Blog-Posts from febrero, 2013

José Tomás Videla, Instituto Construcción.

Entendiendo que los métodos de evaluación y certificación de edificios deben guiarse por criterios internacionales, pero adaptados a la realidad nacional, y que deben ser administrados localmente, para ir reflejando los cambios en la normativa y la dinámica del mercado local, es que el Instituto de la Construcción planteó la necesidad de crear una certificación nacional de sustentabilidad para edificios.

Ya en el año 2007 se comenzó a trabajar concretamente en esta línea, no obstante desde hace más de 10 años se venía conversando al respecto, época en la que todavía no existían iniciativas maduras similares en el país.

Después del terremoto del 27 de febrero de 2010, el Instituto de la Construcción se enfocó en iniciativas relacionadas principalmente a la normativa estructural, retomándose la idea de esta certificación a mediados de 2011. Finalmente, en 2012 se logró el co-financiamiento de Innova Chile de Corfo, a través de la línea de Bienes Públicos para la Competitividad, para desarrollar el proyecto “Diseño e Implementación de Sistema Nacional de Certificación de Calidad Ambiental y Eficiencia Energética para Edificios de Uso Público”. La certificación estará disponible a partir de diciembre de 2013 en fase piloto.

Corfo decidió co-financiar esta iniciativa, porque entiende que la certificación es una herramienta para aumentar la competitividad del sector de la construcción, mejorar su calidad y generar mayor capacidad técnica en los profesionales del área en todo Chile y en las instituciones que participan.

Junto con ello, se cuenta con el respaldo de la Dirección Nacional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas (MOP), la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y el Colegio de Arquitectos de Chile, entidades que actúan como “Mandantes” para impulsar esta iniciativa -que hemos denominado “Certificación IC-Edificio Sustentable”- en representación de los sectores público, privado y profesional del área de la construcción.

También participan como “Instituciones Interesadas” el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Social, el Colegio de Ingenieros, Fundación DuocUC, Chile Green Building Council y la Agencia Chilena de Eficiencia Energética. El apoyo de estas 10 instituciones públicas y privadas es el principal activo del proyecto.

De esta manera, y con el apoyo de profesionales del IDIEM de la Universidad de Chile durante todo el proyecto, partimos estudiando cómo son los edificios de uso público en el país, de modo de entender la construcción tipo que queremos certificar y definir los aspectos estratégicos del proyecto. Asimismo, levantamos diagnósticos del comportamiento de diversos edificios respecto a la eficiencia energética y la calidad ambiental.

Los resultados indicaron que el edificio tipo reciente en Chile es de 2.000 o 3.000 m², cuyo destino corresponde a escuelas, centros de formación técnica, centros de salud familiar, oficinas pequeñas y medianas, tanto públicas como privadas, y el retail de pequeño y mediano tamaño. En tanto, el diagnóstico arrojó que los problemas están en la calidad ambiental interior de los edificios, el diseño y construcción de sus fachadas, sistemas activos inapropiados, y una administración sin herramientas para la gestión energética y ambiental.

Hoy en Chile, los edificios que se están certificando en Chile con LEED® en general están entre los 5 y 10 mil metros cuadrados como superficie media, típicamente edificios de oficinas clase A, A+ o B+. También lo está haciendo el gran retail (en general malls), hoteles y algunas universidades. Lo que buscamos con la “Certificación IC-Edificio Sustentable” es complementar esto, dando acceso a gran parte del segmento objetivo que hemos definido a evaluar y certificarse, aprovechando su potencial de mejora, incluidos los edificios existentes.

También buscamos dar cuenta de las diferencias de contexto a lo largo de Chile. Por ejemplo, no se puede evaluar de igual manera el ahorro de agua en Antofagasta que en Valdivia, ni la ventilación natural en un mall que en una escuela rural.

En cuanto a los criterios, las certificaciones en general se basan en los mismos ámbitos. Hay una serie de aspectos sociales, ambientales y económicos que se repiten. Sobre la base de nuestro diagnóstico, sumado a la falta de información local disponible en otros casos, decidimos abordar tres ámbitos: energía, agua y calidad del ambiente interior, dejando para una futura etapa la certificación otros temas como transporte y residuos.

Queremos una certificación práctica, con muchos aspectos prescriptivos y otros prestacionales, en la cual adicionalmente la entidad certificadora fiscalice en terreno y verifique el cumplimiento de los requerimientos. Preferimos hacer algo menos complejo en el diseño, pero que se cumpla en obra. Asimismo, a los edificios certificados se les hará un seguimiento, no con el ánimo de auditarlos, sino para recopilar información de su operación y mantener alineados con los objetivos de la certificación a quienes administren los edificios. Partimos de una realidad nacional con criterios más bien modestos inicialmente, pero lo importante es mejorar en forma gradual en aquellas áreas en que como país tenemos potencial para hacerlo.

