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Franco Yanine, Facultad de Economía y Negocios Universidad Finis Terrae

medio-ambiente

Antiguamente bastaba con tener un negocio rentable y legal, sin preocuparse por las externalidades negativas que las operaciones de la empresa pudiesen generar en el entorno o la comunidad. Así, empresas como Pizarreño y otras del sector minería, celulosa o de manufactura, empleaban químicos, solventes, caucho, ácidos y metales, contaminando el ambiente sin remordimiento alguno.

Hoy, sin embargo, la cosa ha cambiado; existe una conciencia colectiva apoyada por la difusión de los medios, y la enseñanza temprana de cuán importante es cuidar del medio ambiente y de la sustentabilidad de los recursos naturales. De un tiempo a esta parte las empresas están buscando desarrollar sus ventajas competitivas teniendo como ejes estos dos principios, y en Chile existe un buen número de compañías, universidades y organizaciones con programas y políticas en esta materia. 

Hoy por hoy, un nuevo orden en la creación de ventajas competitivas empresariales busca dejar una marcada huella en la sociedad del conocimiento y de la información en la que vivimos: la responsabilidad social y sustentabilidad como ejes del progreso social y económico y de un mayor bienestar para la sociedad en su conjunto. Se trata de conceptos que son una tendencia global irrefrenable e irreversible, sobre todo en virtud de la amenaza del cambio climático y de cómo está afectando el medio ambiente y la disponibilidad de recursos naturales tales como el agua, el aire y la tierra.

Sabemos que las empresas responsables buscan minimizar los impactos negativos y potenciar los positivos dentro de sus operaciones y relaciones con terceros, incluyendo la autoridad.

Sin embargo, y mirando más de cerca en Chile, falta lo principal: una política de estado de sustentabilidad y de responsabilidad social con el medio ambiente, que incorpore  una legislación moderna que incluya específicamente un conjunto uniforme de normas, regulaciones e incentivos para avanzar en esta dirección, como un eje de desarrollo del país hacia el año 2030, por ejemplo.

Para ello es necesario que tengamos reglamentos y directrices en forma de políticas públicas que incentiven los aspectos ambientales y no ambientales y los de responsabilidad social y cuidado del entorno como prácticas institucionales en empresas, hogares e instituciones públicas.

Debemos entender que es una forma de avanzar en la integración y responsabilidad social; responsabilidad que tenemos como sociedad en vías de desarrollo, hacia un desarrollo sostenible real y concreto, que herede una mejor sociedad a las generaciones futuras. Nos lo debemos a nosotros mismos, a nuestro prójimo y a la tierra que nos vio nacer y que un día nos verá partir.

Franco Yanine, Facultad de Economía y Negocios Universidad Finis Terrae

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