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Perú

Amenaza. El 2011 el Altiplano fue escenario de violentas protestas contra la minería. Defensoría revela que bombas de tiempo aún no se desactivaron. Urge trabajar en prevención.

04 de Junio de 2012.- En el reporte de la Defensoría del Pueblo, Puno figura como una de las regiones más problemáticas del país. Tiene 21 conflictos sociales que podrían  estallar en cualquier momento. De esa cifra, la mitad involucra rechazo a proyectos mineros que tienen permiso del Estado y  también a operadores que extraen el oro sin permiso y contaminando el medio ambiente.

De los formales están en cuestión cinco proyectos ubicados en las provincias de Lampa, Melgar, Carabaya, Puno, San Antonio Putina, etc. Los cuestionamientos provienen de la agricultura. Los campesinos acusan a la actividad extractiva de contaminar el medio ambiente e incumplir los acuerdos pactados en relación a su responsabilidad social. Es decir la contribución  que se comprometieron a hacer a las comunidades donde trabajan.

MÁS APORTE

La Defensoría del Pueblo los calificó como “activos”, eso supone que no se dio solución a las demandas.  Ello mantiene abierta la posibilidad  que se  desaten protestas.

5 proyectos mineros

No todas las empresas tienen el mismo grado de amenaza.  La  más expuesta es la mina Ciemsa “El Cofre”. Este proyecto que explota plata y zinc está ubicado en el distrito de Paratía, provincia de Lampa. Las comunidades aledañas exigen  la renegociación del convenio;  con el acuerdo vigente  la mina implementó un centro de salud. En Paratía sostienen que el aporte es irrisorio. Piden 30% de las utilidades que percibe la minera al  año, al mismo estilo de Espinar. Como la propuesta fue rechazada a fines de abril, un grupo de pobladores incendió el campamento. La mesa de negociaciones no prosperó porque los campesinos abandonaron la reunión y condicionaron su presencia al retiro de las denuncias formuladas contra los dirigentes implicados en los desmanes en el campamento.

En segundo lugar figura Minsur, que extrae estaño. Sus operaciones están focalizadas entre los distritos de Ajoyani (Carabaya) y Antauta (Melgar). Ahí los acusan de contaminar ríos y pastizales e incumplir compromisos pactados.

En el distrito de Ácora,  varios poblados fronterizos denuncian que Aruntani contamina sus ríos y la laguna de Pasto Grande. Similar es la posición de los poblados del distrito de Quilcapunco, en la provincia de San Antonio de Putina. Allí los tenientes gobernadores piden sanciones a la mina Sillustani por verter relaves a los ríos adyacentes. La contaminación fue constatada por las autoridades locales. En los distritos de Vila Vila y Ocuriri, en la provincia de Lampa, la mina Arasi también afronta serios cuestionamientos de contaminación. Las autoridades locales de la zona aseguran que tampoco cumplen con su responsabilidad social. Se planea nuevas protestas. Los cinco proyectos mineros ya afrontaron protestas en más de una ocasión. El sociólogo Carlos Alberto Flores, sostiene que si no se da solución a cada conflicto “Puno podría convertirse en otro un dolor de cabeza del Gobierno. El año pasado esta región soportó protestas violentas que tuvieron como elemento central a la minería formal e informal. 

Mano dura a informales

El clima de tensión no solo es por la minería formal. También hay rechazo a la  actividad minera informal. Los comités de regantes de las provincias de Azángaro, Carabaya, Melgar, Sandia, cansados de la contaminación con mercurio, alistan nuevas jornadas de protesta para que se detenga la extracción de oro en Ananea, principal foco de contaminación de la cuenca del río Ramis. Los productores agropecuarios de Cojata, en la provincia de Huancané, también piden se paralice la extracción de oro en la cuenca del río Suches. Esos relaves terminan en el Lago Titicaca.

Carlos Alberto Flores cuestiona al gobierno y pide mano dura con la minería informal. “Los mineros informales no pagan tributos y contaminan el medio ambiente. Sin embargo, el Estado no se ha puesto igual de firme contra ellos como sí lo hizo con Espinar. El gobierno no está actuando racionalmente”, dijo. 

 

ENFOQUE: Aldo Santos, Analista político , La nueva relación con la minería

El gobierno de Humala representa varias expectativas. Una de ellas es la nueva relación entre empresas mineras y  comunidades cercanas a la explotación del yacimiento. No obstante, el gobierno apuesta por una continuidad peligrosa. Desoye el clamor de pobladores como Espinar u Ocuviri, que exigen un cambio en esa relación que demanda varias reformas y aún no son visibles. Imagino que ello supone mayores herramientas de control y fiscalización ambiental, una evaluación de la utilidad de los estudios de impacto ambiental, si estos estudios son eficaces en la mitigación de los daños ambientales o deben replantearse. De igual forma, la aplicación de procedimientos como la consulta previa, mayores competencias a los gobiernos locales y regionales en la aprobación de los EIA. Que las comunidades impactadas por la minería, vuelvan a confiar en el Estado como garante de sus derechos. Borrar esa imagen donde el Estado aparece como defensor de la gran minería. 

La República
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