El actual escenario de la minería, a un año del accidente en la mina San José

Chile

Un año ha pasado desde el rescate de los 33 mineros desde la mina San José. Muchas cosas han cambiado, especialmente en lo referido a las exigencias de seguridad en las faenas del país.

17 de Octubre de 2011.- Es indudable que existe un antes y un después del accidente en la mina San José, en la Región de Atacama, especialmente en materia de seguridad.

Chile ha sido un país minero durante toda su historia. Incluso antes de la llegada de los españoles ya existían faenas. Hay registros de que el oro de Andacollo, por ejemplo, era enviado al Cuzco, en pleno auge del imperio inca.

Además, los inmigrantes europeos considerados los padres de la minería moderna en el país, como Ignacio Domeyko y Carlos Lambert, desarrollaron sus actividades en la región, marcando para siempre el perfil productivo local.

El accidente en la mina San José produjo un revuelo mediático mundial, lo que obligó a las autoridades a implementar cambios que hicieran de las minas un lugar más seguro para trabajar, sin importar su tamaño. De ahí que, entre otras cosas, el Servicio Nacional de Geología y Minería, conocido popularmente como Sernageomin, comenzara a exigirles a los productores la existencia de planes de manejo y de seguridad en las minas.

A cambio, este organismo da la autorización para que el productor pueda incorporarse a los padrones de la Enami, requisito esencial para que esta empresa estatal le compre sus minerales.

Al menos eso es en teoría, ya que de acuerdo a empresarios del rubro, es muy probable que a marzo de 2012, cuando vencen los actuales padrones, muchas faenas pequeñas no hayan terminado los trámites con Sernageomin, retraso que atribuyen a la poca capacidad que tiene este organismo para atender la gran demanda existente. Esto se podría traducir en un aumento de la ilegalidad y por tanto, de faenas no regularizadas y menos seguras para trabajar.

Las autoridades de gobierno, en cambio, ven la situación de otra manera. Con cifras en mano explican que el objetivo de reducir la tasa de accidentes, especialmente los fatales, se ha conseguido, calificando las diferentes acciones implementadas como “más efectivas”. En 2010, sólo en la Región de Coquimbo, hubo 12 fallecidos por tragedias ocurridas en la actividad. A la fecha, sólo se ha catalogado un accidente con consecuencias fatales, aunque en las últimas semanas se registraron dos episodios con igual número de personas muertas, pero como no termina la investigación para determinar las causas, aún no están calificadas como accidente minero.

Además, el gobierno ha promocionado el cumplimiento de algunas metas propuestas en cuanto a formación de monitores mineros y de mejoramiento de las capacidades humanas y técnicas de Sernageomin para enfrentar la alta demanda.

Imperativo valórico

Alberto Salas, presidente de la Sociedad Nacional de Minería de Chile (SONAMI), recuerda que mucho antes que el accidente en la mina San José trajera al debate público este tema, “la minería ya tenía la seguridad como un imperativo valórico”.

“Como Sonami lo dijimos en su momento, la seguridad de los trabajadores mineros está por encima de la productividad, por ello nuestros índices de accidentabilidad sectoriales han sido sistemáticamente menores si se les compara con otras actividades económicas”, aseveró el dirigente empresarial.

Salas sostiene que para alcanzar estos resultados han hecho su colaboración, especialmente, para apoyar a los más pequeños productores. Entre las tareas realizadas, indica que se han editado guías de buenas prácticas en seguridad y junto a Enami y Sernageomin, han participado de un programa especial de apoyo en temas de regularización de faenas, el cual tiene como meta “regularizar hacia fines de año al 100% de los productores inscritos, que en muchos casos presentaban problemas de orden administrativo. De hecho, hemos logrado la regularización de 300 de un total de 800, esperando concluir el proceso a fines de este año”, aseguró.

Miguel Aguirre, presidente de la Asociación Minera de Illapel, reconoce que estas acciones han tenido buenos resultados en materia de seguridad, ya que las autoridades agudizaron las fiscalizaciones, aportaron más fondos para seguridad y “los dueños de minas también comenzaron a tomar medidas”, todo lo cual ha significado una reducción significativa en el número de accidentes.

Los problemas

Stella Segura, presidenta de la Asociación Minera de Ovalle, ve el tema diferente y no tan maravilloso como lo describen las autoridades. Ella sostiene que estas mayores exigencias, “objetivamente, han provocado efectos negativos”.

A su juicio, los cambios impuestos luego del accidente en la mina San José, aunque está de acuerdo con ellos, provocaron “una estampida de personas, quienes desaparecieron del sector, pero entre comillas”.

La dirigente expresa que el número de productores que le venden a Enami se ha reducido, pero el volumen en sobre stock no varía. Esto a su parecer estaría indicando que hay muchos mineros “que están detrás”, es decir, que no están en el padrón, pero igual le venden a la Enami a través de otros mineros que sí están en el respectivo listado y que, por lo tanto, operan en la ilegalidad. Esto se traduciría, añade Segura, en un potencial problema y en una bomba de tiempo, ya que al no haber registro de estas faenas, es muy difícil que la autoridad les fiscalice el cumplimiento de las medidas de seguridad.

