Excedentes de Ley Reservada del Cobre llegarían a USD 5.254 millones

Chile

Lunes 26 de Mayo de 2014.- Aunque varias veces se ha anunciado su derogación sin que ello ocurra, esta vez parece que los fondos acumulados por la Ley Reservada del Cobre tienen sus días contados.

El ministro de Hacienda, Alberto Arenas, señaló recientemente que, ante la estrechez de recursos fiscales, una de las alternativas que se barajan para apuntalar las finanzas públicas es utilizar parte de los recursos destinados a compras militares, a lo que se sumó la confirmación por parte del ministro de Defensa, Jorge Burgos, de que durante el segundo semestre de este año enviará al Congreso un proyecto que crearía un nuevo mecanismo de financiamiento para las adquisiciones de las Fuerzas Armadas.

La Ley Reservada del Cobre fue creada en 1958, bajo el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, y modificada en 1973 y en 1985; y establece que el 10% de las exportaciones de Codelco debe destinarse al financiamiento de compras militares. Hasta 2004, esas platas se repartían en partes iguales entre el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina, con un piso de unos USD 220 millones por cada rama, más las asignaciones adicionales aprobadas por el Gobierno. Sin embargo, el explosivo aumento del precio del cobre que se presentó a partir de ese año llevó al gobierno de la época a cambiar ese criterio.

Para evitar la discusión que se habría generado con el envío de un proyecto de ley, la entonces ministra de Defensa, Michelle Bachelet, optó por quitarles a las Fuerzas Armadas el control de esos dineros a través de una interpretación de la ley, medida que fue visada por la Contraloría: los dineros que estuvieran por sobre el piso establecido para cada institución serían administrados por el Gobierno a través de una cuenta especialmente creada para esos fines.

Desde enero de 2011, además, mediante un decreto supremo se determinó encargar el cuidado de los fondos acumulados al Banco Central. 

Durante la última década, Codelco ha transferido USD 11.726 millones al fisco para compras militares según las memorias de esa corporación, de los que se han gastado USD 6.472 millones de acuerdo a cálculos del analista en defensa Eduardo Santos (DC).

El excedente alcanzaría los USD 5.254 millones -sin considerar la rentabilidad de esos fondos-, que son precisamente los dineros que podrían utilizarse para otros fines, como financiar parte del déficit fiscal o liberar recursos para la reconstrucción tras el terremoto del Norte Grande y del incendio de Valparaíso.

Para el senador y ex ministro de Defensa Andrés Allamand (RN), la idea insinuada por Hacienda de recurrir a esos fondos es una mala propuesta, ya que el Estado tiene a su disposición mejores alternativas, como la posibilidad de recurrir a fondos de libre disposición y a un mayor endeudamiento. Además, el fondo acumulado dista de tener una cantidad abultada de dinero, ya que una parte importante de esos recursos están comprometidos, señala.

Analistas estiman que los pasivos de las Fuerzas Armadas ascenderían al menos a USD 2.000 millones, a lo que se sumarían nuevos requerimientos de dinero si el Gobierno decide viabilizar varios programas de renovación de material que están en estudio.

Para Eduardo Santos, utilizar los excedentes con fines distintos a la compra de armas sí podría convertirse en un buen negocio para el fisco, en la medida que esos dineros se inviertan en proyectos como la capitalización de Codelco, pero no si se destinan a gasto.

¿Cuáles son los planes de Hacienda en esta materia? Para la capitalización de Codelco se enviará un proyecto de ley en el segundo semestre y para financiar las emergencias del terremoto e incendio de Valparaíso (USD 1.250 millones) se recurrirá a reasignaciones, activos financieros y Ley Reservada del Cobre, señalan desde ese Ministerio.

La eventual utilización de fondos acumulados en la Ley del Cobre considerará no poner en riesgo las capacidades actuales y futuras de las Fuerzas Armadas. Así lo asegura el ministro de Defensa, Jorge Burgos, quien, en todo caso, descarta que someter este tema al escrutinio del Congreso abra un escenario de incertidumbre para el desarrollo de los programas de compras militares. “Todo lo contrario. Una ley que ponga al día a nuestro país en materia de financiamiento de nuestras inversiones en sistemas de armas produce certidumbre. Y esta proviene de la posibilidad de planificar para el mediano y largo plazo, con la participación del Congreso Nacional. En todo caso, cualquier alternativa legislativa debe cuidar las capacidades alcanzadas”, dice el secretario de Estado.

Y aunque no se pronuncia con respecto a una fórmula concreta, considera que los presupuestos plurianuales apuntan en esa dirección: “La ventaja esencial de los presupuestos plurianuales es la posibilidad de planificar en el mediano y largo plazo con el preciso objeto de cuidar nuestras capacidades estratégicas”.

Platas que ya se han utilizado

Esta no sería la primera vez que el Estado utiliza las platas destinadas a Defensa con fines distintos: En 2010, el gobierno de Sebastián Piñera utilizó USD 614 millones de la Ley Reservada del Cobre para tareas de reconstrucción civil posterremoto y US$ 439 millones para la reconstrucción de la base naval de Talcahuano. Esto se hizo a través de un proyecto de ley específico.

Con todo, el gasto del gobierno de Piñera sin considerar los dineros destinados al terremoto fue 52% superior al del primer gobierno de Bachelet y, durante el primer trimestre de 2014, gastó el 100% de las transferencias de Codelco, las que ascendieron a USD 241 millones, según cifras de Eduardo Santos.

¿Por qué se cayó un proyecto casi aprobado?

En el mediano plazo la situación financiera de las tres ramas podría tornarse un poco más complicada si la Ley Reservada del Cobre no es reemplazada por un mecanismo de financiamiento estable. Según la economista de Libertad y Desarrollo, Cecilia Cifuentes, es razonable derogar la Ley Reservada y establecer una forma alternativa de financiamiento, pero en el Congreso ha sido difícil lograrlo justamente porque algunos sectores no ven con buenos ojos este tipo de inversiones y preferirían discutir el presupuesto para compras militares públicamente todos los años, “lo que no es razonable”.

En 2002, por ejemplo, el PPD, la UDI y sectores del PS solicitaron al gobierno del ex Presidente Lagos una completa revisión de la compra de aviones F-16 para la Fuerza Aérea, cuando el trato entre el Estado de Chile y la compañía estadounidense Lockheed Martin por más de USD 650 millones ya estaba prácticamente cerrado. Ese mismo año, el Gobierno tuvo que echar pie atrás con la materialización del proyecto Tridente de la Armada, que consistía en la construcción de tres fragatas nuevas en los astilleros de Asmar. ¿Las razones? Presiones relacionadas con el alto costo del proyecto.

Para Allamand, todo este debate podría haberse evitado: “El tema debiera haber quedado resuelto si se hubiera seguido tramitando el proyecto de ley que presentamos en 2011 y que fue aprobado de manera casi unánime en la Cámara de Diputados, pero que inexplicablemente fue paralizado en el Senado por el gobierno anterior”.

Ese proyecto establecía presupuestos plurianuales de cuatro años y la creación de un fondo de contingencia, lo que permitía cuidar actuales capacidades militares y resolver el déficit estructural de las Fuerzas Armadas: “El financiamiento de proyectos de renovación de equipos no considera los dineros para su mantención ni para actualizarlos según las nuevas exigencias”, señala Allamand.

El Mercurio