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9 de Septiembre de 2010.- Escasos cambios respecto de la versión elaborada en 2008 por la administración anterior le introdujo el Ministerio del Medio Ambiente al anteproyecto de norma que regulará las emisiones a la atmósfera de las centrales termoeléctricas del país.
Esta situación habría movilizado al Ministerio de Energía, en un intento por evitar que esta normativa implique el cese de operaciones de instalaciones que actualmente sustentan parte de la demanda del país, especialmente en el norte.
En lo referido a los límites establecidos para la operación de unidades a base de carbón, diésel y gas natural, la autoridad mantuvo los rangos definidos anteriormente para emisiones de material particulado, dióxidos de nitrógeno (NOx) y óxidos de azufre (SO2), tanto para unidades existentes como para las nuevas. Estos criterios son diferenciados, siendo más exigentes para la segunda categoría.
La propuesta original fue fuertemente criticada en el sector privado, que la calificó como altamente exigente y superior a aquellas vigentes en economías desarrolladas, como las de la Unión Europea.
Por lo anterior, algunas firmas, incluso, manifestaron que estarían obligadas a cerrar algunas instalaciones más antiguas, porque la inversión necesaria para cumplir con la norma no sería viable en esos casos.
Excepción
Previendo que tras la cancelación del proyecto Barrancones (de la francesa GDF Suez en la Región de Coquimbo) era difícil que el criterio contenido en el anteproyecto se flexibilizara, el Ministerio de Energía estaría evaluando pedir una excepción para las centrales térmicas más antiguas que operan de base en el sistema.
Se trata de unidades sin las cuales no se logra cubrir todo el consumo de una zona, pero que a la luz de los parámetros de la regulación correrían el peligro de cerrar sus puertas.
La preocupación de la cartera estaría centrada en el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), que ante la mayor demanda eléctrica de las mineras no cuenta con holguras suficientes en la generación como para enfrentar la salida de unidades antiguas que podrían no ser sujetas a inversiones para reducir sus emisiones (ver recuadro).
Conocedores de los planes de la cartera, que no está directamente representada en el Comité de Ministros de la Conama, sino que actúa a través del Ministerio de Economía, explicaron que pensando fundamentalmente en esta zona, se barajan dos ideas: la primera estipula que cuando la norma entre en vigencia lo que contempla un período de instalación de tres años, estas unidades sean autorizadas a operar durante algunas horas, como capacidad de respaldo, para cubrir los momentos de mayor demanda eléctrica.
La segunda opción es que para estas unidades que en el SING representan el 10% (345 MW) del parque térmico existente se fije una prórroga respecto de la entrada en vigencia de la obligación, a fin de que sigan en operación hasta que esté disponible la nueva capacidad eléctrica en construcción. Esta última podría cubrir ese déficit de oferta que se proyecta.
Cambios menores
El martes, el anteproyecto de la norma que regula las emisiones de centrales termoeléctricas fue presentado por el Ministerio del Medio Ambiente al Consejo Consultivo de la Conama, instancia que integran representantes del mundo privado, académicos, ONGs y entidades sindicales.
El contenido del proyecto, respecto del cual este grupo consultivo no logró acuerdo y seguirá debatiendo la próxima semana, tiene un cambio. Éste consiste en la obligación para las empresas de medir en línea sus emisiones, habilitando su acceso público a todos los interesados.
El sistema ya está contenido en los planes de varios de los proyectos en desarrollo, como por ejemplo, el complejo Guacolda, en la Región de Atacama.
El texto preliminar no menciona la tecnología hipercrítica, que hace más eficiente la quema del carbón en calderas, pero no se descarta que esto se incluya en el análisis del comité de ministros en las próximas semanas.
Medición
El consejo consultivo debatirá si los límites de emisiones serán por complejo de generación o por unidad. Centrales con más de 24 años de operación podrían no lograr cumplir los límites establecidos
El anteproyecto de norma de emisiones establece límites para las emisiones de material particulado (MP), dióxido de nitrógeno (NOx) y óxidos de azufre (SO2) que podría no ser cumplidos por el 16% (722 MW) del parque térmico del Sistema Interconectado Central (SIC) y el 10% (345 MW) de la capacidad instalada en el Norte Grande (SING).
La data de estas centrales, que es superior a 24 años, es el elemento que complica que puedan ser adaptadas para cumplir con los límites de emisión para estos gases, fijados para generadoras en operación.
En el SIC, entre las centrales que superan este período de operación están Laguna Verde (55 MW) y Ventanas (338 MW) de Gener, así como Bocamina (125 MW) de Endesa.
En el Norte Grande, en tanto, figuran las unidades 10, 11 y 12 (153 MW) del complejo Tocopilla de ECL (ex Edelnor), cuyos ejecutivos han planteado la opción del cierre.
La norma incluye también la reducción de emisiones de metales pesados como mercurio, níquel y vanadio, que están presentes en combustibles fósiles como el carbón.
La Conama estimó en su momento que el costo para adaptar todo el parque termoeléctrico en operación a la norma de emisión ascendería a US$ 1.741 millones. Esta cifra deberá ser traspasada a las tarifas de las empresas generadoras, lo que en alguna medida repercutiría en las cuentas de luz (Emol).
Portal Minero
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