Promueven "Fast Track" minero

Chile

6 de Mayo de 2010.- Con miras a generar un mayor dinamismo en la economía nacional y, de este modo ayudar a financiar las obras de reconstrucción nacional, el diputado Carlos Vilches presentó ante el ministro de Minería, Laurence Golborne, un proyecto que busca atraer inversiones extranjeras de gran envergadura logrando, en el más breve plazo posible, la rápida aprobación administrativa de tales proyectos.

Vilches explica que este llamado “Fast Track” minero, que busca impulsar la creación de nuevos empleos y demanda de bienes y servicios a través de su aplicación a favor de proyectos de inversión sometidos al Decreto Ley Nº 600, permitirá que el Estado chileno se vea beneficiado por el adelanto en el pago de los impuestos que dichas empresas deben efectuar contra las utilidades futuras, según la estimación que de estas se formulen al momento de presentarse el proyecto.

De igual modo, el parlamentario señala que las empresas también se ven beneficiadas con esta iniciativa, por cuanto “una vez iniciadas sus operaciones, dicho impuesto pagado por adelantado podrá ser luego rebajado del impuesto que ellas deben pagar por las utilidades que obtengan”. Agrega que para llevar adelante dicha iniciativa, deben plantearse ciertas modificaciones legales que son de resorte exclusivo del Presidente de la República, por cuanto “requieren de la aplicación del artículo 65 de la Constitución Política”.

Ello, por cuanto la propuesta del diputado por el 5to distrito de Atacama versa sobre materias reguladas por ley, lo que implica la presentación de un proyecto de ley que cuente con el apoyo del Ejecutivo. De allí que éste haya sido presentado ante el ministro de Minería, quien recibió de muy buena forma esta propuesta que viene a constituirse como un apoyo al Royalty, evitando así el alza de impuestos asociada a dicho mecanismo.

Este sistema de Fast Track, al que se accede mediante la suscripción de un contrato de inversión, de acuerdo a las condiciones establecidas por la normativa vigente, entre el Estado de Chile –representado por el presidente del Comité de Inversiones Extranjeras­ y los capitalistas extranjeros que deseen hacer negocios en el país.

Dicho contrato, sostiene el parlamentario, debe establecer “el plazo dentro del cual el inversionista extranjero deberá efectuar la internación de estos capitales, el que no podrá ser mayor al plazo por el cual se establece este sistema transitorio”.

Además, debe fijar “el régimen tributario aplicable a esa inversión, los proyectos o actividades que se ejecutarán con los capitales, la programación de las obras comprometidas y la zona geográfica en que se realizarán las obras”, sostuvo Vilches.

Explica además que éste podría hacerse extensivo a otras inversiones extranjeras respecto de las cuales ya se haya firmado el contrato de inversión, ya sea que “los proyectos se estén o no ejecutando”.

En este caso, indica el parlamentario, dicho contrato “debería ser modificado, adecuándolo lo antes dicho”, al tiempo que aclara que sólo se podrán acoger a este sistema “aquellas inversiones que suponen la ejecución de nuevos proyectos o la ampliación de alguno ya existente”, descartándose que operaciones financieras puedan acogerse a él.

De igual modo, el diputado Vilches señala que su propuesta favorece además la tramitación de estos proyectos en lo referente a la evaluación de impacto ambiental al que son sometidos, los que “por lo general se ven sometidos a este tipo de procedimientos, lo que implica entrar en una tramitación cuya duración es variable dadas las posibilidades de la suspensión del mismo y las observaciones que los organismos involucrados puedan hacer al estudio”.

Ello, mediante la suspensión temporal o la reducción de los plazos para la aprobación de un proyecto en el sistema de evaluación de impacto ambiental, dependiendo de las características del mismo.

Sin embargo, aclara que esto no significa, en ningún caso, la aprobación de estos proyectos sin considerar la variable medioambiental, ya que –de aplicarse algunas de estas situaciones­ deben garantizar el cuidado del medioambiente a través de la acreditación internacional de acuerdos de producción limpia o de la aplicación de las mejores tecnologías disponibles.

Además, el Fast Track promueve un sistema de ‘ventanilla única’ a través del cual “un único organismo sea el encargado de recibir las distintas solicitudes relacionadas con los proyectos acogidos a este sistema”, el que –a su juicio­ debiera ser un ministerio o subsecretaría que sería “encargada de distribuir entre los distintos órganos de la administración del Estado las solicitudes sectoriales para que ellas se pronuncien”.

Añade que, a fin de asegurar su efectividad, esta medida debiera ir unida al “establecimiento del ‘silencio positivo’, que busca evitar dilaciones mediante la sola certificación del organismo que opera como ‘ventanilla única’ ante la falta de pronunciamiento para que se entienda otorgado el respectivo permiso sectorial”.

A ello se suman los distintos beneficios tributarios para aquellas empresas que paguen anticipadamente el Impuesto a la Renta de Primera Categoría o, en el caso de la actividad minera, el Impuesto Específico (Royalty) por operaciones aún no realizadas, las que para Vilches son “más rentables para el contribuyente” si luego se aplica contra el impuesto de primera categoría en vez del royalty (Chañarcillo).

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