Código de Aguas, en alerta por reforma del gobierno, afectados demandan otros cambios

Chile

En un seminario expertos, regantes y agricultores expresaron su inquietud por los anuncios de La Moneda, y presentaron las modificaciones que a su juicio requiere el sistema de derechos de agua para mejorar la institucionalidad y la coordinación.

Lunes 29 de Septiembre de 2014.- La posible modificación al Código de Aguas -que data de agosto de 1981- ha comenzado de a poco a tomarse la agenda de políticos, regantes y propietarios de estos derechos.
 
Fue en su cuenta pública del 21 de mayo pasado que la Presidenta Bachelet mencionó que el cambio climático y la sequía hacen necesario dar una nueva mirada. Dada la sobreexplotación de cuencas y del mal uso de los derechos de agua, “hemos propuesto reconocer a las aguas como un bien nacional de uso público en sus diversos estados, modificando sustantivamente el Código de Aguas”, dijo.
 
El anuncio, si bien sacó aplausos en el Congreso, no resonó igual en aquellos que cuentan con derechos de aguas (DA), ya que podrían ver limitada su explotación. Hasta hoy, una vez adquirido este permiso, es a perpetuidad (a personas y empresas).
 
Aunque no se ha detallado cómo serán los cambios, se sabe que el gobierno estaría estudiando un plazo de 30 años para la tenencia de derechos de agua con derecho a prórroga, hecho que distintos inversionistas ven como limitante a la hora de proyectos de largo plazo. Asimismo, el Ejecutivo ha afirmado que si este derecho no es utilizado, podrá revocar su autorización. Hoy sólo se aplica multa a los cinco años del no uso del agua.
 
 
Los “peros”
 
Tras el anuncio  ha comenzado un debate en torno al tema y la presentación de propuestas.
 
Un reflejo de esta preocupación fue el Seminario Código de Aguas desarrollado la semana pasada en Los Ángeles (Región del Bío Bío) y organizado por la Asociación de Canalistas del Laja, donde regantes, agricultores y expertos abordaron el tema.
 
El Presidente de la Asociación de Canalistas del Laja, Patricio Guzmán, criticó la intención del  Ejecutivo: “no se puede aceptar que nuestro sistema jurídico y el derecho de propiedad esté siendo permanentemente  atacado y puesto en duda. Comienza a ser común que la certeza jurídica que nos ha hecho respetados como país, esté pasando a transformarse en confusión e incertidumbre permanente”.
 
Una opinión similar  expresó el ex Director General de Aguas, Matías Desmadryl, y llamó a despejar cuanto antes la incertidumbre en áreas como “la retroactividad de los cambios propuestos, el derecho de propiedad  o la determinación de prelación”.
 
En tanto, Jorge Hermann, Director de Hermann Consultores, dijo que una potencial reforma constitucional “debe tener presente aspectos económicos, como que los derechos de aguas son instrumento de garantía crediticia, así como un incentivo para inversiones futuras”.
 
De todos modos, reconoció que el actual mercado de derechos de agua evidencia asimetrías de información, y concentración de derechos de agua (no consuntivos).
 
 
Propuestas
 
Pero el seminario también dio paso a propuestas de parte de los asistentes. Según el Presidente de la Junta de Vigilancia Río Maule, Cristian Soto, algunas mejoras al Código de Aguas pasarían por mayor información desde la DGA.
 
Propuso que esta entidad  investigue. “No contamos con estaciones apropiadas para investigar y medir los recursos que nos permitan su planificación. No existen redes de monitoreo de nieve acumulada”, indicó.
 
Asimismo, planteó la creación de un Instituto Técnico Estatal con personalidad jurídica y patrimonio propio que investigue los suelos, recursos hídricos e incluso los fenómenos de la naturaleza.
 
Soto sumó otro punto no menor: “un reordenamiento de organismos estatales”, ya que existen 29 organismos de gobierno relacionados con la gestión de los recursos hídricos repartidos en 10 ministerios, más  10 organismos autónomos del Estado. “en total, hay 102 funciones en 43 actores. Una realidad acreditada por el Banco Mundial y de público conocimiento”.
 
A esto, agregó la necesidad de  una coordinación público-privada para incorporar a los actores relevantes, como son las organizaciones de usuarios de agua y representantes de las instituciones públicas involucradas.
 
Hermann, en tanto, apuesta por  utilizar  un registro público y electrónico de inscripción de derechos de agua (DA) en la DGA. Es decir, “no utilizar a los Conservadores de Bienes Raíces ni notarios y trasladar hacia la plataforma de Empresa en un día para constituir sociedades en el Ministerio de Economía”.
 
Asimismo, sugirió incentivar el uso de la Bolsa de Productos para transar DA, ya que “la ley lo permite, porque los DA son insumos para la producción agrícola. La Bolsa es fiscalizada por la SVS y próximamente, se transarán concesiones acuícolas”.
 
Hermann admitió que existen detalles que pueden ser mejorados en el mercado de los derechos de aguas para una asignación  más eficiente como aplicar subastas, registro de inscripción electrónico, o mejorar el diseño de patentes.
 
Así también, llamó a despejar las incertidumbres jurídicas sobre los DA y apuesta por un trabajo consenso público-privado, ya que es “el mejor camino” para efectuar un mejoramiento.
 
Matías Desmadryl, en tanto, apuntó a una mirada más integral. Indicó que la titularidad estatal del dominio público hidráulico “el reconocer la calidad de bien nacional de uso público a nivel constitucional, no cambia la sujeción de este bien a determinados poderes del Estado, o restricciones distintas de las que se aplican hoy”.
 
Por lo tanto, añadió la ex autoridad, “lo que corresponde analizar son las competencias, atribuciones y potestades exclusivas que tiene el Estado sobre este recurso estratégico”.

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