuesta original y en medio de un escenario de apoyos inciertos, el gobierno ayer anunció oficialmente, la presentación del proyecto de ley para aumentar el royalty a la minería.

Fue el mismo presidente de la República Sebastián Piñera, quien en La Moneda y flanqueado por sus ministros de Hacienda, Felipe Larraín; de la Secretaría General de la Presidencia, Cristián Larroulet; de Economía, Juan Andrés Fontaine; y de Minería, Laurence Golborne, firmó el documento que, en todo caso, al cierre de esta edición, aún no ingresaba para su tramitación legislativa en el Congreso Nacional.

En su presentación, el mandatario, junto con destacar que con esta propuesta "buscamos que las grandes empresas mineras puedan hacer una mayor contribución al esfuerzo de reconstrucción de nuestro país, debido al terremoto, pero también al desarrollo y mejoría en la calidad de vida de los chilenos", también subrayó que el proyecto "establece una fórmula novedosa de compartir la bonanza del cobre entre las grandes empresas y todos los chilenos".

Ello, en alusión a la nueva tabla impositiva que se plantea, que va del 4% a 9%, aplicable sobre el margen operacional de cada empresa y que se mantendría vigente por tres años.

A las nuevas inversiones se aplicaría una tabla del 5% al 9%, por lo que el gobierno espera recaudar cerca de US$ 1.000 millones. Cabe recordar que en su primer proyecto, el gobierno propuso una tabla del 3,5% al 9%. La invariabilidad, en tanto, se mantiene.

"El impuesto establece como tasa mínima el 4% que tenemos hoy, y por tanto, asegura un piso que es equivalente a la tasa que hoy tenemos, pero permite que cuando el precio del cobre esté en niveles altos, como ha ocurrido en los últimos años, y esperamos que siga ocurriendo en el futuro, el Estado y todos los chilenos seamos, en cierta forma, socios de la industria minera y podamos compartir esos beneficios".

30% a las regiones

En su presentación, el mandatario también destacó el nuevo compromiso asumido por el gobierno en esta iniciativa en relación al hecho de establecer que el 30% de los recursos, recaudados por este impuesto, vale decir, algo así como US$ 300 millones, se destinarán a las regiones. Dicho punto había sido planteado en la discusión del texto anterior, pero con un margen del 25%.

En la ocasión, el mandatario también hizo un llamado al Parlamento a aprobar la iniciativa, subrayando que tenía la confianza que "todos los que queremos un Chile más grande, más justo, más próspero, con más empleo, con regiones más empoderadas, con mejor salud y mejor educación, van a apoyar este proyecto de ley".

El llamado del mandatario a respaldar la propuesta no es casual. Es que en el gobierno están conscientes que en medio de las discrepancias que tiene la Concertación, que aún no logra consensuar su propia propuesta en la materia, es posible alinear un par de votos de la DC, que sumados al oficialismo permitirían conseguir las mayorías suficientes para sacar adelante la iniciativa y no seguir dilatando la discusión sobre el tema.

De hecho, el mismo ministro Larraín reconoció, tras reunirse con la bancada de diputados PRI­Independientes, que es necesario aprobar a la brevedad este proyecto para comenzar a disponer, el próximo año, de los recursos que contempla. Así también se hizo cargo de las críticas porque el proyecto ingresaría con suma urgencia.

"Hemos tenido más de un mes desde que terminó la discusión de este proyecto en la Comisión Mixta. Ahora iniciamos otro período. Realmente, qué más necesitamos en términos de tiempo, los argumentos están sobre la mesa para que podamos tener los recursos disponibles para 2011 (...) Las empresas tienen que optar de forma voluntaria y eso quiere decir que van a tener que solicitar autorización en sus casas matrices", explicó (DF).

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