Respecto de los costos, nos enfocaremos en que sean los menores posibles. Apuntamos, en muchos casos, a requerimientos con un foco en buenas prácticas de diseño arquitectónico, y buscamos simplificar la metodología de cálculo, la entrega de información y la demostración del cumplimiento. Con esto evitamos en lo posible la necesidad de emplear software y la realización de ensayos en obra. Tampoco vamos a exigir que alguien tenga que asesorar al titular del proyecto, de modo que el cliente –inmobiliaria o mandante- con el apoyo de un arquitecto o ingeniero capacitados, podría implementarlo perfectamente.

El Proyecto INNOVA termina formalmente en agosto de 2014, pero el método, sus variables y exigencias estarán definidos este año.

Por José Tomás Videla Labayru, Jefe de Proyecto “Certificación IC – Edificio Sustentable” Innova 12BPC2-13432, Instituto de la Construcción

Peter Horn, CEO Heliplast

En Chile operará -en un futuro próximo- la ley Net Metering 20.571, que permite la conexión a la red eléctrica de sistemas que generan electricidad con energías renovables no convencionales (ERNC), reduciendo paulatinamente la cuenta de luz, además de la gran conveniencia ecológica. Sin embargo, creemos que el reglamento desincentiva principalmente a los usuarios residenciales y pequeños comerciantes a invertir en ERNC, quienes desean generar su propia electricidad o participar en la cogeneración distribuida, lo que va en dirección opuesta al espíritu de la Ley que tanto costó obtener.

En Alemania, por ejemplo, en un día soleado se genera  el 35% de la energía requerida en ese instante, por fuentes eólicas y solares, y en Chile, la suma de todas las ERNC alcanza sólo un 4%. El reglamento debería incentivar y no complicar su aplicación; por ejemplo en el artículo 20º se exige que toda la instalación del sistema debe ser realizada por expertos certificados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), cuando pensamos que ellos sólo deberían certificar la conexión del inversor con el medidor, que es justamente la parte del sistema en corriente alterna.

También se debería normar al inversor que produce la onda sinusoidal y no todo el equipamiento de generación, normalmente en corriente continua, ya que el medidor de la empresa distribuidora eléctrica recibe corriente alterna modificada por inversor, no la corriente del panel fotovoltaico u otra fuente de ERNC como fotovoltaica o eólica, el concepto es equivocado. Esperamos que a nivel de regulación de precios, el valor por Kilowatt/hora pagado por la distribuidora eléctrica se acerque al valor que cobran a los clientes, caso contrario, el retorno de la inversión será a muy largo plazo.

Para aclarar el tema, en el Net Metering se realiza la cuenta neta en unidades físicas de energía Kilowatts/hora, previo a la valorización de ésta, mediante un factor unitario de precio y en el Net Billing, la contabilidad se realiza por la valorización de la energía consumida de la inyectada separadamente, para luego realizar la cuenta neta en unidades monetarias. En el Net Metering, el valor unitario de la energía producida y consumida es idéntico; y en Net Billing, el valor unitario es distinto. Así, ojalá que el Net Billing de la Ley no se transforme en Net Bullying, que es como ya la denominan los actores del mercado de las ERNC.

Peter Horn, CEO y representante legal de Heliplast

Soledad Villarruel, Directora RR.HH Cluster Sur para Level 3

Según el diccionario de la Real Academia Española, “Pertenencia” es el hecho o circunstancia de  ser parte de un conjunto, como una clase, un grupo, una comunidad o  una institución.
Cuando hablamos de una empresa, la pertenencia no surge de manera espontánea. Hace 10 años tal vez se lograba con el sólo hecho de trabajar en ella,  pero el paradigma se fue modificando debido a los cambios culturales y generacionales de los empleados. Con la inserción en el mercado laboral de la generación Y, el formato de pertenencia de las compañías cambio.
Sin embargo, todas las personas necesitan pertenecer en los ámbitos donde se desarrollan y en ese punto comienza el gran desafío para las compañías.

Políticas, procedimientos y procesos, son las palabras que más suenan en el ámbito corporativo, pero muy poco se escucha la palabra sentimiento.  El primer desafío para poder lograr pertenencia de la gente a la organización es entender qué acciones generan sentimientos en las personas.

Cuando una empresa tiene en cuenta que sus empleados pueden sentir lo que la compañía haga por ellos, estamos frente a lo que podría denominarse el salario emocional que muchas veces no se ve, o que cuesta poner en la balanza a la hora de elegir desarrollarse en una organización y no en otra y juegan un rol preponderante en el importante desafío de  retener y atraer talentos, que no son otra cosa que “personas”.

Cuando una persona ingresa en una compañía, acepta los beneficios, el sueldo, los desafíos y el crecimiento. Después, la empresa necesita retener a ese colaborador. Para eso hay dos o tres puntos fundamentales:

1 La primera es el manager: es la guía, el mentor, la persona que lo recibe en la compañía. Debe procurar que el puesto de trabajo sea un lugar donde el trabajador se sienta cómodo, que genere un espacio de escucha y de interacción con él y con la compañía. Los primeros meses en la empresa son esenciales para que la persona empiece a desarrollar este sentimiento que luego hay que  mantener.

