Autoridades de Santander realizaron cumbre por la minería

Al encuentro asistieron el director de la corporación, Ludwing Arley Anaya, los alcaldes y delegados de los municipios de Soto Norte y del Área Metropolitana de Bucaramanga, los representantes de la Policía, Fiscalía, Contraloría y la Procuraduría General de la Nación.

El decreto ordena la "destrucción de maquinaria pesada y sus partes, utilizada en actividades de exploración o explotación de minerales sin las autorizaciones y exigencias previstas en la ley".

De acuerdo con lo señalado por Anaya Méndez: "se instaló la primera mesa de trabajo de todas las entidades comprometidas con el tema de la minería ilegal, buscando coordinar las acciones de las instituciones para compartir información e instrumentos, que permitan dar cumplimiento a lo establecido por el Gobierno Nacional".

El director le informó a los asistentes a la cumbre minera, que la entidad, además de cumplir con la disposición oficial, comenzará "a realizar un proceso de socialización con los mineros, sobre las normas y planes de manejo ambiental que expide la corporación, y que son de obligatorio cumplimiento, para buscar que muchos de ellos se ajusten a las normas".

Quedó claro en el encuentro que quienes quieran legalizar su actividad, lo deberán hacer ante la Agencia Nacional Minera, o, ante las alcaldías locales, de acuerdo con el tipo de extracción que desarrollen. Cada clase de minería tiene requisitos diferentes para cumplir. En la jurisdicción de la CDMB se desarrolla minería de arrastre, artesanal, de hecho y tradicional, entre otras, que tienen como finalidad la obtención de materiales como arena, cal, carbón, arcilla, plata y oro.

Entre las conclusiones que arrojó la reunión, se destacan:

1- La necesidad de censos en los municipios, de las personas registradas legalmente para ejercer la minería.

2- Tener el registro de los amparos administrativos que hay en los municipios sobre esta actividad.

3- Hacer una caracterización de la minería de arrastre que existe en la jurisdicción.

4- Adelantar un plan de socialización de normas y una agenda académica con los mineros de la región, para actualizar el conocimiento de la legislación administrativa y ambiental.

5- Articular los procedimientos que se vayan a cumplir, después del decreto, con la participación de todas las autoridades.

6- Establecer cómo se asumirán los procesos administrativos y penales que se derivarán de los operativos ordenados por el decreto.

La mesa de trabajo se volverá a reunir en aproximadamente 15 días.