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Chile

Laurence Golborne se mostró confiado en que las grandes mineras se acogerán al nuevo régimen tributario propuesto para financiar el plan de reconstrucción.

21 de Abril de 2010.- Optimista ante la reacción de las grandes mineras respecto a la propuesta de royalty voluntario se mostró el ministro del sector, Laurence Golborne, pese a los reparos a la iniciativa recibidos ayer en la reunión que sostuvo con el Consejo Minero.

"Nadie se va a negar ni restar a una propuesta y medida que es buena para Chile y, en particular, para las personas damnificadas por el terremoto", dijo a Radio Agricultura el secretario de Estado, avalando esta medida que es parte del plan de reconstrucción del gobierno.

En la cita de ayer con las grandes mineras, los empresarios le señalaron a Golborne que el sector una vez más será golpeado por un impuesto específico, a diferencia de otros rubros “que les va bien en el país”. Reclamaron, entonces, por sentirse “discriminados” por el Ejecutivo.

Sin embargo, el secretario de Estado negó una discriminación con el sector y señaló además que el cambio en el royalty no afectará las cifras macroeconómicas. “Se puede hacer cuidadosamente, sin afectar el crecimiento, y lo vamos a ver en estos cuatro años de Gobierno", dijo Golborne.

“Estamos convencidos que un alza transitoria de impuestos para enfrentar esta emergencia no va a afectar esa estructura de crecimiento a largo plazo", añadió, respondiendo a los cuestionamientos que también han expresado destacados analistas del sector como el ex ministro y ex candidato presidencial Hernán Büchi

EL ROYALTY VOLUNTARIO

El proyecto del gobierno busca recaudar 700 millones de dólares, a través del aporte de las grandes mineras en forma voluntaria por 2 años a cambio de un estatuto de invariabilidad tributaria más extendido en el tiempo.

La propuesta contempla que las mineras renuncien por un período de dos años ­2010 y 2011­ a la invariabilidad tributaria que firmaron en 2005 y paguen un impuesto variable cercano al 8%.

A partir de 2012, las empresas volverán al régimen tributario anterior, y cuando finalice el contrato con el Estado, en 2017 o 2019, según la fecha de la signatura, podrían extender la invariabilidad durante ocho años más, con tasas de entre 3,5% y 9% en función del margen de beneficios (La Nación).

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