Gobierno estaría evaluando cambiar "derechos de agua" por "concesiones".

Chile

Con esta fórmula todo el sistema se alinearía a los mecanismos que rigen hoy en la minería, donde el Estado es el dueño del recurso, pero otorga permisos de explotación.

Miércoles 28 de Mayo de 2014.- Un proyecto de ley ingresado en abril pasado sería el que estaría mirando con mayor detención el gobierno para realizar la reforma constitucional que reconocería al agua como bien de uso público. La moción fue presentada por un grupo de senadores y propone establecer en la constitución “el derecho al agua y su acceso en cantidad y calidad suficiente para satisfacer las necesidades básicas individuales y colectivas”.

Fue el Delegado presidencial para los Recursos Hídricos, Reinaldo Ruiz, quien reconoció el lunes que gobierno evaluaba sumarse a una moción parlamentaria ya existente para la que ya se denomina "reforma del agua". El proyecto que estaría en la mira del Ejecutivo sería el mencionado, aplicándole las correcciones necesarias, como señaló el personero. En la iniciativa se señala también que "El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las aguas, incluidos los glaciares, sin perjuicio de las excepciones legales y de reconocer o conceder su uso y aprovechamiento a particulares de acuerdo a la ley”. El dueño de las aguas en el país sería el Estado, y no los particulares.

En ese sentido, la moción propone explícitamente eliminar el inciso final del numeral 24 del artículo 19 de la Constitución, el que señala que “los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”. Expertos en la materia señalan que esta modificación libera al Estado de expropiar los derechos de agua; sin embargo, al no establecer el carácter del agua como bien de uso público, ésta quedaría como bien fiscal, por lo que el Estado debería regular cada uno de los usos que se le puede dar.

Lo anterior contravendría el deseo de la Presidenta Michelle Bachelet, quien en su discurso del 21 de mayo señaló que buscaría que el agua fuera un bien de uso público, algo que incluyó en un proyecto de su mandato anterior. En todo caso, explica el Senador Girardi, uno de los promotores del proyecto en cuestión, la idea es que el gobierno opte por una fusión de las mociones de reforma constitucional en la materia del agua que están en el Congreso. Además,  es esperable que el Ejecutivo ingrese indicaciones al mismo.

Girardi ha explicado que al tener el Estado el dominio de las aguas, se optaría por cambiar los derechos de agua por concesiones; tal cual funciona hoy en la minería, donde el Estado es el dueño del recurso, pero otorga concesiones de explotación. Pero hay otro punto del proyecto de los Senadores que los expertos destacan como complejo: cómo se establecerá cuánta es la “cantidad” y qué se considerará por “acceso”, que es lo que se busca garantizar como derecho.

?Otras consideraciones?

El proyecto de los senadores establece también que “el Estado deberá proveer de los servicios básicos necesarios para garantizar este derecho y el acceso al agua potable y el saneamiento”. En este punto, dicen entendidos, el gobierno tendría que actuar como una empresa sanitaria. En todo caso, Girardi explicó que esto podría hacerlo el Estado traspasando la responsabilidad a una firma privada, tal cual lo hace hoy.

Finalmente, el texto señala que “la ley asegurará el manejo integrado de cuencas y de los acuíferos para armonizar su uso y acceso en forma participativa; y establecerá los requisitos mínimos para garantizar este derecho, las prioridades de uso de las aguas, favoreciendo el consumo humano, así como las condiciones para adquirir, ejercer, restringir y caducar los derechos otorgados sobre ellas”. Los expertos en este caso celebran que se establezca una prioridad de uso, aunque explican que ello se podría realizar sólo donde aún queden derechos por otorgar, y no en afluentes donde ya se han otorgado derechos de uso.

Iniciativas anteriores

En 2010 el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet ingresó una reforma constitucional que también buscaba modificar la situación del agua en el país, aunque no afectaba "la certeza y seguridad jurídica de los propietarios de los derechos reales de aprovechamiento de aguas". El proyecto señala que "las aguas son bienes nacionales de uso público, cualquiera sea el estado en que se encuentren, el lugar en que estén depositadas o el curso que sigan, incluidos los glaciares". Además señalaba que "la autoridad competente tendrá la facultad de reservar caudales de aguas superficiales o subterráneas, para asegurar la disponibilidad del recurso hídrico".

Por su parte, Girardi y otros parlamentarios ya habían ingresado el 2008 una moción para cambiar el derecho constitucional del agua. "Decláranse de utilidad pública, a efectos de expropiación, todas las aguas de la Nación y los derechos que sobre ellas se hayan constituido o reconocido", señalaba ese texto, e indicaba que "la ley establecerá prioridades de uso de las aguas, así como las condiciones para adquirir, ejercer y caducar los derechos sobre ellas". En todo caso, el senador señaló que ese proyecto no hacía mención de los glaciares, razón por la cual espera que la nueva iniciativa sea acogida.

DF