Perú
28 de Octubre de 2011.- La Alianza por la Minería Responsable (ARM) planteó hoy mejorar el marco legal vinculado al uso del mercurio y cianuro con el objetivo de establecer parámetros técnicos claros que permitan luchar contra la minería informal.
La ARM es una iniciativa global constituida en el 2004 con el propósito de mejorar la equidad y el bienestar de las comunidades Mineras Artesanales de Pequeña Escala (MAPE) a través de prácticas sociales, ambientales y laborales mejoradas.
La presidenta de la ARM, María Laura Barreto, indicó que en la actualidad no existe claridad en dicha legislación, por lo que se sigue usando estos insumos en la minería informal, sin restricción alguna.
Pese a ello consideró a Perú como un ejemplo internacional de lucha contra la minería ilegal debido a las normas que implementó en los últimos años para erradicar esta actividad.
Durante el II Foro Internacional: Problemática de la Extracción Ilegal de Minerales, organizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), dijo que se requiere establecer parámetros técnicos a la relación entre la gran minería y pequeña minería, para determinar el tratamiento que tendrá cada sector.
Agregó que otra recomendación para la lucha contra la minería ilegal es prohibir el uso de procesos específicos que causen graves impactos ambientales.
“Otra alternativa es darle prioridad a la atribución de títulos mineros fuera de los cursos de agua”, aseveró.
Explicó que medidas como prohibir la pequeña minería en una determinada zona del país no necesariamente ayuda a erradicar la minería informal, ya que algunos mineros pueden desarrollar sus actividades en zonas permitidas para la gran minería.
Barreto manifestó que una manera de incentivar la regularización de mineros informales es desarrollando programas específicos de créditos para diferentes segmentos de pequeña minería y minería artesanal.
“Fomentar la formalización de los mineros ayuda a reducir la pobreza, debemos tener en cuenta que existen entre 100 millones y 150 millones de personas involucradas en esto en 50 países”, detalló (Andina).
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