Bernardo Larraín, "La agenda energética es ambiciosa y desafiante"

Chile

Lunes 19 de Mayo de 2014.- El presidente de Colbún, Bernardo Larraín Matte, hace un balance positivo de los pilares contenidos en la agenda energética que el jueves pasado dio a conocer la Presidenta Michelle Bachelet junto al ministro de Energía, Máximo Pacheco, en el Patio Las Camelias de La Moneda. Esos pilares darán pie al desarrollo de una política energética de corto y largo plazo durante 2015.

La impresión de Larraín es relevante. Colbún, una de las tres mayores generadoras del Sistema Interconectado Central (SIC), junto a Endesa y AES Gener, puso la voz de alerta en relación a la falta de una política necesaria para el desarrollo de los proyectos eléctricos en Chile. Lo hizo en el minuto que decidió suspender los estudios sobre la factibilidad de una línea de transmisión para el proyecto hidroeléctrico HidroAysén, que desarrolló en conjunto con Endesa en Aysén.

Bernardo Larraín dice que en la agenda energética del gobierno “están contenidos los principales desafíos que se deben enfrentar para desenredar el nudo energético en el cual nos encontramos”. Sin embargo, hace hincapié en el riesgo que se corre al tener una batería de iniciativas, procesos y proyectos de ley que se deben desarrollar en los próximos años, lo que podría terminar siendo, dice, “una excusa para seguir postergando las decisiones”.

¿La agenda resuelve los problemas del sector?

Es una agenda ambiciosa. Pone en blanco y negro muchas cosas que han estado en el ámbito de la discusión y del debate. Es un paso importante para enfrentar la problemática energética. Es desafiante el objetivo de reducir los costos de generación y los precios de la energía en un período corto de tiempo.  Me refiero a que las reducciones de precio esperadas se tendrán que materializar en las licitaciones de empresas distribuidoras de los años 2014 y 2015 que van a representar el 50% del consumo residencial y comercial de Chile en la próxima década. En esos procesos los precios de la energía deberán estar en niveles 25% más bajos que los de la última licitación. Eso es muy desafiante, es complejo lograrlo, pero la virtud de las metas desafiantes es que son movilizadores de acción.

¿Qué acciones?

Plantea acciones en el ámbito de la demanda, como es modificar las bases de licitación, de tal forma de atraer e incentivar a distintos actores, proyectos y tecnologías para que participen de los procesos de licitación. Por otro lado, tiene acciones en el lado de la oferta. Pone en igual nivel de importancia el desafío de desarrollar mayor generación con fuentes renovables no convencionales de manera de cumplir con la meta de que representen el 20% al 2025, con el desafío de desarrollar el 80% restante en base a fuentes como la hidroelectricidad, termoeléctricas a gas y carbón. También le da un mayor valor al plan de obras de la Comisión Nacional de Energía (CNE), al decir que se cumplirá con ese plan y se desarrollarán los proyectos que ahí se indican.

¿Se pueden concretar esos objetivos?

Hay factores que no dependen del país. El precio internacional del Gas Natural Licuado (GNL) ha variado mucho, tiene precios muy bajos en el mercado local de EE.UU y altos en el mercado de exportación a Asia. ¿A qué precio llegará a Chile? Estará entre esos dos extremos, pero pensar que llegará a precios especialmente bajos a Chile, en circunstancia de que el principal mercado de compra es el asiático y que hoy está pagando precios muy altos, sería un poco ingenuo.

Viendo ese escenario ¿es factible bajar los costos marginales en 30% al 2017?

Depende de muchos factores exógenos, como son los factores hidrológicos, el precio de los combustibles, aspectos que ninguno de nosotros manejamos.

¿Cuál es la clave de esa baja? ¿El gas?

En muchas ocasiones, el costo marginal ha estado marcado por el costo de generación con petróleo diésel, el que si es reemplazado por gas, implicaría una baja en los costos marginales.

Si eso se estimula, ¿podría producirse esa baja?

Como dije antes, los costos marginales, que hoy han estado marcados por el diésel, sí tenderían a la baja. Sin embargo a los precios actuales del GNL en los mercados internacionales no se ve tan fácil que en base a gas se pueda generar precios de largo plazo más bajos que los precios determinados por la generación hidroeléctrica o a carbón por ejemplo.

¿Es la agenda que esperaba?

En la agenda están contenidas iniciativas para enfrentar los principales desafíos que para desenredar el nudo energético en el cual nos encontramos. Además, tiene la virtud de poner el tema energético en un nivel de importancia mayor y de pasar del debate y el diagnóstico a un documento que pone metas, plazos y proyectos de ley.

¿Qué diferencia tiene esta agenda de la que se planificó en el anterior gobierno?

Esta agenda hace referencia al informe de la Comisión Asesora del Desarrollo Energético que se hizo en el anterior gobierno. Ese informe era más bien de grandes lineamientos y diagnósticos. Era el primer piso.  Lo que veo en esta agenda es el segundo piso.

¿Es más concreta?

Es una evolución del diagnóstico y de los grandes lineamentos, hacia acciones, medidas y proyectos de ley.

Pero ¿ve riesgos?

Que todos estos proyectos de ley, iniciativas y procesos que se establecen terminen siendo una excusa para seguir postergando decisiones. Espero que sea lo contrario:, que terminen siendo la manera  de viabilizar y legitimar la toma de decisiones que el desarrollo energético requiere.

El documento dice que quiere dar “señal nítida a todos los actores del compromiso del gobierno para impulsar las inversiones en materia energética”. ¿Es tan nítida esa señal?