A esto se sumaría la poca capacidad operativa de Sernageomin, a pesar del aumento de personal y de los recursos económicos entregados. “La verdad es que no estamos ninguno legalmente trabajando, porque las carpetas (para regularizar las faenas) fueron entregadas al Sernageomin, pero no tiene gente para salir a terreno, para fiscalizar a la gran, mediana y pequeña minería”, expresó.

El resultado, a su parecer, es que a la fecha “han sido visadas no más de 30 ó 40 faenas en toda la región”. De ahí que advierte que es muy difícil que se llegue a marzo de 2012 con la totalidad de las minas regularizadas y, por tanto, habrá muchos mineros que no podrán venderle a la Enami, situación que fomentará la ilegalidad.

Para Alberto Salas, “el aumento de fiscalizadores ha sido significativo”, pero indicó que “es aventurado definir un número como suficiente”.

Por ello es de la idea de que se reconozca que la minería es una actividad con un potencial de riesgo relevante y que, por tanto, “más importante que la cantidad de fiscalizadores externos, son la política y las acciones de prevención de riesgos que se desarrollan al interior de las empresas”.

Salas reconoce que en los meses inmediatamente posteriores al accidente de la mina San José, “se produjo una gran inquietud en los productores de la pequeña minería, ya que efectivamente aumentó la fiscalización del Sernageomin, lo que derivó en el cierre de algunas faenas”. Sin embargo, aclaró que “el cierre afectó a una cantidad menor de faenas, las que volvieron a la actividad en la medida que iban cumpliendo con lo solicitado por la autoridad fiscalizadora”.

La visión del dirigente nacional, por tanto, difiere a lo planteado por Stella Segura. Salas considera que “observando la cantidad de productores que continúan vendiendo a Enami, debemos concluir que no ha habido mayor impacto. Hay que recordar que en este proceso de regularización de la actividad, se consideró un periodo de transición, lo que ha permitido evitar la finalización de operaciones por este motivo”.

Últimos episodios

Durante las últimas semanas en la provincia de Limarí se han registrado dos accidentes en yacimientos mineros. Uno ocurrió el viernes 7 de octubre, en la localidad de Huampulla, en Río Hurtado, mientras que el otro sucedió el 3 de este mismo mes en el pique El Delirio, a unos 8 kilómetros de Punitaqui.

Stella Segura indica que estas situaciones, aunque aún no se han catalogado como accidentes mineros, se están originando porque los mineros estarían trabajando asustados y en vez de concentrarse en la faena, están pendientes de que no vaya a llegar una camioneta a fiscalizarlos.

La seremi de Minería, Jocelyn Lizana, reconoce que las mayores exigencias en las minas se han producido, pero que todo apunta a resguardar la seguridad de los trabajadores, ya que la meta “es no tener accidentes”.

Para ello recordó que en abril del año pasado, mucho antes del accidente en la San José, ya se había iniciado una campaña para tratar de revertir la creciente ocurrencia de tragedias en el sector, la cual ha sido “efectiva” al bajar el número de fallecidos.

“En términos reales, en mediana y gran minería, no hemos tenido ningún accidente grave ni fatal, lo cual refleja que los esfuerzos que se vinieron haciendo desde el año pasado hoy día están dando sus frutos”, aseveró la funcionaria de gobierno.

El mayor desafío, en este sentido, está en la pequeña minería, donde a los accidentes ocurridos en Huampulla y Punitaqui, se suma un tercero que se produjo en abril pasado en la mina Flor del Bosque, ubicada en Monte Patria, y en el cual murió un trabajador.

Para Lizana, el trabajo realizado en esta área ha tenido dos áreas de acción, una orientada a evitar los accidentes en la mediana y gran minería, donde se trabajó de forma coordinada con Sernageomín, las mutuales de seguridad y las empresas mineras, para evaluar y modificar los procedimientos de seguridad. La otra apuntó a la minería de menor escala, donde entre otras cosas se efectuó la capacitación a los mineros como monitores de seguridad. “Con eso hemos podido poner a un pirquinero por cada faena minera preocupado por la seguridad de él y la de sus compañeros, lo que obviamente ha ayudado a bajar las tasas”, aseguró. Lo anterior, precisó la funcionaria de gobierno, ha sido complementado con la entrega de equipamientos de seguridad.

Respecto a la regularización de faenas, señaló que a la fecha “hay unos 600 planes presentados en el Sernageomin que no contaban con los permisos”, proceso que se ha dado de la mano de la incorporación de fiscalizadores en el organismo y de personal que tramita la propiedad minera.

“Nuestro servicio hoy día, prácticamente, duplicó su personal, y seguirá creciendo. De hecho, la Seremía, de tener un personal de 20 trabajadores a fines de 2011, seremos, prácticamente, 80”, indicó.

Para Lizana, quien ha sido partícipe y testigo de los últimos cambios que ha sufrido la industria en el último año, la conclusión en materia de seguridad es que “podemos hacer muchas campañas, poner un fiscalizador en cada faena, pero la seguridad minera no se resuelve poniendo gente a mirar que se hagan bien las cosas, sino que parte por el autocuidado”, indicó (Diario El Día).

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