Mejoran tiempos de consulta indígena

Chile

Desde septiembre el promedio de desfase disminuyó 25%. Por ejemplo, con la actualización del proyecto minero Quebrada Blanca, que ingresó en julio, se activó la consulta indígena. A los 56 días.

Lunes 23 de Febrero de 2015.- La demora que se ha registrado en la activación de la consulta indígena ha provocado que los plazos reales de ejecución de proyectos se extiendan. Según Diario Financiero (DF), desde que un proyecto ingresa al SEIA (Sistema de Evaluación Ambiental) transcurren 335 días para que se active oficialmente el mecanismo.

El texto también señala que mientras antes se inicie dicho proceso, es más fácil incorporar al proyecto evaluado los requerimientos que surjan de la consulta.
De acuerdo a  DF, “este desfase se produce por varios motivos. Para el ex subsecretario de Medio Ambiente, Ricardo Irarrázabal, más que un tema de cómo está organizada la institucionalidad, hasta el momento el problema es de gestión”.

Abogabir añade a DF que una parte del problema se explica porque hay iniciativas que ingresaron al sistema antes de que existiera el mecanismo, por lo que tuvieron que adaptarse en el camino a la nueva normativa. Pero otra parte responde a que en algunos casos se ha dado una suerte de negociación previa a que se decrete el inicio de la consulta, entre la autoridad y las comunidades, sobre las formas en que se hará el proceso y quiénes participan en él.

De todos modos, se ha visto una mejora en los plazos. Desde septiembre el promedio de desfase disminuyó 25%. Por ejemplo, con la actualización del proyecto minero Quebrada Blanca, que ingresó en julio, se activó la consulta indígena. A los 56 días.

No obstante, menciona Abogabir a El Mercurio, que en promedio las consultas tienen una duración de 283 días. Sin embargo, la consulta más larga -que continúa en desarrollo y corresponde a la central hidroeléctrica Neltume, propiedad de Endesa- lleva 632 días.

Se debe tener en cuenta que en 1994 se promulgó la Ley de Desarrollo Indígena y desde allí hasta 2014, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) ha reconocido, en promedio, 179 comunidades nuevas cada año. Así, entre esos años el número de comunidades reconocidas por el Estado pasó de 692 a 3.585 organizaciones. Además existen hoy 1.843 asociaciones indígenas.

Los proyectos deben realizar consulta indígena siempre y cuando afecten a comunidades indígenas y cuenten con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Los que se aprueban con Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) no se someten a este proceso, explicó Abogabir a El Mercurio.

El ejecutivo también explicó que “que uno de los mayores problemas es el desfase que se produce entre el ingreso de las iniciativas de inversión a la evaluación ambiental, y el inicio de las consultas indígenas. En promedio este desfase ronda los 335 días.

"Esto es negativo, porque los proyectos inician las consultas cuando ya está muy avanzada su evaluación ambiental, entonces es difícil que las observaciones puedan influir de verdad", dice. Y agrega: "Las autoridades ambientales deberían exigir que desde el primer día se consulte a las comunidades".

El promedio de duración de las consultas indígenas propiamente tal no es largo, pero sí es demoroso el inicio de ellas, dijo Abogabir. "Lo más complicado es hacer que las comunidades se sienten a la mesa a discutir (...) Muchas veces piden una serie de garantías para participar", puntualiza.

Judicialización favorable

Por otra parte, explica el DF, cuanto antes se decrete la resolución que da inicio a la consulta, esto podrá traer beneficios en los procesos de judicialización.

Abogabir señaló al medio económico que ya existe un fallo de la Corte Suprema que no acoge un reclamo de una comunidad de no haber sido consultada, lo anterior dado que pasaron cerca de nueve meses entre que el servicio inició formalmente la consulta y el reclamo levantado por la propia comunidad.

En ese sentido, el establecer una fecha de inicio permite resolver estos temas de forma temprana y, si fuera necesario, incluir a nuevos actores o resolver otras controversias sin afectar el proceso general de evaluación.