Chile: sus compromisos medioambientales con la OCDE

Antonio Carracedo, Gerente Comercial de RAM

Los resultados de la Segunda Evaluación de Desempeño Ambiental realizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), dados a conocer a finales de julio, destacan los avances de Chile en el fortalecimiento de nuestra institucionalidad ambiental y entrega recomendaciones para avanzar como país hacia un desarrollo económico sustentable.

Un punto destacado en la información que el país presentó a la OCDE, es la Dictación en 2010 del Decreto Supremo N° 2 del MINSAL que prohíbe la exportación de baterías plomadas fuera de uso gracias a que Chile posee la capacidad para procesarlas de manera segura y responsable dentro de sus propias fronteras. Lo anterior está en línea con los compromisos internacionales establecidos por el Estado a través del Convenio de Basilea (ratificado por nuestro país) y del propio ingreso a la OCDE, que buscan precisamente que los países miembros desarrollen capacidades internas para hacerse cargo de sus residuos peligrosos.

Sin embargo, todo lo que hemos avanzado en esta materia se ve amenazado por la postura pública expresada por algunas autoridades que se han mostrado a favor de derogar el Decreto 2, cediendo a la presión que han ejercido grupos económicos que buscan debilitar la industria del reciclaje nacional. Esto, sin contar el impacto que sacar estos residuos de Chile tendría para el medio ambiente y la salud de la población más vulnerable de países vecinos, sujetos a normativas menos exigentes. Esto representa un potencial atentado a los Derechos Humanos y un conflicto internacional que nuestro país no merece, dañando de paso a otros sectores que operan con estándares de desempeño globales como la Minería.

Además de echar por tierra un largo trabajo público-privado entre las autoridades, y el gremio de las empresas y profesionales del medio ambiente, la derogación de este decreto significaría un cambio incomprensible de las reglas del juego que acabaría con fuentes laborales, inversiones y el desarrollo de ingeniería nacional aplicada impidiendo la entrada de nueva industria nacional del reciclaje.

El pasado mes de mayo fue promulgada la Ley 20.920 que establece el marco para la Gestión de Residuos, Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje, cuyo reglamento se encuentra en plena elaboración.  Esta es una oportunidad que debemos aprovechar al máximo como país, atendiendo adecuadamente la preocupación de todos los sectores, otorgando el espacio para desarrollar nuevos actores, combatiendo y sancionado el procesamiento ilegal de residuos y especialmente honrando nuestros compromisos.

Antonio Carracedo, Gerente Comercial de RAM-Recicladora Ambiental