La RSE comienza donde termina la ley

Eva Soto, PUCV

La responsabilidad social corporativa (RSC) también llamada responsabilidad social empresarial (RSE), se define como la contribución activa, sistemática y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas; adicionalmente el propósito es mejorar su situación competitiva y valorativa, sobre todo su valor añadido.

Ahora bien, en abril del 2013, se crea en nuestro país el Consejo de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible (DS 60/2013), incorporando directrices fundamentales, tales como:

• Los Diez Principios del Pacto Global de Naciones Unidas.

• Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales.

• ISOO 26000 Guía de Responsabilidad Social.

• Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social de la OIT.

• Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos.

• Declaración final de Río + 20, “El Futuro que Queremos”.

Es indispensable que las organizaciones sean responsables de los impactos de sus decisiones y actividades en la sociedad y el medio ambiente; es decir, la comunidad debe evidenciar que el comportamiento es transparente y ético. Y dicho sea de paso debe ser coherente y consistente con el desarrollo sostenible, por lo tanto debe incluir el bienestar general de la sociedad, que no dañe la salud de las personas ni el entorno, que contribuya a la calidad de vida. Más allá de los clásicos regalos “comunitarios” – como tiempo atrás: camisetas para el equipo de fútbol local, hermoseamiento de la plaza, incorporación de juegos infantiles, etc.

Pues va mucho más allá, ha de incorporar las expectativas de sus partes interesadas – la organización y su entorno – su área de influencia directa, se valora infinitamente iniciativas que fomentan proyectos de las comunidades, que ellos mismos gestionan, actividades que contribuyen genuinamente con la calidad de vida, el deporte y la sustentabilidad en general, destacando en nuestra región las organizaciones portuarias y mineras, en el cumplimiento de este cometido.

Por otra parte, se indica que la RSE también ha de estar al día en términos normativos – higiene, seguridad, medio ambiente, salud ocupacional, etc., ; y si va más allá de la ley, profesa un estándar superior, cumple con todo, no presenta problemas en declarar lo que hace, ni menos en ser fiscalizado por los organismos gubernamentales competentes.

Chile presenta una extensa lista de normativas asociadas a RSE, y que están disponibles gratuitamente en el sitio web de la Biblioteca del Congreso Nacional, pues el propósito es desarrollar una conciencia democrática con un énfasis en la solución de las necesidades sociales, es otras palabras es realizar transformaciones sociales, que aporten al desarrollo del país, y que esté implantado en la visión de los negocios de las organizaciones, que no sólo sea un apéndice molesto – además ha de ser “mensurable” en términos de desempeño, qué hice, cómo, qué logré, cuáles fueron los impactos en la comunidad, etc., etc.

A continuación se presentan las directrices a tener en cuenta – y que forman parte de los Instrumentos de RSE con los que cuenta la DIRECON del Ministerio RREE de Chile. Y que en las siguientes columnas serán desarrolladas, con estudios de casos en nuestra región de Valparaíso.

1. Contribuir al progreso económico, social y medioambiental con vistas a lograr un desarrollo sostenible.

2. Respetar los derechos humanos de las personas afectadas por sus actividades de conformidad con las obligaciones y compromisos internacionales del gobierno de acogida.

3. Estimular la generación de capacidades locales mediante una cooperación estrecha con la comunidad local, incluidos los sectores empresariales locales.

4. Fomentar la formación del capital humano, particularmente mediante la creación de oportunidades de empleo y el ofrecimiento de formación a los empleados.

5. Abstenerse de buscar o de aceptar exenciones no contempladas en el marco legal o reglamentario relacionadas con el medioambiente, salud, seguridad e higiene, trabajo, tributación, incentivos financieros u otras.

6. Apoyar y defender correctos principios de gobierno empresarial y desarrollar y aplicar buenas prácticas de gobierno empresarial.
7. Desarrollar y aplicar prácticas auto-disciplinarias y sistemas de gestión eficaces que promuevan una relación de confianza recíproca entre las empresas y las sociedades en las que ejercen su actividad.

8. Promover el conocimiento por los empleados de las políticas empresariales y su conformidad con ellas, mediante una difusión adecuada de las mismas, incluso a través de programas de formación.

9. Abstenerse de tomar medidas discriminatorias o disciplinarias contra los trabajadores que elaboren informes para la dirección o para las autoridades públicas competentes acerca de prácticas contrarias a la ley, a las Directrices o a las políticas de la empresa.

10. Alentar a los socios empresariales para que apliquen principios de conducta empresarial compatibles con las Directrices.

11. Abstenerse de cualquier injerencia indebida en actividades políticas locales

Eva Soto, es ingeniera Civil Bioquímico de la PUCV. Además 1° Vicepresidente del Consejo Zonal Valparaíso – Colegio de Ingenieros de Chile A.G. y Especialista en Sustentabilidad & Medio Ambiente.