Chile
La empresa enfrenta una semana determinante. El Gobierno debe nombrar a tres nuevos directores, en una decisión que, según fuentes de la industria minera, entregará luces sobre la autonomía de la corporación por los próximos años.
Lunes 12 de Mayo de 2014.- Codelco, una de las mayores empresas productoras de cobre del mundo, enfrenta días decisivos: se juega la calidad de su gobierno corporativo, el espacio de independencia política de sus directores y altos ejecutivos, y el poder que tendrán los sindicatos durante los próximos años para dilatar las medidas de contención de costos en los yacimientos menos productivos.
Nada extraordinario para una empresa del Estado, pero Codelco no es cualquier empresa, sino la más importante del país.
Según la ley de presupuestos 2014, este año la corporación debería aportar al fisco US$ 3.149 millones, cifra que equivale al 5% de todos los ingresos del Estado y que es 30% más alta que todo lo que aportarían las empresas de la gran minería privada. Además, es uno de los mayores empleadores del país, con 67 mil trabajadores directos e indirectos, y cuna de un fuerte sindicalismo: el 89,9% de sus empleados directos pertenece a algún sindicato.
Decisión ad portas
Este lunes, el Gobierno debería dar a conocer los nombres de los tres directores que reemplazarán a Fernando Porcile, Juan Luis Ossa y Andrés Tagle.
De este directorio dependerá la continuidad o la remoción del presidente ejecutivo de la corporación, Thomas Keller.
Otro frente abierto —y que trasciende al poder de decisión de la administración de la empresa— es la definición pendiente por parte del Ministerio de Hacienda sobre la fórmula para financiar los proyectos estructurales de la compañía. La realización de las inversiones planificadas para este año (unos US$ 1.200 millones) dependerá de la capitalización que se asigne a la empresa.
Todo, en un entorno marcado por el envejecimiento de sus yacimientos y por la caída del precio del cobre.
Finalmente, los costosos beneficios obtenidos por los trabajadores del yacimiento de Chuquicamata a través de múltiples negociaciones colectivas —según el plan de la estatal, esta mina debería finalizar su explotación a rajo abierto en 2018— no solo ha generado roces entre la administración y los sindicatos, sino que ha dejado ver un fuerte quiebre entre los propios trabajadores del frente norte.
Thomas Keller: menores costos, excedentes por US$ 25.240 millones y difícil relación con sindicatos
Aunque varios nombres han sido sondeados —José Pablo Arellano, Marcelo Tokman, José de Gregorio, Oscar Guillermo Garretón, Isabel Marshall, Andrea Repetto, Laura Albornoz y la ministra Aurora Williams—, todavía no hay una decisión a firme sobre quiénes serán los tres profesionales que se integrarán al directorio de Codelco a partir de esta semana.
Lo que sí se sabe es que ese directorio resolverá en los próximos días la continuidad o la remoción del presidente ejecutivo de la corporación, Thomas Keller.
El ejecutivo tiene a su favor una gestión considerada positiva por el comité de directores e incluso por un sector de la Nueva Mayoría: durante el período 2010-2013 Codelco generó excedentes antes de impuestos y Ley Reservada del Cobre por US$ 25.240 millones. Estas cifras se ven favorecidas por la ganancia extraordinaria de US$ 3.791 millones derivada de la compra del 24,5% de la propiedad de Anglo American Sur (AA Sur). Además, el programa de contención de costos iniciado en 2012 permitió alcanzar un ahorro de casi US$ 500 millones. Por primera vez en ocho años, la compañía bajó sus costos.
Sin embargo, su talón de Aquiles es la compleja relación que mantiene con algunos sindicatos. Raimundo Espinoza, Presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) ha pedido a través de los medios de comunicación y ha hecho lobby para promover la remoción de Keller, apelando a que el ejecutivo ha carecido de liderazgo para sacar adelante los proyectos estructurales y que, a través de los programas de desvinculación, ha hecho que la compañía pierda know how.
