Argentina
La medida que deberá ser aprobada previamente por las legislaturas provinciales busca preparar a la comunidad antes de la llegada de un proyecto minero.
Martes 23 de Febrero de 2016.- Con el objetivo de proteger a las comunidades vecinas a las mineras, el Gobierno en Argentina, anunció que impulsará la creación de un Fondo de Responsabilidad Social Empresaria, donde se buscará desarrollar a las comunidades impactadas por los yacimientos, así lo informó el diario trasandino La Nación.
Según la publicación, de concretarse esta medida, implicará volver a crear una retención sobre las exportaciones de las empresas, esta vez del 1%, para alimentar el fondo.
Pero esta medida no sería la única sostiene diario La Nación, ya que en declaraciones del secretario de Minería, Daniel Meilán, y el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, además de crear el fondo, se pretende reformar el Acuerdo Federal Minero, redefinir regalías, reactivar las unidades de gestión ambiental provinciales y centralizar la información de la actividad, para abrirla al público.
El ministro Bergman, habría señalado que estudia "aumentar los controles y penalidades en los casos de contaminación" y una nueva ley para regular los seguros ambientales obligatorios de las mineras.
La Nación indica que la dificultad para avanzar en una normativa o cualquier cambio que lleve a controles más eficientes -y con un grado mayor de credibilidad social- parte del hecho de que los recursos mineros corresponden por mandato constitucional a las provincias. Por ende, también su control y el cuidado ambiental. De esta manera, los controles estarían a cargo de estados provinciales que entrarían en quiebra si los yacimientos dejaran de funcionar. Y coloca de ejemplo a mina La Alumbrera, propiedad de Glencore, que en 17 años aportó USD 4.820 millones al fisco de Catamarca y los USD 663 millones que aportó en 2014 solventaron los presupuestos de dos ministerios y dos secretarías de Estado. Ese mismo año, mina Veladero, de Barrick Gold, habría realizado compras a proveedores de San Juan por USD 1.505 millones sosteniendo las arcas provinciales a través del impuesto de ingresos brutos. El medio trasandino acota que el año pasado, Veladero declaró haber vertido 1 millón de litros de solución cianurada al Río Potrerillos.
Por otro lado, el Ministro Meilán manejaría detalles y precisiones de proyectos que espera poder desarrollar y de 21 programas específicos que espera articular con las provincias, más allá del Fondo de Responsabilidad Social Empresaria. "El fondo se aplicará a los proyectos prefactibilizados y se administrará de acuerdo a los parámetros del programa EITI (Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, por sus siglas en inglés) para controlar que el dinero sea destinado al desarrollo de las comunidades y de proveedores locales. La idea es preparar a esas comunidades para que estén listas para aprovechar las oportunidades que genera la mina", dijo a La Nación.
Para implementar el fondo se deberá lograr que las legislaturas provinciales lo aprueben y en primer lugar necesitará la aprobación del Consejo Federal de Minería y la Ofemi, para posteriormente ser aprobado por el Congreso nacional y, luego, por las legislaturas provinciales y municipales.
La Nación asegura que Meilán espera lograr el acuerdo en seis meses, pero la tarea bien podría durar años. Una reforma del Acuerdo Federal Minero, de las regalías o la creación de cualquier organismo de control deberán seguir la misma línea de tiempo. "El gobierno no puede imponer controles, puede proponer. La constitución no deja otra alternativa", remarca el ministro, que contaría con el apoyo de empresas y gobernadores mineros, que lo consideran el padre del régimen de estabilidad creado durante el gobierno de Menem.