2 Para poder mantenerlo, son fundamentales las políticas de RRHH,  acciones cuyo objetivo sea generar un vínculo con el colaborador, sobre todo lograr la confianza. Las áreas de RRHH tienen el desafío de desarrollar herramientas que colaboren con los jefes para generar el sentimiento de pertenencia del empleado.

3 La comunicación: teniendo una buena comunicación interpersonal, que se da a través de reuniones presenciales, newsletters, herramientas como la evaluación de desempeño, town meettings,  políticas de puertas abiertas, etc.; se evita la generación de rumores y las personas pueden confiar más en los líderes de las compañías.

Cuando se produce una fusión los empleados experimentan muchos sentimientos, sobre todo el de incertidumbre. En ese momento la pertenencia e identificación se ven golpeados y es necesario esforzarse para poder mantener el sentido del equipo.

Al producirse un cambio en la compañía, también se modifican políticas y procesos pero es más sencillo adaptarse a ellos si los líderes que trabajan en la empresa no cambian, ya que son ellos los que a través de sus acciones pasadas generan confianza.

Los cambios muchas veces rompen o modifican vínculos, pero el desafío es trabajar para capitalizar las experiencias y seguir obteniendo mejores resultados, creciendo y desarrollándose dentro de la compañía. 

Soledad Villarruel, Directora de Recursos Humanos Cluster Sur para Level 3

Hernán Cheyre, Vicepresidente Ejecutivo Corfo

Un reordenamiento de las instituciones en los campos de la ciencia, la tecnología y la innovación es una tarea que requiere de una nueva mirada, actualizando un sistema que fue diseñado hace muchos años y que no se ha adaptado a la misma velocidad que otras instituciones.

Junto con dar inicio al año de la innovación, período en el cual el gobierno va a desarrollar una serie de iniciativas tendientes a acercar este concepto a la ciudadanía, invitando a los chilenos a que desde sus respectivos ámbitos de acción imaginen el país con que sueñan, y a que puedan desplegar toda su capacidad creadora, el Presidente Sebastián Piñera ha resuelto conformar una comisión asesora para que presente una propuesta para modernizar la institucionalidad vigente en los campos de la ciencia, la tecnología y la innovación.

Habiendo bastante consenso en cuanto al rol fundamental que están llamados a desempeñar estos factores para permitir que el país cruce el umbral del desarrollo y supere la pobreza hacia fines de esta década, y para cimentar sobre este pilar las bases de un crecimiento económico que sea sustentable en el tiempo, resulta apropiado abordar el desafío de reformar la institucionalidad que actualmente impera en estos ámbitos.

La introducción de cambios en esta materia se enmarca en una tarea más global que está realizando el gobierno, tendiente a modernizar el aparato estatal en diversas áreas, de manera de poder contar con un Estado más ágil, más eficaz para poder atender las necesidades de la ciudadanía, y con mejores instancias de control acerca del uso de los recursos públicos. Un reordenamiento de las instituciones en los campos de la ciencia, la tecnología y la innovación es una tarea que requiere de una nueva mirada, actualizando un sistema que fue diseñado hace muchos años, y que no se ha adaptado a la misma velocidad que otras instituciones en el país, las que hoy se desenvuelven en un contexto muy diferente.

En el marco del año de la innovación, que apunta a marcar un punto de inflexión en cuanto a la forma como los ciudadanos se conectan con este concepto, la conformación de una comisión asesora presidencial para que presente propuestas de reordenamiento institucional también apunta a generar un punto de inflexión en la discusión de estos temas. Esta comisión asesora ha sido concebida para buscar consensos en esta materia y luego llevar a cabo las acciones necesarias para implementarlos. Por eso se han visto representadas en esta comisión -a través de sus 15 integrantes- representantes de diversas áreas como son las ciencias, la academia, la educación, la innovación, el emprendimiento, las empresas y personas con redes en el mundo político. Este último juega un rol clave en la cristalización de los consensos, pues permitirá en el mediano plazo plasmar estos acuerdos en reformas y avances concretos.

¿Qué se espera que sea el “producto” que entregue esta comisión asesora presidencial? Poder generar una propuesta respecto de cuál es la forma más adecuada para definir, ejecutar y evaluar políticas públicas de largo plazo en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación. Esta visión más integral es lo que Chile necesita para lograr un mejor uso de los recursos destinados a estas materias, y para permitir que más jóvenes abracen la ciencia como camino de vida, la tecnología para mejorar procesos productivos, y la innovación como fuente inagotable para mejorar nuestra calidad de vida. A este desafío de imaginar un mejor Chile están todos invitados.

Hernán Cheyre, Vicepresidente Ejecutivo Corfo, (columna publicada en www.innovación.cl de Corfo).

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