Pero además, ha señalado que Codelco es una empresa que debe administrarse no solo con criterios técnicos, sino también políticos. Por ello, señaló, es difícil concibir que el presidente de una compañía no tenga afinidad con las nuevas autoridades: “Siempre he puesto el ejemplo de Diego Hernández (ex presidente ejecutivo de la corporación), quien se fue porque no había compatibilidad con el directorio. Si sigue o no Thomas Keller, va a depender de quién llegue al directorio, pero en todas las empresas tiene que haber afinidad entre los directores y los ejecutivos”, señala.?
Fuentes de la industria minera leen las críticas del líder sindical como un intento por demostrar fuerza en un momento de debilidad: “Los sindicatos han perdido fuerza en la administración de Codelco. Ahora tienen menos entrada en el gobierno que con el gobierno de Sebastián Piñera. Hay autoridades que no los han recibido. Quieren demostrar que son capaces de condicionar el nombramiento del presidente ejecutivo de Codelco. Las autoridades de gobierno y un sector importante de parlamentarios de la Nueva Mayoría están claramente por la gobernabilidad de la empresa y por maximizar los aportes que ésta hace al fisco”, aseguran.
La posición de Espinoza, agregan, también puede leerse como una respuesta a la ofensiva de reducción de costos que ha impulsado Keller y que lo ha llevado a rebajar los sueldos de los proveedores y de intentar hacer lo mismo con los trabajadores.
Otro activo de Keller, señalan esas mismas fuentes, es que durante estos cuatro años la administración de la empresa mostró suficiente autonomía respecto al gobierno de Piñera. Una prueba de ello, dicen, es que en varias instancias los directivos de la compañía criticaron duramente al Ejecutivo por no entregar los recursos necesarios para la capitalización.
En julio de 2013, por ejemplo, el presidente del directorio de Codelco, Gerardo Jofré, explicó a la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados que la estatal le había solicitado al Gobierno los US$ 3 mil millones en utilidades retenidas que derivaron de la compra de Anglo American Sur, más US$ 1.200 millones en recursos frescos para costear el plan de inversiones 2013, pero que el Gobierno le concedió US$ 1.000 millones provenientes de la adquisición de AA Sur, usando una figura contable que no se traduce en recursos frescos.
Keller, en tanto, envió una carta a los trabajadores explicándoles la situación en la que se encontraba la empresa tras la negativa de Hacienda: "Esto (los US$ 1.000 millones provenientes de la venta de Anglo) no implica un aporte de recursos frescos para financiar nuestros proyectos. Esto nos impulsa a revisar y priorizar nuestro plan de inversiones. Vamos a realizar todos los esfuerzos necesarios para que el efecto de esta decisión sea el menor posible, especialmente sobre los proyectos estructurales", señaló en esa oportunidad.
El presidente de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, Jorge Insunza (PPD) es uno de los que considera que hay que sacar a la empresa del espacio político: “Yo valoro la concentración de las energías de la empresa en la realización de proyectos estructurales, aunque veo con preocupación que no se haya resuelto la relación con los trabajadores. Eso es sensible en un sector con un sindicalismo maduro. Yo estuve en el congreso que realizó la FTC en abril, en La Serena, y claramente los trabajadores están concientes de que se deben bajar los costos, pero eso se hace con diálogo”.
La integrante de la Comisión de Minería de la Cámara, Yasna Provoste (DC), en cambio, cree la administración y gestión de Codelco tiene un claro componente ideológico, el que debería estar reflejado en los directivos que dirijan la empresa, sobre todo ahora que se discutirán múltiples fórmulas para financiar los proyectos de la compañía, que van desde la capitalización al endeudamiento.
Una tercera alternativa, que de tanto en tanto se menciona como opción, pero que no está sobre la mesa hoy, es la apertura de un porcentaje de la propiedad. “Aumentar los niveles de producción, mantener la empresa en manos del Estado, no seguir tercerizando y no hacer maniobras encubiertas para privatizarla, es claramente un tema ideológico. Tengo una postura crítica respecto a la gestión que ha hecho esta administración y me parece que tiene que ser evaluada por el directorio”, señala.
