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Perú

13 de Febrero de 2012.- El Poder Ejecutivo autorizó que los ministerios de Agricultura, del Ambiente, de Vivienda, Construcción y Saneamiento, de Energía y Minas, a financiar de estudios de preinversión y/o la ejecución de proyectos de inversión pública destinados a revertir los graves daños ocasionados por la minería ilegal a la agricultura y la salud de la población de la cuenca de los ríos Ramis y Suches en la región Puno.

Según el Decreto Legislativo que aprueba acciones de interdicción de la minería ilegal en la región de Puno y remediación ambiental en las cuencas de los ríos Ramis y Suches que publicó el Poder Ejecutivo, la autorización incluye también al Gobierno Regional de Puno.

Los ministerios involucrados y el Gobierno Regional de Puno podrán financiar estudios y proyectos de inversión pública de remediación ambiental, así como de infraestructura hidráulica para captación, regulación o almacenamiento, conducción y abastecimiento de agua para fines poblaciones, de riego y otras actividades productivas; y obras de alcantarillado.

El financiamiento se realizará con cargo a los presupuestos institucionales respectivos, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Por su parte, el Ministerio de Energía y Minas (MEM), a través del Proyecto de Apoyo a los Gobiernos Regionales (Apogore), en los casos que corresponda, continuará con el reforzamiento de las capacidades de gestión del Gobierno Regional de Puno.

Del mismo modo, el Ministerio de Agricultura (Minag), a través de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) procederá a formalizar los derechos de uso de agua y continuar con las actividades de evaluación y monitoreo de la calidad de las aguas en las cuencas de los ríos Ramis y Suches, de manera permanente y con la participación del Gobierno Regional de Puno.

El gobierno estableció que si en las acciones de interdicción que llevará a cabo el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú en las zonas afectadas por laminería ilegal en Puno, se identifican víctimas de trata de personas, trabajo infantil y trabajo forzoso, entonces intervendrá el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

El representante del Ministerio Público que constate estos casos deberá remitir la comunicación respectiva y de manera inmediata al Ministerio de la Mujer para que realice las acciones para su atención y recuperación de la población afectada (Andina).

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