Chile
La reciente visita de Michael Porter volvió a levantar la discusión sobre la relevancia de los denominados.
22 de Junio de 2011.- La reciente visita de Michael Porter volvió a levantar la discusión sobre la relevancia de los denominados conglomerados productivos o clusters en nuestro país. Hay cuantiosa evidencia sobre lo beneficioso que resulta para los participantes de estos conglomerados la cercanía física entre ellos. La existencia de un conjunto de bienes, servicios y conocimiento específico a los temas que desarrollan es parte de la explicación de su éxito. Y lo cercano tiene que ver con reducir muchos costos de transacción presentes, dar cuenta del componente tácito del conocimiento necesario para desarrollar innovaciones, además de los ya clásicos beneficios financieros, tecnológicos e incluso educativos.
Si bien hay acuerdo sobre la relevancia de estos conglomerados en la performance productiva, innovativa y exportadora de muchos países, no hay mucho acuerdo si los gobiernos deberían apoyar la creación y existencia de estas agrupaciones. Veamos las posiciones.
Están por un lado, aquellos que promueven una política activa de selectividad picking the winners. Esta visión voluntarista no considera en absoluto las señales de precios necesarios para darle sustentabilidad en el tiempo a estos esfuerzos colectivos. Y donde el costo alternativo de esos recursos públicos puede ser cuantioso.
Pero están los otros que, ante este escenario de selectividad y potencial captura de la autoridad, entonces sugieren que no se puede discriminar en favor de algunos a costa de otros. Neutralidad absoluta en la política pública. Nada de apoyo selectivo y que exista competencia abierta por los recursos públicos cuando se justifique aquello.
El problema surge en aquellas situaciones donde se necesitan bienes y servicios que son solo atingentes para el conglomerado pero que cada miembro de éste no está dispuesto a pagar por ellos en forma individual. Estos denominados bienes club, representan una clásica falla de mercado que justifica económicamente, que parte de su provisión sea realizada con recursos públicos. Pero la existencia de estos requiere de mecanismos de coordinación explícitos entre los participantes que canalicen estas necesidades.
La visión que ha imperado en nuestro país, y que se ha traducido en la existencia de una política de clusters, es justamente la de solucionar los inherentes problemas de coordinación presentes en estos conglomerados. Dado que los recursos son limitados se ha hecho foco en aquellos conglomerados que presentan un evidente potencial, no en una base voluntarista, sino que resultan del cruce de capacidades existentes con potencial impacto sugerido por terceros. Ello no implica falta de competencia por los recursos públicos sino requiere que existan los concursos y programas a los que estos conglomerados favorecidos junto con otros agentes puedan disputar.
Lo que no puede ocurrir eso sí, es que la autoridad sea capturada por los intereses privados de algunos miembros de estos conglomerados. El diseño de una institucionalidad que evite esta captura en base al desarrollo de indicadores y metas verificables es un paso necesario que aún nos falta por dar (DF).
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