Proyectos estructurales requieren capitalización por US$ 1.200 millones para este año
Para desarrollar sus proyectos estructurales —Chuquicamata Subterránea, Nuevo Nivel Mina El Teniente, Sulfuros Fase II y la expansión de Andina— preservando su clasificación de riesgo, Codelco necesita poner en marcha un plan de financiamiento que implica capitalizar US$ 1.200 millones en 2014 seguido de US$ 800 millones cada año para 2015, 2016 y 2017.
Además, el plan contempla un endeudamiento al cierre del 2018 de US$ 16 mil millones.
En el Ministerio de Hacienda han señalado que una fórmula para capitalizar a la empresa sería utilizar una parte de los recursos acumulados en los fondos soberanos, los que ascienden a US$ 23 mil millones.
Esto incluso se podría hacer utilizando la figura de una deuda subordinada que asumiría la empresa contra los recursos de los fondos soberanos. Esto le permitiría financiar sus proyectos sin alterar su clasificación de riesgo.
También existe la alternativa de seguir endeudando a la compañía vía emisión de bonos, situación que según fuentes de la industria es la peor opción, puesto que podría tener efectos para otras empresas chilenas.
“El endeudamiento de Codelco es el benchmark para todas las empresas del país. Además, si se opta por el endeudamiento y el precio del cobre se cae complicando la situación de Codelco, la pregunta del caso va a ser quién sobreendeudó a la empresa. Otra opción, pero que no tiene viabilidad política, es abrir el 10% de la propiedad a capitales privados”, según fuentes de la industria.
La última opción es no capitalizar a la compañía y suspender el proyecto de Chuquicamata Subterráneo y dejar que ese yacimiento cierre en 2018.
Trabajadores de las divisiones Radomiro Tomic, Gabriela Mistral y Ministro Hales rechazan fusión con Codelco Norte
Las dificultades para recuperar la competitividad de Chuquicamata —el segundo yacimiento más antiguo de la corporación, después de El Teniente— es otro de los frentes abiertos. Entre los años 2010 y 2013, la empresa desarrolló 28 negociaciones colectivas con 35 sindicatos, y en la mayoría de los casos logró remover de los convenios las condiciones que limitan las facultades de la administración. No se cumplió, no obstante, con el objetivo de contener la tendencia alcista en materia de costos laborales en Chuquicamata.
Estos costos se ven incrementados, entre otras razones, por los beneficios que obtienen los trabajadores, sus familias y cercanos, los que, según fuentes de la industria, se alejan de la realidad de otras divisiones de la empresa y no tienen relación con los decrecientes niveles de productividad de ese yacimiento.
El costo total de los programas de salud de Chuquicamata, por ejemplo, es el más alto de la industria.
“El gran problema de Chuquicamata —dicen fuentes de la industria— es la cogestión que se da entre los ejecutivos y los sindicatos. Los directivos destinan gran parte del tiempo a discutir con los delegados sindicales, antes de tomar decisiones”, plantean.
Durante la semana, de hecho, los sindicatos de las divisiones Radomiro Tomic, Gabriela Mistral y Ministro Hales publicaron inserciones en los diarios de Calama, manifestando su total rechazo a una eventual fusión de estas tres divisiones con Chuquicamata.
¿Qué hay detrás de esta negativa a reeditar un solo gran frente en el norte? “Los trabajadores de las divisiones Radomiro Tomic, Gabriela Mistral y Ministro Hales rechazan todas las gestiones y el despliegue mediático ostentado por los sindicatos de Chuquicamata, quienes, como históricamente lo han hecho, en vez de asumir su nueva realidad productiva, pretenden aprovechar las condiciones favorables de otras divisiones, intentando desconocer el mayor esfuerzo de los trabajadores de tres divisiones a las que nunca se les ha regalado nada”, señala la declaración.
Dirigentes sindicales de Chuquicamata han salido al paso de estas recriminaciones, señalando a los medios locales que, de materializarse, la refundación de Codelco Norte no interferiría en los actuales contratos colectivos —suscritos independientemente por los trabajadores de cada división—, y que lo que buscan con esta demanda es un mayor aprovechamiento de capacidades instaladas, evitar dobles costos logísticos y lograr sinergias.
Emol