¿Qué pasó con el código de minas?

Colombia

Lunes 05 de Mayo de 2014.- Esto, después de que la Corte Constitucional declarara inexequible en 2011, el nuevo marco normativo, por falta de consultas previas con comunidades étnicas.

El alto tribunal le dio al Gobierno dos años para impulsar un nuevo Código de Minas, con la debida socialización. Pero ese tiempo no se aprovechó y hace un año se negó el plazo adicional pedido por el entonces ministro Federico Renjifo. La imprevisión se buscó subsanar con cuatro decretos.

Pues bien, dos de ellos, el 935 y el 943, fueron suspendidos parcialmente por decisiones del Consejo de Estado hace cerca de dos meses, básicamente, porque se excedieron en la facultad reglamentaria y lo que disponen debe establecerse por ley.

Se abren dos huecos

Por una parte, se cae el "estimativo económico de inversión", previsto en el Decreto 935, como requisito para verificar la capacidad financiera a la hora de otorgar un título minero.

Así las cosas, cerca de tres mil solicitudes que hacen fila en la Agencia Nacional de Minería (ANM) es probable que deban resolverse sin atender ese criterio que buscó frenar el llamado "carrusel de títulos": que casi solo con la cédula una persona pueda solicitar un título minero, lo que se prestó en el pasado para especular con éstos.

El otro retroceso se presenta con la suspensión parcial del Decreto 943. Esto deja sin piso la "verificación de condiciones actuales" de un título para evaluar la autorización de su prórroga, es decir, poder revisar a fondo planes de gestión técnica, ambiental y social, así como nuevas inversiones, entre otros aspectos.

"Hoy, con solo haberse presentado la prórroga, prácticamente, se obtiene, y no se pueden renegociar sus condiciones.  Esa posibilidad cobija a unos 5 mil títulos otorgados bajo el antiguo código de 2001", explicó a este diario una fuente oficial, quien considera necesaria una reforma que contemple la división clara de exigencias para pequeña, mediana y gran minería.

De esos problemas ya sabe el Ministerio de Minas y Energía. Este diario intentó, sin éxito, consultar al jefe de la cartera, Amylkar Acosta Medina. No obstante, el funcionario se refirió públicamente el miércoles pasado a la que considera una reforma minera necesaria, durante una tertulia sobre propuestas para el posconflicto, en la Universidad Nacional.

"Se desaprovechó tiempo precioso que dio la Corte Constitucional de dos años cuando moduló su fallo y le pidió al Gobierno que presentará el nuevo código. Pero otros (sus predecesores) prefirieron expedir una cantidad de decretos que nunca pueden ir más allá de la cancha de la misma ley", argumentó Acosta Medina.

Ahora esa cartera deberá evaluar cómo enfrentar esa contingencia por quererse conjurar con decretos lo que solo es posible por la vía legislativa. Entre tanto, ya hay dos borradores de reforma que, dice Acosta, están en socialización: uno elaborado por el Ministerio con la esperanza de que sea radicado en el segundo semestre y otro que ya fue radicado en el Congreso por varios diputados del país y se encuentra en estudio en la comisión quinta del Senado.

"Estamos en la socialización de uno y otro proyecto para que haya una lluvia de ideas. Participaré en su momento de la discusión y plantearé mi punto de vista para que, al final, cuando estemos en condiciones de adelantar la consulta previa, tengamos claridad del Código que se necesita para el país", concluyó el ministro de Minas esta semana.

¿Reforma?, no

Lo más probable es que si el próximo gobierno radica la reforma, lo que dependerá de la voluntad política de quien sea electo presidente, el Congreso la acumulará con la propuesta de los diputados y, eventualmente, habría nuevo Código de Minas vigente solo a partir de 2015.

Pero el Sector de la Minería a Gran Escala (Smge), que representa los intereses de las 13 principales productoras del país, considera que las normas vigentes están dadas las condiciones para desarrollar una minería responsable en Colombia.

"Desde el punto de vista de la institucionalidad pública, los grandes problemas son de gestión, eficiencia y transparencia. No hay que caer en la tendencia, muy a la colombiana, de que todo se resuelve a punta de leyes, sino hacer énfasis en la aplicación contundente, clara, precisa y oportuna de la normatividad", afirma Claudia Jiménez Jaramillo, directora del gremio.

Asimismo, confía que sean prorrogadas en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo las regulaciones ambientales para la minería que están contenidas en el actual (Ley 1450 de 2011) con la delimitación de zonas mineras, excluyendo páramos y humedales, el registro de comercializadores mineros (Rucom) y la creación de las áreas de áreas de reservas mineras estratégicas.

"Pero no hemos visto ningún proceso objetivo de selección de esas ocho áreas estratégicas desde que las dispusieron en 2011, por eso el tema no es de normas, es aplicar las que tenemos", concluye Jiménez, quien ya entregó a los candidatos presidenciales las propuestas de la industria minera para los próximos cuatro años (ver recuadro).

Urge la reforma

Pero otra cosa muy distinta cree Álvaro Pardo Becerra, director de Colombia Punto Medio, centro de estudios mineros, quien considera que el Código de Minas de 2001 se diseñó de manera que favorece particularmente el desarrollo de la gran minería y pone en clara desventaja a pequeños y medianos mineros.

"La idea de "primero en el tiempo, primero en el derecho" para entregar un título y que está en la Ley 685 es un principio colonial que debimos haber cambiado por procesos de selección objetiva para que se asigne a las empresas que mejores condiciones ofrezcan y no como ahora que el único requisito es que el área solicitada esté libre", señala el consultor.

Además considera que desde la academia, la sociedad y parte del Congreso hay consenso en el cambio de un modelo de desarrollo minero, pues el actual entrega la explotación de los recursos del subsuelo bajo una renta mínima y no hay procesos productivos de valor agregado de lo que se extrae. "Ya es hora de que el Gobierno abra el debate de la reforma, no puede ser que esa tarea sea definida en la oficina del ministro, en Bogotá (…), debe darse participación a las regiones, entendiendo de forma integral la incidencia de la actividad minera en el territorio", concluye Pardo Becerra.

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