Es un paso en el sentido correcto. Lo que se transmite es que el Estado no será neutro respecto del desarrollo de proyectos de inversión que permitan cumplir el objetivo que se puso que es tanto de reducción de costos marginales como de precios. No se le puede pedir más a un documento. Viene la etapa siguiente que son los procesos, las acciones y la política energética.

¿Es una señal clara para el inversionista que se le dé más peso al plan de obras de la CNE?

Que se diga que para lograr el objetivo de bajar los precios se requiere no sólo desarrollar el potencial de ERNC para cumplir con el 20% de la ley, sino que también desarrollar proyectos hidroeléctricos y termoeléctricos para cumplir con el 80% y que serán los que mayoritariamente se presentarán en las próximas licitaciones, y que lo vincule con el plan de obras de la CNE, por supuesto que lo hace una señal más concreta respecto del desarrollo de esos proyectos. Esa es la novedad, porque este plan, que era netamente indicativo, pasa a ser un instrumento que da ciertas señales de qué proyectos se deben desarrollar para lograr el objetivo de reducción de precios, el que se deberá verificar en las licitaciones de los próximos dos años.

¿Qué otro aspecto destaca?

El segundo tema que destaco es el desarrollo de un proceso participativo durante el año 2014, para tener una política energética nacional de largo plazo en el año 2015. Un tercer tema es que destaca y destina un capítulo completo a ello, la necesidad de desarrollar fuentes energéticas en base a recursos propios cómo la hidroelectricidad y  las fuentes no convencionales, como la energía solar y geotermia.

¿Les preocupa el mayor rol del Estado?

Hay bastante consenso en que el Estado debe ser más activo en ciertas materias. Es legítimo que el Estado no sea neutro en relación a la matriz energética del país.  Debe tener un sesgo hacia fuentes propias, sustentables y competitivas. El Estado también debe ser un actor que articula, porque se van a establecer una serie de procesos donde participarán distintos actores. El Estado fija las reglas del juego de esos procesos y sus plazos. Por eso, no veo tanto debate en un rol más activo del Estado en estas materias.

¿Este mismo rol genera más certidumbre sobre el desarrollo de los proyectos?

El Estado ha sido un poco inmovilista en algunas materias. La última reforma relevante del sector energético fue el año 2005, con la ley corta 2. Es cierto que ha habido cambios relevantes en la institucionalidad ambiental. Sin embargo, se ha debatido mucho sobre la importancia de temas como el ordenamiento territorial, la descentralización tributaria -es decir, que parte de los tributos que generen los proyectos quede en la región-, sobre la participación ciudadana temprana, sobre los cambios en la regulación de transmisión, en el sentido que se planifique con más holgura de manera de facilitar la entrada de nuevos proyectos y actores. Llevamos más de cinco años discutiendo estos temas y no han habido iniciativas del gobierno para enfrentarlas o liderazgo para avanzar en ellas...

Un gobierno, que maneja al Estado en sus períodos gubernamentales, tiene dos alternativas: encauzar sus decisiones energéticas u otras en la institucionalidad, o promover modificaciones asociadas a un contexto social más demandante y complejo, propio de una sociedad más moderna.

¿El rol más activo que se le asigna ahora a Enap es de alguna manera una crítica explícita al sector privado por no hacer su trabajo?

Soy pragmático. Que Enap tome la iniciativa de hacer un nuevo terminal de regasificación y que se aumente la capacidad de los terminales existentes, es positivo. Somos un actor que tiene centrales de generación  que podrían usar más GNL  en condiciones de largo plazo, y, junto con muchos otros actores, que podríamos agregar nueva capacidad en base a ese combustible.

¿Estarían dispuestos ahora a asociarse con Enap?

A nosotros, como a otros actores del sector,  nos interesa más que se aumente la capacidad de regasificación y que sea de acceso abierto y transparente, que quién emprenda tal iniciativa. Para comprar GNL en los mercados internacionales, que es un mercado bastante complejo, con estructuras comerciales complejas y de largo plazo, es fundamental tener acceso a capacidad de regasificación en forma predecible y transparente.

¿Está conforme con la mención que se hace al tema de las compensaciones?

Creo que hubiera sido bueno una propuesta precisa sobre un mecanismo de contribución a las comunidades. Unos lo  llaman descentralización  tributaria  y otros  aporte a las comunidades o compensación. Esto viene discutiéndose desde 2007 o 2008 cuando hubo un proyecto de ley, que no avanzó. Hubiera esperado una propuesta más concreta en esa materia.

¿Esta agenda energética es contradictoria con los impuestos verdes que se están discutiendo en la reforma tributaria?

Si el atributo que se busca en una matriz energética fuera sólo precio, claro, sería contradictorio poner impuestos a una fuente de generación. Pero los atributos que se buscan son tres: precios, seguridad y sustentabilidad. Por lo tanto, no necesariamente es contradictorio.

¿Cuál es la postura de la empresa en relación a esos impuestos?

Creemos que deben ser simétricos. Es decir, que todas las fuentes fijas que emitan estos gases tengan el mismo tratamiento. Además que los criterios deben estar establecidos con precisión en la ley sin espacio para una discrecionalidad posterior en su aplicación.

¿Coincide con la crítica de Gener respecto a los efectos en los precios?

No coincidimos con esa estimación. De partida el precio final de la energía no está determinado por una sola fuente de generación. El supuesto de ese cálculo es que toda la matriz se va a ir a GNL y que desaparece los nuevos desarrollos hidroeléctricos, a carbón o ERNC. Eso es difícil que se dé en la realidad. Nuestra estimación es que el costo de desarrollo completo de una central a carbón sube entre 5% y 8%, y si eso se tradujera al cliente final, sería la mitad: 2,5% y 4%.

La Tercera